La vinculación a proceso del exfiscal de Veracruz, quien recibió un año con cinco meses de prisión preventiva por enfrentar cargos de desaparición forzada y secuestro, se suma a una «pasarela» de políticos en las cárceles de Veracruz. Son pasos efímeros por la prisión que no logran esconder las deudas de justicia con la población Veracruzana

Texto: Flavia Morales / @Flaviayo / La Marea

Fotos: Óscar Martínez / @fotogrillo1974 / La Marea

VERACRUZ.- En punto de las 12 del día de este domingo, el exfiscal de Veracruz Jorge Winckler llegó escoltado por varias camionetas militares a la audiencia de vinculación a proceso del Penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde se encuentra preso.

Vestía camisa naranja muy parecida a la que llevaba cuando fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, el lunes 25 de julio después de tres años prófugo de la justicia. 

El juez de control Adrián Reyes Acosta no permitió el acceso a la audiencia ni siquiera a su familia a pesar de que el acusado solicitó formalmente la entrada al público porque dijo ser objeto de una persecución penal sustentada en falsedades y hechos en los que no participó.

La audiencia donde se le acusa de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en modalidad secuestro se prolongó más de nueve horas con tres recesos decretados, su defensa jurídica encabezada por el abogado Félix Reyes Cárdenas refutó cada una de la imputaciones de la Fiscalía de Veracruz, pero no logró cambiar la medida cautelar de un año y 5 meses de de prisión preventiva decretada por el juez quien finalmente lo vinculó a proceso.

La denuncia por la cual fue detenido deriva en el caso de Francisco Zárate quien era escolta de exfiscal Luis Ángel Bravo -el antecesor de Winckler al frente de la ahora Fiscalía de Veracruz- y acusó que fue privado de la libertad por una horas con la intención de revelar el paradero de su jefe.

La causa penal 296/2019 también incluye a otros cuatro colaboradores de Winckler, entre ellos exfiscal anticorrupción, Marcos Even Torres. 

Francisco Zárate ya lo había intentado llevar a juicio político ante el Congreso Local por estas acusaciones y fueron desestimadas al no alcanzar la votación necesaria. Incluso en esa ocasión Winckler alegó que había ganado dos amparos federales en contra de estas acusaciones (que después fueron impugnados).

En entrevista realizada al finalizar la audiencia el abogado defensor dijo que hay una actuaría judicial que prueba que Francisco Zárate nunca estuvo secuestrado y, por lo tanto, no fue víctima de desaparición forzada. 

También comentó que el delito de desaparición forzada no puede existir junto a secuestro”, no pueden coexistir los dos , legalmente eso es imposible”

El abogado también cuestionó que el juez que firmó la orden de aprehensión no estaba en funciones como juez de los juzgados de Pacho viejo cuando realizó la firma. “Es un juez a doc , hay un error importante”, dijo. 

Anunció que la defensa jurídica interpondrá un amparo en contra de la vinculación a proceso del exfiscal. 

Durante la audiencia se llamó a una enfermera porque Winckler se quejó de dolor de cabeza y pidió una pastilla. La joven se sentó a fuera de la sala de juicios orales 3 para esperar cualquier indicación.

Afuera de la audiencia una camionea del Ejército y otra de policías estatales con una decena de elementos custodiaron de forma discreta las entradas del lugar.

La diputada federal panista, su amiga, María Josefina Gamboa, y una decenas de amigos y familiares esperaron por horas en una pequeña cocina frente a la sala de juicios orales alguna noticia sobre la audiencia.

Desaparición forzada el delito que no se castiga en Veracruz

Cuando Jorge Winkcler era fiscal de Veracruz presumió más de 70 detenciones por desaparición forzada incluso destacó que había logrado identificar una maquinaria de desaparición y muerte durante el gobierno de Javier Duarte encabezada por cuerpos de elite de seguridad pública y lanzó una histórica orden de aprehensión contra 31 mandos policiacos que llamó operación tiro de gracia.

Pero esos anuncios mediáticos quedaron en el olvido. Con el tiempo los exduartistas, mandos policiacos y policías salieron libres bajo amparos federales porque jueces consideraron que la desaparición forzada no era un delito grave y podrían seguir los proceso en libertad. 

Winckler enfrenta ahora paradójicamente la cárcel por el mismo delito, aunque la fiscalía le ha sumado privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 

Lejos quedaron aquellos tiempos cuando él mismo presidía las audiencias como abogado principal  y su equipo de fiscales, llevando a la cárcel a más de 15 funcionarios exduartistas y mandos policiacos. 

