El acoso y las controversias constitucionales como una única de defensa de las comunidades continúan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se dirimen las reformas locales en el que se ha intentado una y otra vez deshacerse a la organización comunitaria

Por Kau Sirenio Pioquinto

El proceso organizativo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria en la región, ahora conocido como territorio comunitario, nació hace 28 años en una asamblea de que 36 comunidades que se organizaron para enfrentar el problema de la violencia.

El 15 de octubre los pueblos y comunidades indígenas llegaron en el territorio indígena de la Costa Chica y Montaña de Guerrero para discutir como enfrentar la violencia que padecían debido a la ausencia del estado mexicano.

Esta ausencia ya lo habían resuelto en la comunidad ñuu savi de Cuanacaxtitlán un mes antes, o sea el 15 de septiembre, hombres y mujeres de esa comunidad dieron el grito de libertad y cese a los abusos de la policía estatal y militares.

Los pobladores de Cuanacaxtitlán, municipio de San Acatlán se organizaron para fundar su propia seguridad comunitaria, porque de 1993 a 1995, la comunidad estuvo asediado por la delincuencia organizada, alrededor de 105 muertos; violación sexual hacia las mujeres y el camino era intransitable, los asaltos eran el pan de cada día.

De esa experiencia se llevó a discusión en Santa Maria del Rincón el 15 de octubre donde concurrieron varias comunidades de los municipios de de San Luis Acatlán, Azoyú y Malinaltepec; los promotores de seguridad comunitarias hicieron un llamado a los agentes del Ministerio Público de las regiones de Costa y Montaña; los Jueces de Primera Instancia; al procurador de Justicia del estado; y al gobernador de Guerrero, a la Asamblea Regional que se llevó a cabo en Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, en la que buscarían alternativas conjuntas para solucionar el problema de inseguridad.

Sin embargo, ninguna de las autoridades convocadas se asomó a la asamblea, no fue el único encuentro a la que no acudieron, sino que fueron varias asambleas; Como la que realizó en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde se perfilaba ya más formal la construcción de seguridad comunitaria.

Construcción de justicia comunitaria

En los primeros años, la policía auxiliar de camino de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán entregaba a los infractores al ministerio público, pero los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero los dejaban libres con el argumento de que no existían elementos procesarlos.

La inacción de instancias gubernamentales, generó descontento en la PC y la población, hizo que las comunidades determinaran en una asamblea en 1998, que las propias comunidades impartieran la justicia. Esto dio paso a la conformación de la Coordinadora de Autoridades Indígenas CRAIN, que en lo posterior sería la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC.

Sin el financiamiento gubernamental, la Policía Comunitaria logró reducir los índices delictivos en la zona de influencia. Sin embargo, el gobierno y el Ejército mexicano empezaron un acoso sistemático sobre esta corporación autónoma.

El 26 de febrero de 2002, el gobierno del estado buscó que la CRAC y a la Policía Comunitaria entregarán las armas, porque estaban “fuera del marco legal”, según lo declaró el gabinete de seguridad en una reunión donde estuvo el magistrado del poder judicial Julio Lorenzo Jáuregui y altos mandos militares de la 27 zona militar.

A esa reunión los comisarios trataban de llegar a un acuerdos que les permitieran seguir con su sistema de seguridad dentro de su sistema normativo, porque en esa fecha se incrementó las hostilidades por parte de la Procuraduría del estado y el Ejército, en contra de la Policía Comunitaria.

El encuentro entre funcionarios y comisarios indígenas, se suspendió y vinieron la persecución hostigamiento hacia las autoridades comunitarias. Como una salida al conflicto, los comisarios propusieron llevar a cabo consultas en las comunidades donde tienen presencia, para determinar si continuaba su sistema de seguridad o entregaban las armas. Los resultados se entregaron un mes después, el 26 de marzo de ese año.

La primera asamblea consultiva fue en la comunidad de Potrerillo Cuapinole el 10 de marzo. Los dos pueblos indígenas –Mephaas (tlapanecos) y Ñuu Savi (mixtecos)– que asistieron, decidieron mantener su policía comunitaria, porque, argumentaron, es parte de su vida como pueblos indígenas.

En la conclusión dijeron que no quieren confrontarse ni con la policía estatal ni con el Ejército, y aceptaron que las armas que tienen para la defensa de sus comunidades queden guardadas para evitar cualquier confrontación.

Al mismo tiempo que se consultaba a los pueblos para conocer su decisión acerca del futuro de la PC, los dirigentes de la CRAC interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Pública aprobada en agosto de 2001, con el argumento de que no fueron consultados como pueblos indígenas ni se tomó en cuenta a la Policía Comunitaria, en la redacción de la nueva ley.

Mientras avanzaba la consulta, el 21 de marzo organizaron un foro en San Luis Acatlán para definir la postura frente al gobierno, mientras en las comunidades se levantaba actas en asambleas para reafirmar su interés por la Policía Comunitaria.

Las hostilidades emprendidas por el Ejército y el gobierno de René Juárez Cisneros, ocurrieron en el momento de mayor expansión y consolidación de la Policía Comunitaria. Desde su sexto aniversario, comunidades de Marquelia y otros municipios de la Costa Chica habían pedido su inclusión a la policía comunitaria.

El litigio en contra de la CRAC y PC empezó cuando decidieron no entregar a los detenidos al Ministerio Público. “Más rápido de lo que los entregábamos, los liberaban”, afirma el fundador de la policía comunitaria de Cuanacaxtitlán, Filemón López.

Así las cosas, a partir de esa fecha, el acoso y las controversias constitucionales como una única de defensa de las comunidades continúan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se dirimen las reformas locales en el que se ha intentado una y otra vez deshacerse a la organización comunitaria.