Maricela sobrevivió a la violencia cotidiana de quien era su esposo e intentó asesinarla; hoy sobrevive a nuevas amenazas de muerte de quienes la ven como una mujer insurrecta

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Fotos: Chiapas Paralelo

CHIAPAS.- Maricela López Bautista tenía en su contra las peores condiciones: ser mujer, indígena, monolingüe hablante tsotsil, analfabeta; y el vivír en una comunidad rural de difícil acceso, donde el maltrato y golpes a las mujeres son socialmente aceptables. Además, en su región hay un alto consumo de droga entre la población, una práctica cotidiana que compartía su esposo.

¿Cuál es la diferencia entre ella y otras mujeres que han muerto en manos de sus esposos o compañeros? ¿Qué la hace diferente al resto de las mujeres de su comunidad, un pueblo indígena del municipio Rincón Chamula en Chiapas? ¿Qué la llevó a defenderse cuando su esposo tomó el machete e intentó matarla, junto a sus hijos? Eso es algo difícil de identificar, pero sin duda, “su caso es un ejemplo de que las mujeres tienen derecho a defender su vida si están en una situación límite”, explica Marcela Fernández Camacho, integrante de la Colectiva Cereza, que acompaña a mujeres en situación de cárcel.

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Un niño revolotea alrededor de Maricela, le toma la mano, la abraza, se recarga en ella, se aleja unos cuantos pasos y luego vuelve. Tenía solo seis meses de gestación -ahora tiene 3 años- el día que Juan, su padre, intentó matar a su mamá, a sus hermanos y a él en el vientre.

“El 20 de (de 2019) llegó bolo (borracho) y bien drogado. Quería comer, pero no había comida. Qué te voy a dar si tu ya no compras comida, le dije. Para qué quiero mujer así, te voy a matar, me contestó él, y cerró la puerta. Yo estaba con mis hijos, él empezó a afilar su machete. Primero vas a morir tu y luego voy a matar a los niños, me decía.

“Él me echó el machete y yo me defendí con un leño. Yo no quiero morir, mis hijos iban a sufrir, y yo estaba embarazada de seis meses. Por eso me defendí. Yo no pensé matarlo, pero me defendí”.

Después de golpearlo en la cabeza, corrió a casa de su madre ubicada a unos 100 metros de distancia, como solía hacerlo para escapar de él, cada que le pegaba a ella y a sus hijos. Esperaba que Juan llegara hasta ahí a patear la puerta y amenazar a toda su familia, situación que ya se había vuelto costumbre.

Pero en vez de Juan llegaron habitantes de la comunidad y un grupo de policías municipales. A Maricela la sacaron de su casa entre empujones y golpes. Ahí fue cuando se enteró que él había muerto por el golpe del leño que ella le asestó al defenderse y evitar que la asesinara.

En ese entonces ella tenía 26 años, hablaba sólo tsotsil, era analfabeta. Fue llevada al penal de San Cristóbal de Las Casas, luego ante una jueza. No tiene claro lo que sucedió en la primera parte del proceso penal en su contra, porque únicamente tuvo acceso a un traductor y defensor de oficio, que llevaron su caso como un mero trámite, y no presentaron pruebas a su favor.

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Sentenciada a 25 años de cárcel

Cuando integrantes de la Colectiva Cereza supieron de ella, ya el proceso judicial en su contra había avanzado. Aún así, las abogadas vieron las atenuantes que había a su favor, porque lo suyo, explica la abogada Marcela Fernández, era resultado de la violencia feminicida a que Maricela fue sometida durante los tres años que cohabitó con Juan. La jueza Doraluz López Méndez no lo pensó así y la sentenció a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado”.

La Colectiva Cereza insistió en que no se le juzgó con perspectiva de género, pese a que ya hay normas jurídicas obligatorias y protocolos para juzgar con este enfoque.

—¿Qué debió considerar la juez de acuerdo a este enfoque?