Winckler llegó a la fiscalía en diciembre del 2016, era abogado y amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fue elegido en el cargo por nueve años hasta el 2025,  pero no pudo concluir el periodo porque un nuevo gobierno llegó al poder, el morenista, Cuitláhuac García. 

En septiembre del 2019 fue destituido del cargo por no cumplir con los exámenes de control y confianza y fue suplido por Verónica Hernández Giadans, afín al partido Morena. Ella era directora jurídica de la Secretaría de Gobierno al lado de Eric Cisneros.

Durante su encargo, Winckler hizo varias detenciones mediáticas, una de las más celebres fue la de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, a quien acusó primero por corrupción y luego por desaparición forzada. 

Para Lucía Díaz del colectivo de desaparecidos Solecito, madre de Guillermo Lagunes desaparecido en 2013, la justicia que Winckler hizo durante su encargo fue a modo: “Fueron golpes mediáticos que tenían como objetivo hacer quedar bien a Miguel Ángel Yunes y un fin político: favorecer a su hijo Miguel Ángel Yunes, quien era candidato a gubernatura”. 

Para ella, Winckler utilizó una problemática grave en Veracruz, como la desaparición forzada para hacer detenciones que luego no se pudieron sostener jurídicamente. 

Mientras, la fiscal Verónica Hernández y el gobernador Cuitláhuac García presumen la detención de Winckler con un aparatoso operativo de seguridad que incluyó la participación de la Marina, el Ejército, y su traslado inmediato a Veracruz en un taxi aéreo cuando fue detenido en la costa de Oaxaca.

En Veracruz hay otros acusados de desaparición que siguen procesos en libertad, no han sido sentenciados  y otros más incluso han sido liberados y reinstalados en sus puestos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública

Según información obtenida vía transparencia en el país, en 20 años se han obtenido apenas 36 sentencias por desaparición forzada, dos en Veracruz. La de Winckler, si es que la logra la Fiscalía, sería la tercera 

Una de ellas es el expediente 19/2013 se narra que miembros del ejército desaparecieron a un joven de 23 años, a quien sacaron de un bar llamado Las Iguanas, en Coatzacoalcos.

En 2020, la fiscalía de Veracruz apenas había podido judicializar 17 carpetas de investigación por desaparición forzada, pese a los anuncios de 70 detenidos. 

En Veracruz la desaparición forzada es una grave problemática, las cifras hablan por si solas. En julio de este año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz actualizó la base del registro nacional de personas de desaparecidas: contabilizó 7,187 desaparecidos desde el 2006 al 2022.  Desde la llegada de Morena se han registrado 2,107 desapariciones.

A esto se suman 608 fosas clandestinas halladas en diversos puntos del estado.

Tras su reunión con colectivos de desaparecidos en Veracruz, en marzo de este año el Comité de Desaparición Forzada de a ONU advirtió que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas.

“La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas”, señaló en su informe.

Carlos Saldaña del colectivo Enlaces Xalapa, quien busca a sus hijos Karla y Jesús, desaparecidos en 2011, advierte que la detención es un intento de hacer protagonismo de un solo hecho, cuando hay otros mas graves : “ Hay muchos tintes políticos, venganza, complicidad y corrupción. Quieren hacer protagonismo cuando hay otros casos graves en el tema de desaparición forzada”.

Cuestionó que los funcionarios se vuelven cómplices de la delincuencia y la desaparición cuando no actúan sobre casos graves: “Hemos señalado que queremos resultados, pero ningún fiscal nos la ha dado porque es destapar la cloaca, viene un cambio de gobierno y se cobran facturas en una simulación de justicia”.

La maquinaria de desaparición que salió libre 

En febrero del 2018, la Fiscalía de Jorge Winckler integró una carpeta de investigación para detener a 31 mandos policiacos. De los cuales fueron detenidos 19. Entre ellos  el exsecretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez, el jefe de la fuerza Civil,  Roberto Meza, el exdirector de prevención social, Oscar Sánchez Tirado y 16 policías municipales. 

Según la denuncia dos agrupamientos policiacos:  Fuerza de Reacción y la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron una política para detectar, detener, torturar y, posteriormente, desaparecer a personas que, supuestamente, tenían algún tipo de conexión con grupos de delincuencia. 

Así se documentó la desaparición de 15 víctimas entre los meses de marzo y octubre de 2013, en Xalapa y los municipios conurbados. Las pruebas presentadas incluían testigos protegidos, ubicación de celulares y tarjetas informativas con los detalles de las detenciones. 

En su momento, Jorge Winckler dijo que era una detención  historica y se podían lograr penas de hasta 90 años de prisión.  Pero en diciembre del 2019, Roberto Meza, exjefe de la fuerza civil salió libre junto a 13  que expolicías para seguir sus procesos en libertad. 

