Hoy se cumplen 11 años de uno de los más grandes golpes contra los derechos laborales en la historia del país. En 2009 el entonces presidente Felipe Calderón dejó sin trabajo a más de 44 mil trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Detrás, siguen acusando electricistas, estaba el negocio del triple play

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Cuartoscuro y Duilio Rodríguez 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los últimos minutos del 10 de octubre de 2009 elementos de la Policía Federal sitiaron las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El ataque sorpresa incluyó un helicóptero y fue transmitido en todo el país por las televisión. Esa noche 44 mil trabajadores vieron cómo la policía confiscó la empresa pública que suministró de energía al centro del país desde 1903, dejándolos desempleados. Otros 22 mil jubilados quedaron a merced del destino.

La toma y extinción de Luz y Fuerza del Centro, según el entonces presidente Felipe Calderón fue producto de las desproporcionadas prestaciones laborales de las que eran beneficiarios los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que estaban llevando a la compañía a la ruina. Sin embargo, estas no eran diferentes de las que gozaban los trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El SME asegura que el golpe fue un intento privatizador que siguió el mismo esquema que décadas anteriores se usó para llevar de manos públicas a privadas cientos de empresas como Teléfonos de México, las minas de Cananea y el Banco Nacional de México entre otras. El esquema empieza por volver ineficiente a la empresa, que después enfrentará la quiebra para ser “rescatada” por algún privado.

El decreto de extinción, el documento con el que Calderón avaló la toma de la compañía, habla de las descomunales transferencias económicas que hacía el gobierno Federal a Luz y Fuerza que casi duplicaban los ingresos de la empresa por venta de energía eléctrica, pero no menciona que más del 70 por ciento de esas transferencias estaban destinadas a comprar energía a la Comisión Federal de Electricidad, que le vendía caro y la obligaba a vender a un precio por debajo de ese costo. 

Por ejemplo, en 2007 la empresa española Unión Fenosa le vendió a la CFE el kilowatt por hora a 59 centavos, electricidad que la CFE revendió a Luz y Fuerza a un peso, mientras que esta última estaba obligada a venderlo a 93 centavos. Este esquema operó por décadas, hasta volver insostenible la empresa.

Un golpe por el triple play

La épica televisiva con la que Calderón se apropió de las instalaciones de Luz y Fuerza en agosto fue parte de un plan que se había gestado a inicios de abril de ese 2009, cuando su administración impulsó la candidatura de Alejandro Muñoz, secretario tesorero del Sindicato en contra de Martín Esparza como un intento para dividir el sindicato.

Las elecciones internas  las ganó Martín Esparza, por una diferencia de 352 votos en contra del candidato del gobierno Federal. Los escrutadores de Alejandro Muñoz contaron tres veces los votos y aceptaron la victoria de Esparza públicamente, pero nunca firmaron el acta de la votación, motivo en el que se escudó la Secretaría del Trabajo para no reconocer a Esparza como líder sindical. 

El fin del plan era hacerse con el control de la infraestructura de Luz y Fuerza que no solo le permitía llevar electricidad a la zona más densamente poblada y con el nivel de ingreso más alto del país. Gracias a su red de cobre de más de mil 100 kilómetros también tenía la capacidad de proveer servicios de datos y telefonía a un bajo costo. 

Según el propio Sindicato, las empresas que se disputaban el tendido de fibra no podían admitir que un sindicato “plebeyo” hubiera logrado arrendar sus redes eléctricas en la zona más prometedora del centro del país, sino que además pudiera constituirse como una concesionaria para brindar servicios de Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet) gratuitos a miles de millones de mexicanos. 

Los documentos secretos de Calderón

Parte central del plan del gobierno de Calderón recaía en un par de documentos bajo la rúbrica del subsecretario de electricidad Benjamín Contreras. Uno era el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro con fecha del 28 de septiembre del 2009. El otro era un Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro elaborado el 31 de agosto de ese año. Ambos documentos se mantuvieron en secreto e incluso fueron clasificados bajo la premisa de que su publicación comprometería la seguridad nacional. 

El martes 13 de octubre, dos días después de la toma de la compañía, el diputado panista Francisco Javier Ramírez Acuña recibió ambos documentos para que el congreso aprobara la ejecución de Luz y Fuerza. En la página 12 del documento se explica que el despido de los 44 mil 600 empleados podría tener como consecuencia riesgos inherentes a la integridad física de las personas y sus bienes; como resultado de disturbios, eventuales ataques al sistema eléctrico nacional y la integración de procedimientos judiciales para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del golpe.  

El gobierno de Calderón esperaba que en las horas y días siguientes al cese de la compañía de luz, sus trabajadores cayeran en la trampa de la provocación y salieran violentamente a la calle, para así legitimar su coartada. No fue así. 

El apoyo y la pelea

Cientos de organizaciones sociales de todo tipo se reunieron en las semanas siguientes rompiendo años de sectarismo. maestros, mineros, telefonistas, estudiantes, campesinos, la gente de Atenco así como muchos otros ciudadanos salieron a las calles, de forma pacífica, para protestar en contra de la decisión autoritaria de Calderón. Y es que el SME apoyó un enorme abanico de movimientos sociales a lo largo de las décadas. 

Un mes después, el 23 de noviembre once trabajadoras jubiladas iniciaron una huelga de hambre Demandaban la revocación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y la reinstalación de todos sus trabajadores. El ayuno terminó el 9 de diciembre bajo la condición de instalar una mesa de negociación y diálogo real.

Un día antes, el Sindicato recibió una carta en la que se le comunicaba de una Comisión de Diálogo integrada por José Narro Robles, entonces rector de la UNAM; José Enrique Villa Rivera, director general del Politécnico; así como por los senadores Carlos Navarrete, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, coordinadores de la bancada del PRD, PRI y PAN, respectivamente. La comisión de notables, le llamaron. 

Esta comisión sentó las bases para un diálogo con el Gobierno Federal, su demanda más importante pedía que el Gobierno Federal respetara los derechos laborales de todos los empleados de la compañía así como de los jubilados; demandaban una indemnización conforme a derecho y no perder sus pensiones. El gobierno de Calderón se negó. 

En el paso de los meses desde el golpe, el gobierno de Calderón ofreció una indemnización mísera, comparada con los años de trabajo de muchos electricistas y con lo que por ley les hubiera correspondido. El 15 de enero de 2010 el SME acudió a la secretaría de gobernación solicitando el regreso inmediato de los puestos de trabajo de más de 18 mil trabajadores que no se habían liquidado y que querían restablecer el suministro de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza, pero ninguno regresó a su trabajo en esa compañía. 

¿Qué pasó con el triple play?

En los años siguientes, trabajadores de la CFE suplieron de forma silenciosa el cableado de cobre de Luz y Fuerza del Centro. Lo cambiaron por aluminio. Nunca hubo claridad sobre qué pasó con los miles de kilómetros de cable de cobre que fue sustituido, sin necesidad alguna, excepto, aparentemente, la de eliminar la capacidad de que esta red proveyera servicios de datos, telefonía y cable a precios accesibles.