El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar al “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta
Teto: Ana Cristina Ramos y Daniela Pastrana
Foto: María Ruiz
Le llaman “cláusula de controversias entre inversionistas y Estado” y está incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60. Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse.
En los últimos años ha cobrado fuerza y en todo el mundo se han multiplicado las demandas de empresas contra países que deciden cumplir sus leyes y no permitir sus inversiones. Las empresas que más usan este instrumento están asentadas en Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio que en estos días se busca ratificar (T-MEC).
Por la aplicación de esta cláusula, que debe resolverse en tribunales comerciales internacionales que son parecidos a las cortes de derechos humanos, pero mucho más poderosos, porque sus sentencias son vinculantes (lo que significa que los Estados están obligados a cumplir), México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra distintas empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la norteamericana Cargill.
En otros ocho casos el Estado mexicano ha tenido resoluciones a favor, en tres más las demandantes desistieron y uno más llegó a un arreglo.
Todo esto está documentado en el informe “Casino del extractivismo”, elaborado en conjunto por Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Enviromental Law, y presentado este miércoles en Ciudad de México.
Los investigadores Manuel Pérez Rocha y Jennifer Moore explicaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), del Banco Mundial, es el tribunal privado internacional más utilizado por las empresas para demandar; y lo que los faculta para hacerlo son las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados que están en los acuerdos internacionales.
“Las empresas entran a apostar a este sistema para ver cuánto pueden ganar y van viendo qué países pueden ser más vulnerables y dónde pueden obtener más ganancias, planteando proyectos que ni siquiera llegan a desarrollar”, dijo Pérez Rocha.
En la presentación también participó Graciela Rodríguez Navarro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien aseguró que las demandas contra países latinoamericanos ante tribunales de arbitraje internacional “son una trampa para los Estados”, que pone en riesgo a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
En el mismo sentido, Pérez Rocha aseguró que las empresas apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países utilizando el arbitraje supranacional –un juicio internacional que sólo puede ser convocado por la industria extractiva–.
Por su parte, Moore, quien han investigado durante años el comportamiento de las mineras canadienses, dijo que las mineras están usando la amenaza de demanda para abrir espacios de diálogo, bajo coacción y arreglar disputas por fuera de un proceso de arbitraje.
De acuerdo con los investigadores, hay una tendencia cada vez mayor de las mineras de intentar usar este instrumento internacional para resolver controversias en México (de las 21 demandas que ha litigado el Estado mexicano ninguna había sido de mineras).
“Las empresas mineras están tratando de extorsionar a países de América Latina por cientos de millones de dólares, pero también están tratando de jalonear con proyectos y procesos que han sido rechazados”, afirmó Jennifer Moore.
Las mineras
En México cuatro empresas han amenazado con presentar demandas, aunque sólo una lo ha concretado. En tres casos las suspensiones han sido por medidas regulatorias relacionadas con conflictos socioambientales a nivel local.
El primer registro que se tiene es el de la minera Blackfire, quien en 2010 amenazó con llevar su caso a los tribunales comerciales y demandar al Estado mexicano por un monto de 800 millones de dólares, después de que las autoridades ambientales clausuraron la mina de barita La Revancha, a los pocos días del asesinato del activista Mariano Abarca. La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información reveló que la empresa fue asesorada por la embajada de Canadá en México sobre cómo iniciar la demanda.
En 2016, otra canadiense, Primero Mining, también amenazó al Estado mexicano con interponer una demanda por incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata por la mina Magestic, en Durango; de acuerdo con el informe, la mera mención de la cláusula con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una suma indefinida de dinero fueron suficientes para llevar a las autoridades mexicanas al diálogo. El proceso se suspendió en marzo del 2018.
El 3 de enero del 2019 la empresa estadounidense Legacy Vulcan demandó al Estado mexicano por un monto de 500 millones de dólares debido a que la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y el Programa de Desarrollo Urbano impidieron que la empresa explotara dos predios por la extracción de piedra caliza. Ésta es, hasta ahora, la única demanda en curso de una empresa minera contra el Estado mexicano.
A inicios de 2019, sin embargo, la minera estadounidense Odissey puso a temblar al Estado mexicano cuando entregó la notificación de intención de demandar por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur. La demanda, que aún se está evaluando, es por la cantidad de 3 mil 540 millones de dólares.
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