Si bien es cierto que hemos avanzado en la investigación de los hechos que sacudieron la conciencia de los mexicanos, la comisión especial debe informar porqué el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no ha sido detenido

@kausirenio

El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo en una entrevista en cadena nacional con la conductora Adela Micha que los normalistas de Ayotzinapa, tienen rencor social porque son adoctrinados por la guerrilla. En esa conversación frente a las cámaras, el 8 de mayo de 2013, Aguirre Rivero acusó a los estudiantes de ser secuestradores: “Llegará el momento en que vamos a aplicar la ley para restablecer el orden en Guerrero”, anunció.

El discurso de odio que soltó el gobernador de Guerrero fue el primer disparo que vino en contra de organizaciones sociales y normalistas de Ayotzinapa. Tres semanas después el luchador social de Iguala, Arturo Hernández Cardona, fue secuestrado y asesinado en esa demarcación.

El asesinato de dirigentes de organizaciones sociales y la aprehensión de promotores de la policía comunitaria fue constante. Como el caso de Nestora Salgado en Tlapa; Gonzalo Molina en Tixtla y Arturo Campos en Chilpancingo.

Para impedir que los normalistas de Ayotzinapa se hicieran de camiones, la Secretaría de Seguridad Pública montó una guardia de 24 horas en la central camionera de Chilpancingo. Así fue como orillaron a los muchachos de Ayotzinapa a buscar alternativas en Iguala.

La primera acción fue el 12 noviembre de 2013. Ahí los normalistas fueron golpeados por la policía estatal, cuando intentaban tomar unos autobuses en la Central Camionera de Chilpancingo. Los camiones que los estudiantes pretendían llevarse eran para transportar a las delegaciones que asistirían a la marcha por el sexto aniversario de la represión de la que fueron objeto en el Congreso del Estado el 14 de noviembre y en la caseta la venta el 30 del mismo mes en 2007.

A partir de ese año, la terminal de autobuses se llenó de policía para evitar que los jóvenes sustrajeran los camiones. La central de autobuses se convirtió en un espacio de seguridad estatal. Así fue que los estudiantes de Ayotzinapa no volvieron a tomar camiones en Chilpancingo y trasladaron su actividad política a Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la central camionera fue resguardada por la policía del estado con equipo antimotines. Los jóvenes que tuvieran algún parecido con los normalistas, eran revisados minuciosamente por los uniformados para evitar que los estudiantes entraran por los camiones.

Ese día, los policías antimotines persiguieron a los normalistas pero no los alcanzaron. En su paso arrojaron gas lacrimógeno a los comerciantes de los mercados: Benito Juárez y Baltazar R. Leyva Mancilla. En la refriega, los policías estatales cortaron cartucho hacia los estudiantes y después les arrojaron gas pimienta.

Cuando los normalistas vieron que era imposible hacerse de autobuses en Chilpancingo decidieron ir a Iguala, la ubicación geográfica les permitía a los estudiantes tomar a los autobuses sin ser detenidos por la policía estatal ni federal. Así fue el principio de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, hecho que dejó una de las heridas más profunda que jamás se va cicatrizar. 

A 95 meses de la desaparición de los estudiantes, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, puesta en marcha hace tres años y medio por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la desaparición forzada de los normalistas “fue crimen de Estado”.

Si bien es cierto que hemos avanzado en la investigación de los hechos que sacudió la conciencia de los mexicanos: la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero; aun falta que llegue la justicia para las víctimas de esa noche trágica, a pesar de que este viernes fue detenido el autor intelectual de “Vedad histórica” Jesús Murillo Karam.

La comisión le debe una explicación a los mexicanos, como porqué el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no ha sido detenido. Él, al igual que los funcionarios del gobierno de Guerrero son responsables por acción u omisión.

Investigar a Aguirre Rivero toma relevancia porque en su mandato hubo asesinatos políticos y desapariciones forzadas. Su colaboración con el gobierno federal para ejecutar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa huele a impunidad.