Un juez federal ordenó que el gobierno de la Ciudad de México generar acciones para mitigar el impacto que han sufrido las personas que fueron desalojadas de sus viviendas durante la pandemia. El gobierno no adoptó medidas para evitar que la población vulnerable tuviera riesgos en la garantía del derecho a la vivienda

Texto: Redacción Pie de Página

Fotos: Armando Monroy / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México deberá revisar la situación que atraviesan los habitantes que pagan renta por su vivienda en el contexto de la pandemia y generar acciones para prevenir y mitigar el impacto que han sufrido, de acuerdo con la orden que estableció un juez federal.

La decisión del juez se desprende de un proceso judicial iniciado por la señora María Luisa, quien en marzo del 2020, apenas comenzó el confinamiento por pandemia, perdió su trabajo. De ella dependían su hijo menor de edad y su madre, de más de 80 años, con problemas de salud. Pasaron los meses y se acabó sus ahorros, no pudo pagar la renta. Su casero le exigió dejar la casa donde vivía desde hacía 45 años. 

“La familia hubiera necesitado beneficiarse de algún apoyo gubernamental o medida enfocada a evitar su desalojo como sucedió en más de 12 países y numerosas ciudades en el mundo, pero se encontró con que en México ningún nivel de gobierno estaba buscando evitar que las personas vulnerables pasaran a una situación de calle”.

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) en un comunicado.

María Luisa, con el acompañamiento y asesoría de HIC-AL y la abogada Carla Luisa Escoffié Duarte, interpuso un amparo en contra de varias autoridades de la Ciudad de México por no haber generado acciones o políticas públicas para evitar el desalojo. En el proceso el juez constató que, en efecto,  el gobierno de la Ciudad de México no adoptó medidas para evitar que la población vulnerable tuviera riesgos en la garantía del derecho a la vivienda, como otorgar subsidios para las rentas o generar moratorias para evitar los desalojos. 

Estas acciones sí se desarrollaron en otros países y ciudades del mundo. 

El 10 de agosto del 2022  el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo a la madre de la señora María Luisa a cuyo nombre se encuentra el contrato de arrendamiento, reconociendo que la omisión de las autoridades significó una violación al derecho a la vivienda adecuada. 

El juez federal ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) obtener, analizar y difundir “información sobre los efectos generados en el acceso a la vivienda de arrendamiento e incrementos en desalojos” con motivo de la pandemia del covid-19. 

“El equipo jurídico que acompaña a María Luisa y a su familia, que desde el inicio de la pandemia ha impulsado y participado en solicitudes y propuestas dirigidas a las autoridades haciendo presente el problema de las personas inquilinas y planteando la necesidad de que se emitieran medidas para evitar los desalojos durante la crisis sanitaria, económica y social desatada por el covid-19, saluda esta sentencia histórica y confía en que las autoridades no recurrirán la decisión ante un Tribunal Colegiado”, informó la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) en un comunicado.

Población vulnerable

En México el 16 por ciento de la población accede a la vivienda a través de la renta, que equivale a 5 millones de viviendas, según el INEGI. Kalycho Escoffié, directora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, explicó a Pie de Página que la renta  es el medio por el cual la clase media accede a la vivienda, la clase media joven, generaciones que tienen obstáculos para alcanzar un inmueble, sobre todo en ciudades donde el suelo es excesivamente caro.

Sólo el 41 por ciento de los contratos de arrendamientos en México cuenta con un contrato escrito, el resto pone en desprotección a los propietarios como a los inquilinos, agrega Escoffié.

En abril del 2020 la ONU recomendó a los países cancelar los desalojos hasta el final de la pandemia, pues justo el hogar con acceso a servicios como el agua potable es uno de los espacios que permite comenzar a cuidarse del coronavirus.

Estados Unidos aplicó por decreto federal una moratoria sobre desalojos de vivienda que expiró el 31 de diciembre; el gobierno de Nueva York los extenderá hasta el 1 de mayo. Otros países que las han aplicado son Alemania,  Argentina,  Australia, Austria, Chile, Colombia, España, Francia, India, Italia, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica.

En México, sin embargo, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han sido omisos en generar apoyos para la atención a los problemas de vivienda que ha dejado la pandemia, adviertieron Silvia Emanuelli y Kalycho Escoffié.

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