Arturo Bermúdez salió libre antes, en diciembre del 2018. Para lograr la libertad se le dictó la medida de presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos. 

De este caso sigue pendiente de cumplir la orden de aprehensión girada en contra de José Nabor Nava, exsecretario de seguridad pública, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas. 

Barranca la aurora, 13 cuerpos desaparecidos y no saben donde están 

La negligencia y complicidad de la Dirección General de Servicios Periciales quedó expuesta con el caso de la Barranca La Aurora, donde altos funcionarios ocultaron y alteraron el hallazgo de 13 de 19 cuerpos en 2016.

El entonces director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y Rosario Zamora, directora de investigaciones ministeriales, así como Carlota Zamudio, delegada regional de la policía, reportaron solo 6 cuerpos de los 19 hallados, y simularon la localización de un cuerpo más, el de David Lara Cruz, policía estatal. 

Los tres funcionarios fueron encarcelados por el delito de desaparición forzada. El entonces exfiscal, Luis Ángel Bravo fue aprehendido también, por entorpecer la investigación. Aunque se les impuso una medida cautelar de prisión por un año, actualmente todos están en libertad tras ganar un amparo federal.

Las familias de los desaparecidos no han podido saber qué pasó con la ubicación de los 13 cádaveres escondidos.

Duarte, ligado a la desaparición forzada del Barranca La Aurora

En diciembre del 2021 la fiscalía de la Ciudad de México logró cumplimentar la orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Duarte – preso en el reclusorio norte- por su vinculación en este caso. Pero el caso tampoco ha avanzado jurídicamente.  

El estado ha tenido que ofrecer disculpas públicas por la participación de policías estatales y municipales en el caso de la desaparición y asesinato de jóvenes, es  el caso de tres jóvenes desaparecidos en Poza Rica, de cinco jóvenes en Tierra Blanca y recientemente cinco jóvenes en Coatzacoalcos desaparecidos durante el operativo Blindaje encabezado por la Fuerza Civil y elementos de fuerzas federales. 

Pero las disculpas no han logrado tampoco la reparación del daño para las víctimas ni dar con la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos y en algunos casos aún hay ordenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Es el caso de Coatzacoalcos donde aún siguen pendientes la orden de aprehensión en el caso de seis elementos de la Marina que participaron en los hechos y siguen prófugos de la justicia.

En 2015 al menos 35 personas desaparecieron durante la implementación del Operativo Blindaje Coatzacoalcos a cargo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública. 

El Instituto Mexicano de Derechos y Democracia lanzó un exhorto al gobierno de Veracruz para conformar un grupo de trabajo interinstitucional para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos. 

Winckler debería ser procesado por omisiones en fosa de Arbolillo : Solecito

Lucia Díaz del coletivo de solecito  consideró que Winckler también debería ser procesado por la negligencia y abandono de las fosas de Arbolillo en Alvarado.

“Hizo un trabajo atroz de las fosas de Arbolillo, deberían enjuciarlo por la revictimización que hizo, violó los derechos humanos de las víctimas, esas son los verdaderos delitos, esto que hicieron es política, necesitamos justicia, es una vergueza aprovechar la justicia para hacer venganza política”, advirtió.

Jorge Winckler dio a conocer en 2017 la ubicación de las fosas de Arbolillo en Alvarado donde se hallaron al menos 190 restos de personas, después de procesar los cuerpos dio por concluida la busqueda y exhumación de cuerpos.

Las familias de colectivos reiniciaron la busqueda en noviembre del 2019, dos meses después de salida de Wincler de la Fiscalía de Veracruz.

Lo que hallaron las horrorizó, en las fosas procesadas por la fiscalía encontraron restos de huesos, mandíbulas, más de 5 mil huesos y extremidades, además de indicios de las identidades de los desaparecidos como celulares y credenciales de elector.

Al igual que hicieron en la fosa de Colinas de Santa Fe – donde se hallaron 300 cuerpos- las madres no cesaron en su búsqueda y a la fecha han logrado exhumar 71 cuerpos de las fosas de Arbolillo y las diligencias aún continúan.

Marcela Aguilera Landeta, directora de Investigaciones Ministeriales, dijo en una entrevista que se abrieron carpetas de investigación por las anomalías halladas en tiempos de Jorge Winckler en el procesamiento de fosas clandestinas, pero este caso no está en la carpeta de investigación que se le sigue ahora.

Sobre el tema, Lucía Díaz cuestiona: “¿ No van a pagar por eso? ¿ ni por toda la revictimización? Entonces ¿De de qué justicia estamos hablando?

