Con un gasto en seguridad y defensa de casi 2 billones de pesos, el saldo de tres lustros de guerra contra el narco es de casi 400 mil asesinatos, miles de desaparecidos y desplazados

Twitter: @chamanesco 

Era 11 de diciembre de 2006: en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el Operativo Conjunto Michoacán.

Acompañado de los secretarios de Seguridad, Genaro García Luna; Defensa Nacional, general Guillermo Galván; Marina, Francisco Saynez, y el procurador Eduardo Medina Mora, el funcionario anunció el despliegue de 4 mil 260 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea, mil 54 marinos, más de mil policías federales, helicópteros, vehículos terrestres, lanchas rápidas, aviones, binomios caninos…

Todo un arsenal con el que daba inicio la “Guerra contra el Narcotráfico”, la estrategia con la que el naciente gobierno de Felipe Calderón buscaba un doble propósito: atender una crisis de inseguridad que Vicente Fox había dejado crecer, y sofocar -de una vez por todas- el conflicto postelectoral alentado por Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del 1 de julio.

La “guerra contra el narco” no había formado parte de las propuestas de campaña del candidato panista, ni estaba explícitamente contenida en la Plataforma que registró Acción Nacional ante las autoridades electorales.

Calderón se encontró con esa “idea” durante el periodo de transición, cuando revisó los múltiples informes que advertían sobre la expansión del poder del crimen organizado, la diversificación de sus actividades y el control de territorios por cárteles de la droga en municipios, estados y regiones.

Dos viajes al extranjero terminaron de convencer al entonces presidente electo de lanzar aquella guerra:

El 4 de octubre de 2006 se reunió con Álvaro Uribe en el Palacio de Nariño, y ahí el mandatario colombiano le aconsejó confrontar directamente al narco, buscando el apoyo de Estados Unidos.

El 9 de noviembre, en el despacho oval de la Casa Blanca, Calderón convenció a George W. Bush de respaldar su estrategia de seguridad. No consiguió un “plan Colombia” para México, pero sí la Iniciativa Mérida, que fue firmada en los primeros meses del gobierno.

El 3 de enero de 2007, Felipe Calderón apareció en el cuartel general de la XLIII Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán, vistiendo una chamarra verde oliva y un quepí con la estrella de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y anunció personalmente una “batalla contra la delincuencia largamente postergada”, un combate -dijo- demandado por la sociedad.

“Reitero que ésta no es una tarea fácil ni será rápida; tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso la pérdida lamentable de vidas humanas. Ésta será una labor que quizás no dé frutos con rapidez, pero que es indispensable para asegurar el futuro de México”, advirtió.

Quince años después, el país sigue en guerra.

Con sus matices, la estrategia de Felipe Calderón (sacar al Ejército a las calles) ha sido continuada por el priista Enrique Peña Nieto y por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Y los resultados son lamentables: según cifras consolidadas del INEGI, en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012) se cometieron 121 mil 600 homicidios dolosos, y en el de Peña Nieto, se registraron 156 mil 437, para un total de 278 mil 37 asesinatos.

La idea de Calderón de legitimarse embarcando al país en una supuesta cruzada contra el narco, su obsesión con el militarismo, el objetivo de “recuperar territorios” e “impedir que la droga llegue a tus hijos” derivaron en un rotundo fracaso, con un costo social enorme. 

Tampoco funcionó el “viraje” de Peña Nieto, quien optó por sacar el tema de la agenda y el discurso presidencial, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública creada en los dos sexenios panistas, para concentrar el tema en la Secretaría de Gobernación, mientras aumentaba el presupuesto militar.

La guerra contra el narco no redujo la violencia, pero sí triplicó los recursos invertidos por la Federación en seguridad pública y gasto militar.

En 2007, primer año de Calderón, el presupuesto destinado a la función “Seguridad y Defensa” (que engloba Sedena, Marina, SSP-CNS, PGR y CISEN) fue de 67 mil 145 millones de pesos; para 2012, fue de 112 mil millones; para 2015, a la mitad del sexenio de Peña Nieto, ya era de 124 mil millones, y en 2018 fue superior a 133 mil millones de pesos.

En cifras globales, este rubro del Presupuesto de Egresos de la Federación absorbió más de un billón 355 mil 800 millones de pesos en 12 años.

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Pese a los magros resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por continuar la guerra, con tres decisiones que han marcado su sexenio en este tema:

Primero, volver a crear la Secretaría de Seguridad a nivel federal, como una muy debilitada instancia civil de seguimiento a la incidencia delictiva; segundo, crear la Guardia Nacional como un brazo del Ejército, que poco a poco ha ido absorbiendo a la Policía Federal, encaminándose a su militarización total; tercero, ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas, desplazando a los civiles en otras tareas además de la seguridad, como la administración de puertos y aduanas, la obra pública y la distribución de combustible.

López Obrador no sólo no regresó al Ejército a los cuarteles, como podría esperarse de quien criticó ferozmente la estrategia bélica de Felipe Calderón; sino que intensificó el proceso de militarización iniciado hace 15 años.

Todo, con un altísimo costo económico y social.

El gasto de la función Seguridad y Defensa superó los 364 mil millones de pesos en la primera mitad del sexenio: 123 mil 200 millones en 2019; 119 mil 800 millones en 2020; 121 mil millones en 2021, y será de más de 125 mil 700 millones en 2022, cuarto año de la administración.

Al hacer lo mismo que sus antecesores, López Obrador ha obtenido resultados similares: en lo que va del sexenio se han cuantificado más de 106 mil asesinatos, según cifras preliminares del Consejo Nacional de Seguridad a noviembre de 2021.

Los homicidios dolosos se cuentan en razón de 34 mil por año; la violencia desatada por la delincuencia sigue azolando comunidades, municipios y estados.

La diversificación de las industrias criminales sigue su curso, y la “estrategia” de resolver las causas profundas de la delincuencia y no combatir la violencia con más violencia, aún no da resultados.

El presidente López Obrador asegura que no ha ordenado a las Fuerzas Armadas hacer la guerra a nadie, y que el vasto esfuerzo por construir la paz se ha hecho sin violaciones a los derechos humanos.

Ha defendido al Ejército por ser “pueblo uniformado” y ha colocado a los militares en el epicentro de su administración, otorgándoles un protagonismo que ni Calderón se había atrevido a otorgarles.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe”, aseguró en su discurso del pasado 1 de diciembre.

El presidente dedica todas las mañanas a dar seguimiento al tema, en reuniones de seguridad en las que se le siguen reportando cifras que no mejoran.

“La verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes, que recluten a los jóvenes, quitarles el semillero, impedirles que cuenten con un ejército de reserva para delinquir”, dijo el pasado jueves.

Pero las cifras que reflejan la incidencia de homicidios y otros delitos no le ayudan a convencer al país de sus dichos.

No hay guerra, pero diariamente hay más de 100 mil elementos militares desplegados en territorio nacional; no hay guerra, pero aumenta el gasto militar y la influencia del Ejército en múltiples funciones del Estado; no hay guerra, pero sigue habiendo masacres cometidas por grupos delincuenciales; no hay guerra, pero México sigue siendo uno de los países más peligrosos para migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos; no hay guerra, pero los muertos se siguen contando por miles.

Quince años después, la guerra sigue. No la declaró Andrés Manuel, pero sí le corresponde a él que ésta llegue a su fin.