—A Maricela no se le debió juzgar como un hecho aislado, sin ver todo el contexto que la lleva a actuar como lo hizo. Esto significa considerar los tres años que ella, su familia y sus hijos fueron violentados de una manera patrimonial, económica, física y psicológica. Esto quiere decir que recibieron golpes cotidianamente, insultos, descalificaciones, ataques con herramientas de trabajo como cuchillos y machetes, privación de alimentos. Ella tenía que trabajar en el campo, lo que significa una doble o triple jornada de trabajo, situación que la cansa, la desgasta todos los días, todos los días… hasta que ese día ella siente un peligro más grande porque está encerrada, porque él la encierra junto a sus hijos, y empieza a afilar el arma con el que asegura la va a matar a ella y los niños, entre ellos el bebe gestante.

La abogada Marcela Fernández detalla que había advertencias de que, si abandonaba a Juan, él la iba a matar. “Las palabras de él eran: si te vas, te mato; si te vas, te mato. Hay evidencia de que los feminicidios son antecedidos por amenazas de que, si se van las mujeres, ellos las asesinan”. Considerar este contexto de violencia feminicida, es tener una perspectiva de género en el juzgamiento, lo que en su caso no sucedió.

“Antes de la última agresión de su esposo, Maricela no tenía esperanza de acudir a la autoridad y que se remediara esa violencia de la que era víctima. En la comunidad donde vivía la violencia contra las mujeres estaba normalizada, por tanto, lo que le sucedía era algo irrelevante que a las autoridades no les interesaba remediar”.

Se suma -añade la abogada- sin saber leer ni escribir, monolingüe del tsotsil, a Maricela le era muy remoto poder ir a una agencia del Ministerio Público, donde casi nunca tienen intérpretes, donde hay una historia de racismo contra las personas indígenas, y donde lo que les proponen a las mujeres que denuncian violencia, es que se reconcilie con los hombres; lo que en los hechos es violencia institucional que provoca que las mujeres no acudan a los sistemas de justicia para poder acceder a una vida libre de violencia.

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Su liberación, una excepción

El 18 de agosto pasado, como parte de la apelación a la sentencia contra Maricela, la Sala Mixta de San Cristóbal de Las Casas, del Poder Judicial del Estado, emitió una nueva resolución.

En su comunicado de prensa, señala: en estricto apego a Derecho y en concordancia con lo establecido por el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), ordenó la inmediata liberación de Marisela “N” (…) la Sala de San Cristóbal, priorizó la defensa de su integridad, la protección de sus menores hijos y el estado de gravidez al momento de los hechos.

Esta decisión estuvo precedida por los señalamientos públicos por parte de la Colectiva Cereza, contra la primera sentencia y las fallas en el proceso; por denuncias sobre la falta de impartición de justicia con perspectiva de género; y por las manifestaciones que grupos de mujeres hicieron afuera del tribunal. El resultado fue la liberación de Maricela.

La liberación de Maricela es, sin embargo, una excepción. En la pequeña prisión donde ella se encontraba, hay al menos otras dos mujeres sentenciadas por homicidios contra sus ex parejas, mismos que se cometieron en actos de defensa. El grupo de abogadas de la Colectiva Cereza tiene conocimiento de una decena más de mujeres en estas condiciones, que han ubicado en su trabajo de acompañamiento a quienes están en situación de cárcel.

“El caso de Maricela, como muchos otros, lo que refleja es que la implementación de políticas públicas y normatividad con perspectiva de género, han sido un fracaso; y lo que hay en el sistema de justicia mexicano son espacios de simulación, que mantiene en prisión a un número indeterminado de mujeres encarceladas, que han sido acusadas de homicidio”.

Si bien su liberación es una excepción, también es un modelo para otras mujeres; y por ello se constituye como un ejemplo que incomoda para quienes la violación a los derechos de las mujeres y la violencia a la que las someten, es una práctica cotidiana.