Policías detenidos están libres y trabajando 

María de Jesús, madre de Carlos David Bautista López, desaparecido en septiembre del 2015 por el exdirector de prevención Oscar Sánchez Tirado y seis de sus escoltas, también cuestionó la detención.

Bautista López, desapareció en Xalapa cuando fue a visitar a su expareja Olga. De ahí, fue golpeado, amenazado y finalmente privado de su libertad por Sánchez Tirado, quien entonces era la pareja sentimental de Olga.

En septiembre del 2017, Oscar Sánchez Tirado, Olga y seis de sus escoltas fueron detenidos por la desaparición forzada de Carlos David, pero tres policías y Olga, fueron liberados tras ganar procesos federales y llegar a acuerdos de oportunidad.

Hace unos meses, María de Jesús denunció que uno de los policías escolta que participó en la desaparición forzada de Carlos David fue reincorporado a su trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que un juez federal revocó los autos de no vinculación a proceso por su participación en los hechos.

La madre del joven, calificó como una simulación de justicia el caso de su hijo, “¿Dónde está la justicia? Hay una simulación, me veo indefensa ante tanta impunidad”.  

Sobre la detención Jorge Winckler lamentó que el delito porque el cual lo impunta tenga deficiencias “yo desde un principio veo que hay una persecusión es política, por quitarlo del cargo y que lamentable mientras vemos está detención, los casos de desaparición forzada y de identificación siguen sin resolverse”.

Pacho Viejo una pasarela de políticos libres

Winckler es el segundo fiscal detenido y encarcelado por desaparición forzada en cuatro años.

Luis Ángel Bravo fiscal de Javier Duarte fue detenido el 17 de junio del 2018 por desaparición forzada en su modalidad de entorpecer la investigación por el caso del ocultamineto de cádaveres en la Barranca La Aurora.

Pero solo estuvo en prisión unos meses, en mayo del 2019 obtuvo un amparo federal y logró seguir el proceso en libertad y ahora presume en sus redes sociales las comidas con su familia, sus maratones y paseos a caballo.

Cuando Winckler estuvo al frente de la fiscalía, llevo prisión a más de 15 duartistas y mandos policiacos: Por ejemplo Gina Domínguez, excoordinadora de Comunicación Social; Flavino Río, exsecretario de gobierno; Juan Antonio Nemi, exsecretario de salud; Mauricio Audirac, exsecretario de finanzas, y Xóchitl Tress, exdiretora de Espacios Educativos, entre los más destacados. Pero ninguno de ellos sigue en prisión ahora.

Todos llevan procesos en libertad o pretextaron enfermedades para ser llevados a hospitales de donde luego salieron rumbo a sus domicilios.

La llegada de la fiscal allegada a Morena, Verónica Hernández, no cambió tampoco la forma de ejercer la justicia en Veracruz.

La fiscalía ha sido duramente cuestionada por las detenciones de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado quien fue acusado del homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones, Remigio Tovar.

Un juez federal revocó la vinculación a proceso de la fiscalía por falta de pruebas y lo liberó meses después de su detención.

Partidos políticos han señalado que la fiscal ha emprendido una cacería en contra la opocisión a quienes integró carpetas de investigación bajo el polémico delito de ultrajes a la atoridad. – que tuvo vigencia de menos de un año de marzo del 2021 a febrero del 2012, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional- .

Durante su vigencia se obtuvo la detención del exsecretario de gobierno en tiempos de Miguel Ángel Yunes, Rogelio Franco; de Paisano Rueda, alcalde electo de Jesús Carranza, y Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Otros políticos detenidos contra los cuales Verónica Hernández ha integrado carpetas de investigación son: Gregorio Gómez Martínez, entonces candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán; la exdiputada federal del PRD, Azucena Rodríguez;  Yolli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), y de Tito Delfín, aspirante panista a la dirigencia estatal – detenido en noviembre del 2021 por delitos de corrupción-.

El destino de Winckler no será diferente

María de Jesús López, advierte que el caso de Jorge Winckler no será la excepción y con el paso del tiempo será liberado como los demás : “ No creo que se haga justicia, mientras el es juzgado, lo que vemos es carpetas en el abandono, casos de personas desaparecidas de hace 15 años abandonados, no vemos que su detención vaya abonar en justicia para los desaparecidos”. 

Carlo Saldaña del colectivo Enlaces Xalapa, señala que seguramente Winckler podría estar en prisión mientras cambian las condiciones políticas del gobierno y mientras eso pasa, los casos de desaparecidos siguen aumentando en Veracruz y hay escasos resultados en las carpetas de investigación de personas no localizadas.

*Esta nota fue realizada por LA MAREA, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.