Desde la Guardia Nacional a, la Ley Silla, la reforma indígena y la desaparición de los organismos autónomos. Este año, la Constitución mexicana cambió drásticamente. ¿Cómo? Aquí te explicamos
Texto: Camilo Ocampo
Foto: Especial Senado de la República
CIUDAD DE MÉXICO. – 2024 fue un año en el que varias reformas a la Constitución fueron aprobadas. También terminó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y comenzó el gobierno de la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum, una transición marcada por las encomiendas de la anterior administración para continuar con las iniciativas pendientes.
Por un lado, el sexenio de López Obrador concluyó con 27 reformas constitucionales. Sin embargo, debido al cambio de poder, el expresidente le heredó iniciativas a Claudia Sheinbaum, quien también propuso algunas.
Ocho meses antes de culminar su mandato, durante una ceremonia por el 107 aniversario de la Constitución, el expresidente presentó un último paquete de reformas constitucionales que se discutirían en el Congreso. Según el entonces presidente, estas reformas estaban “orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, todos ellos contrarios al interés público”.
La controvertida Guardia Nacional
Un día antes de entregarle la banda presidencial a su sucesora, el 30 de septiembre, el Poder Legislativo aprobó la reforma a la Guardia Nacional, la cual estipula que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y contempla cambios en los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 constitucionales.
Esta reforma avanzó a pesar de la insistencia de organizaciones que velan por los derechos humanos, las cuales aseguran que esto “implica un retroceso en la atención de la crisis de seguridad pública que actualmente viven algunas regiones del país.”
A la par de dicha enmienda constitucional, y justificándose en que “México tendrá un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales”, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que propone la extinción de siete organismos autónomos: INAI, Coneval, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la de Mejora Continua de la Educación y la de Hidrocarburos.
Esta reforma se aprobó el 20 de diciembre, y se explicó que los ahorros obtenidos con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La reforma Judicial, la sacudida de poderes
Otra iniciativa importante del sexenio anterior fue la reforma al poder judicial, la cual se aprobó en septiembre por la nueva administración. Esta reforma establece la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular, con el fin de reducir el margen de ventaja que tienen los grupos de presión, tanto nacionales como extranjeros, sobre el poder judicial.
El año de los trabajadores
Otra reforma aprobada durante 2024 fue la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual especifica que se tomarán los 40 mil millones de pesos de las cuentas de Afores no reclamadas para garantizar que alrededor de 28 millones de trabajadores se jubilen con su pensión completa.
Otra reforma aprobada durante los primeros meses de la administración de la presidenta Sheinbaum fue la iniciativa que garantiza que el salario mínimo no esté por debajo de la inflación. Esto permitió que el salario aumentara de 248.93 a 278.80 pesos al día.
Vivienda y energía, la reconstrucción del sector público
Mientras tanto, en octubre de 2024, el Senado aprobó la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, una minuta que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el fin de establecer al Estado como encargado de la transición energética para utilizar de manera sustentable las fuentes de energía del país.
Otra de las reformas heredadas a la actual administración fue la modificación de diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con enfoque social.
Estas reformas establecen que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) será el encargado de la construcción directa en beneficio de los trabajadores, con una participación en coordinación con actores públicos, privados y sociales. También se reformula la composición de la Asamblea General y el Consejo de Administración del instituto para reducir el número de integrantes.
Asimismo, se aprobó la reforma en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos como sujetos de derecho. Esta reforma era una deuda pendiente del Estado mexicano con los pueblos.
“Esta reforma tuvo un impacto estructural e integral en las estructuras jurídica y política del Estado mexicano. Se trató de una reforma constitucional que, además de reconocer a nuestros pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, los revistió de un conjunto de derechos colectivos, particularmente el derecho a la libre determinación y autonomía”, asegura el titular del INPI, Adelfo Regino Montes.
Las reformas de Sheinbaum
Uno de los objetivos de la actual administración es lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por lo que se firmó un decreto presidencial que garantiza dichos objetivos.
Aprobada el 5 de noviembre, esta encomienda modifica siete artículos de la Constitución (el 4, 21, 41, 73, 116, 112 y 123) y asegura la igualdad en el acceso a derechos y oportunidades para todas las mujeres (igualdad sustantiva). Además, garantiza el derecho a vivir una vida libre de violencias, con deberes reforzados de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, establece una perspectiva de género en la seguridad pública y en el actuar de las personas juzgadoras, amplía el alcance de las autoridades federales para conocer las medidas de protección de las mujeres y observar delitos del fuero común relacionados con violencias hacia ellas, obliga a las entidades federativas a especializarse en delitos relacionados con las violencias hacia las mujeres, promueve la paridad en la integración de la administración pública federal, local y municipal y busca erradicar la brecha salarial de género.
La presidenta también presentó una iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mediante la adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero.
En cuanto a seguridad, se aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual, después de diversas modificaciones, busca fortalecer la estrategia de seguridad nacional y dotar a la dependencia de instrumentos jurídicos para la investigación de delitos.
La «Ley Silla» fue otra reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de derecho al descanso en las jornadas laborales. Esta reforma establece en el artículo 132 que las personas empleadoras deben proporcionar asientos a todos los empleados en los sectores de servicio y comercio.
El 12 de diciembre, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado lograron aprobar reformas para conciliar las leyes secundarias con la Constitución en materia de juicios y amparos e impugnabilidad de las adiciones o reformas.
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