Hace ocho meses, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar los matrimonios forzados en la región de La Montaña, pero hasta ahora solo ha habido en talleres de información

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Amílcar Juárez 

Actualización 25 de julio de 2022

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Parece una historia de ficción: una niña de 14 años que sufrió matrimonio forzado fue encarcelada por la policía comunitaria, debido a que la madre de su esposo, de 17 años, demandó la devolución de los 160 mil pesos que pagó por la boda. Ahora, la niña y su familia huyeron de su pueblo, en Cochoapa el Grande.

La menor, a quien le pondremos el nombre de Ema para resguardar su identidad, fue obligada a casarse en julio del 2021 cuando tenía 13 años. El esposo era un joven de 16.

El abuelo materno y el tío paterno de Ema recibieron 160 mil pesos como dote de boda, en la que hubo comida, alcohol y baile, que los padres del novio pagaron.

Pero el suplicio de Ema continuó después de su matrimonio forzado ya que sus suegros y esposo se la llevaron a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.

En ese lugar, a pesar de su corta edad, su nueva familia la obligaba a guisar todos los días el desayuno, almuerzo, comida y cena.

La niña también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero. Su paga se la daban a su suegra.

“La suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña, quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada”, dice Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La primera huída y la segunda cárcel

En marzo de este 2022 la niña, esposo y suegros regresaron a Cochoapa El Grande. La menor tenía más de ocho meses de embarazo.

Ema decidió huir de la casa de sus suegros y refugiarse con su mamá que tiene su vivienda, en la misma cabecera del municipio.

En un parto de alto riesgo, la menor de edad parió en el centro de salud de Cochoapa.

Pero la suegra no se quedó contenta con su huida y continuamente la hostigaba para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que había pagado por su “venta”.

El 28 de abril, todavía convaleciente del parto, la suegra acompañó al comandante y a cinco integrantes de la policía comunitaria para que la detuvieran, junto con una de sus hermanas.

La familia política buscaba presionar a sus familiares para que les devolvieran el dinero.

Personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudió a la cárcel de Cochoapa, y con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la liberación de las dos niñas.

La segunda huída

Al comandante y cinco policías comunitarios se les integró una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las dos menores de edad. Sin embargo, la FGE no ha actuado y ahora los policías comunitarios persiguen a Ema por el robo de un arma cuando fue detenida.

“Eso es absolutamente falso, ella no robó ninguna arma”, dice la abogada Arias Vitinio.

La situación de Ema, su mamá y otros siete familiares -hermanos y primos- se complicó a tal grado que tuvieron que huir de su comunidad en la Montaña Alta, una región que tiene los índices de pobreza y marginación más elevados del país.

Ahora, Ema y su familia viven en una casa lejos de Cochoapa El Grande, donde se mantenían de la venta de atole. A veces no tienen para comer.

“Se salieron de su comunidad prácticamente sin nada y hasta ahora no vemos el apoyo de las autoridades del gobierno del estado”, expresa la abogada.

Las otras Emas

El de Ema es un caso único. En octubre del 2021, se informó del caso de la niña Nayely de la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, quien escapó de sus familiares para evitar que la casaran de manera forzada a cambio de la cantidad de 200 mil pesos.

Como Ema, también Nayely fue detenida por la policía comunitaria para que sus familiares regresaran los 200 mil pesos que recibieron como dote del matrimonio.

Arias Vitinio, dijo que a más de ocho meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar los matrimonios forzados en la Montaña este plan solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios.

“No se va a fondo en el asunto”, dijo la abogada.

Cuestionada sobre el tema, Violeta Pino Girón contestó una llamada pero dijo que en ese momento era imposible dar una versión porque estaba en una reunión.

“Después le regreso la llamada”, dijo la funcionaria estatal.

Evaluar la estrategia

Activistas feministas de Guerrero exigieron que se evalúe la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados que en noviembre del 2021 puso en marcha el gobierno de Evelyn Salgado.

«Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando si no se está atendiendo a esta problemática que son los matrimonios forzados», afirmó la abogada Angie de la Rosa Palafox, de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

«Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado», insistió

De la Rosa Palafox dijo que no es solo el hecho del matrimonio forzado sino que la violación de los derechos de las niñas va mucho más allá con su compraventa.

En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Cree que uno de los posibles obstáculos de esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del gobierno estatal.

Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más esenciales para las mujeres».

Planteó que una de las medidas preventivas que debe impulsar este gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujer es la prevención y sensibilización.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, cuestuinó la falta de continuidad en las acciones para cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas.

Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil pero ella confía en la voluntad de las autoridades.

Violencia y pobreza

Pobreza, violencia intrafamiliar, secuestro, aumento de feminicidio y falta de justicia son los problemas que enfrentan las mujeres en la región de la Montaña, señala en un informe que presentó este viernes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Tlachinollan señala en su informe que en los municipios de esta región hay un incremento de asesinatos de niñas; secuestros a mujeres y niñas; violaciones sexuales; víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Se denunció que las agencias del Ministerio Público de la Montaña son centros de negociaciones de los matrimonios forzados de niñas.

También en las agencias de delitos sexuales, no se les da credibilidad a los dichos de las víctimas y alientan en acuerdo en favor del esposo.

En las decisiones que toman los jueces de control no toman en cuenta el contexto regional de violencia que padecen las mujeres y juzgan sin perspectiva de género, dice el informe de Tlachinollan.

El evento se realizó en Tlapa y fue convocado por la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón. También asistió Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; en cambio, no llegaron la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda ni la representante en México de la ONU-Mujeres, Belen Sanz Luque.

En entrevista, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organización civil, aseguró que a ocho meses que arrancó la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, los matrimonios forzados a edad temprana no han bajado.

La inacción del gobierno es insólita. No solamente los matrimonios no han bajado, también los feminicidios, violaciones sexuales contra las mujeres y la justicia e impunidad siguen vigentes», aseguró.

En los próximos días esta organización dará a conocer más casos de uniones forzadas de niñas de localidades de la Montaña.

Este trabajo fue publicado originalmente por AMAPOLA, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original