Las cifras lo demuestran, solo en el primer semestre de 2022, en Chiapas se registraron 43 muertes violentas de mujeres, 10 con signos claros de feminicidios, señala el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. El mes de marzo fue el más letal, porque se registraron 6 homicidios, 3 suicidios, 8 casos por muerte accidental, 3 feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa.

A esta cifra se suma la violencia sexual que, de acuerdo al observatorio, el mayor número de casos fueron en la región Altos Tsotsil-Tseltal, de donde es originaria Maricela.

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Nuevas amenazas de muerte

Salir de prisión no trajo consigo la paz para Maricela. Apenas se supo de su liberación, vinieron nuevas amenazas de muerte en su contra, está vez de habitantes de su región.

“Hay mujeres que viven así, con maridos como yo lo viví. Yo me pregunto cómo viven ellas; pues como lo viví yo, con ese hombre que cuando estaba borracho y drogado, yo no dormía porque nos daba miedo, porque era muy malo”, explica como para sí misma.

Cuando fue liberada, Maricela y su hijo nacido en prisión, tuvieron que refugiarse, que esconderse porque ya le habían hecho llegar la advertencia de que a su comunidad y región no podía regresar.

¿Por qué? La abogada Marcela Fernández analiza que el ejemplo de Maricela incomoda, entre otros, a un sector de la comunidad de donde viene. “Hay personas de ese lugar que consideran que ella no debería estar fuera de prisión. Las mujeres a partir de este caso, empiezan a tomar conciencia de que no tienen porque ser apaleadas. Puede ser que haya una percepción de un sector de la población de esa comunidad que perciba esto como un proceso de concientización, un ejemplo de que las mujeres no deben dejarse golpear y ser asesinadas; eso incomoda a personas que quieren que esta situación continúe como ha sido históricamente”.

Su liberación también incomoda a la familia de quien fue su esposo. Mauro Espinosa Estrada, hermano de Juan, sustrajo ilegalmente uno de los dos hijos de Maricela, apenas ella fue encarcelada. Juan Carlos, el niño sustraído, tiene ahora 5 años y, al decir de sus propios familiares, sufre maltrato por parte de su tío.

La familia de Maricela protegió a Alfredo, el niño mayor, y demandó legalmente a Mauro, sin que ninguna autoridad interviniera. “Yo quiero que me regresen a mi hijo, lo tienen en Rincón Chamula, a mi no me preguntaron si quería que lo llevaran”, explica ella.

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“Estoy viva, estoy libre. Me siento fuerte”

“Doy gracias a Dios porque estoy viva, estoy libre. Me siento fuerte”, dice Maricela y lo denota en su actitud. En ningún momento su voz se le quiebra, al contrario, suena con mayor firmeza cuando habla de que va a recuperar a su hijo retenido por la familia de Juan.

En prisión empezó a hablar español, proceso en el que aún se encuentra. “Yo no estudié porque mi mamá y mi papá no me metieron en escuela”, confiesa, pero eso no parece detenerla; se imagina trabajando en el campo, o haciendo artesanías que aprendió a fabricar en prisión.

Maricela es una mamá joven, apenas 28 años; tiene la fortaleza física de quien ha trabajado jornadas enteras en el campo; además objetivos claros. Refiere que su prioridad en estos momentos, son sus hijos, “voy a trabajar por mis hijos. Yo quiero que ellos no agarren las cosas malas que hay, porque como hombres, toman y se drogan. Yo quiero enseñarles que vean bien el camino, voy a trabajar con mis tres niños”.

Maricela tiene en este momento acompañamiento por parte de la Colectiva Cereza, quien le proporciona techo y un punto de apoyo para que empiecen a adaptarse ella y sus hijos; para que sean autónomos, autosuficientes, y que vivan una vida libre de violencia.

*Este trabajo fue realizado por CHIAPAS PARALELO, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.