Las medidas de austeridad extrema que anunció el presidente López Obrador están lejos de generar un ahorro decisivo en las finanzas públicas. Pero son la oportunidad de demostrar que la 4T es congruente con su lema fundador: Primero los pobres

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Es una de las medidas que más respaldo le ha ganado.

Desde que era candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de recortes a los excesivos gastos del gobierno federal, comunes en la administración de Enrique Peña Nieto.

La estrategia se llamó Austeridad Republicana y desde el primer momento fue prioridad en el gobierno entrante. De hecho, López Obrador presentó el plan semanas después de ganar las elecciones del 1 de julio de 2018.

El objetivo era cancelar gastos onerosos, como seguro médico particular y sin límites; automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados y en muchos casos el pago de comidas y vinos caros.

En un país donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, tales dispendios para un reducido grupo de burócratas se consideraban ofensivos.

No era sólo una percepción local, pues era compartida con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es parte.

De acuerdo con el estudio Gobierno de un vistazo 2017 del organismo, el salario de los altos funcionarios representaba en ese momento 13 veces el ingreso per cápita del Producto Interno Bruto (PIB).

El promedio era, entonces, de cuatro veces el PIB por ciudadano de los países miembros. Es decir, la burocracia dorada mexicana tenía remuneraciones de más de cuatro veces esa cantidad.

En los años siguientes la estrategia se aplicó con algunos tropiezos porque enfrentó la oposición de algunos funcionarios, que ganaron amparos para impedir la reducción de sus salarios.

Fue el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, o los miembros de otros organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Pero en términos generales el plan siguió adelante, lo cual implicó la cancelación de fideicomisos o recortes en programas de operación de varias dependencias.

Ha sido una estrategia exitosa, asegura López Obrador. “Ya podemos estar con ahorros de dos billones de pesos en general”, dijo esta semana.

Así, ante la perspectiva de un largo período de recesión en Estados Unidos y Europa que afectaría a México, el presidente anunció el endurecimiento del ahorro en gasto público.

Al nuevo programa le llamó Pobreza Franciscana que en términos generales contempla, por ejemplo, una reducción significativa en los viajes al extranjero de funcionarios.

La agenda internacional deberá desahogarse por comunicación remota, como teleconferencias.

Otra medida es un nuevo recorte a los viáticos, ya de por sí en niveles históricamente bajos, así como una reforma a la Ley de Austeridad Republicana para impedir que los funcionarios tengan un salario mayor al del presidente.

Como la mayoría de las acciones del actual Gobierno Federal, el plan del presidente desató polémica.

Varios advierten el riesgo de una nueva política del machete en los recortes -es decir, reducir gastos de forma generalizada- que en años anteriores causó problemas en algunos rubros considerados fundamentales.

Un ejemplo es la reducción presupuestal al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, organismo clave ante el incremento de la violencia contra comunicadores.

Más allá del debate político, es importante detenerse en el impacto real que la pobreza franciscana podría tener en el gasto cotidiano del gobierno.

Porque los viáticos y boletos de avión al extranjero representan una mínima parte del dinero que se eroga en áreas como los intereses de la deuda externa.

A este concepto se destina un promedio de 600 mil millones de pesos cada año, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Se trata de un gasto ineludible, imposible de cancelar so pena de causar una crisis económica al país.

Pero existen otros donde un buen recorte no tendría impacto y hasta sería bienvenido.

Es el caso de la partida presupuestal para salarios y prestaciones de los senadores de la República que reciben, entre la dieta, aguinaldo, apoyo para asesores y otros viáticos, más de 405 mil pesos mensuales.

Los datos corresponden a un estudio elaborado por Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la UAM-Xochimilco y presentados en el noticiero Momentum.

Cancelar estos privilegios es difícil porque corresponde justamente a uno de los poderes responsables de hacerlo. Juez y parte.

Pero conseguirlo es, también, rentable políticamente y es parte de la esencia que debería atender la pobreza republicana a que convoca el presidente.

Está presente la tentación de convertir la estrategia en una acción cosmética, atractiva y poderosa ante los medios, pero ineficiente en lo verdaderamente importante:

Desterrar para siempre la estructura de dispendio en los distintos gobiernos. Erradicar la idea de que la administración pública es un buen negocio.

Y, sobre todo, y en ello se apuesta la bandera central de la 4T, que en el México gobernado por Andrés Manuel López Obrador realmente importan los más vulnerables.

Que es verdad el emblema: Primero los pobres.