Para abaratar la mano de obra de personas migrantes, el gobierno de Estados Unidos implementa mecanismos coercitivos para sembrar terror con el propósito de desmantelar las organizaciones comunitarias que luchan todos los días por la libertad y derechos humanos

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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) publicó un informe detallado de cómo el aparato de seguridad de Estados Unidos comparte información que recopila a través del sistema de vigilancia digital con agentes federales de inmigración y el aparato de justicia de los estados que prohíben el aborto y sancionan a las mujeres que la practican.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Angelina Godoy, dijo que estas políticas contravienen el espíritu democrático del estado de Washington que se ha comprometido a salvaguardar los derechos reproductivos y limitar a las autoridades estatales y locales para aplicar la ley federal de inmigración, sin embargo, el uso sin restricciones de herramientas de vigilancia digital destruye los derechos humanos. 

El documento fue publicado el 7 de diciembre de este año por UWCHR, la directora Godoy señaló:

“El intercambio debilita las posiciones y políticas oficiales del estado de Washington donde se protegen a las comunidades de inmigrantes, la justicia reproductiva y los derechos LGBTQIA2S+, así como la Ley de Trabajo de Keep Washington (KWW), la Ley de Tribunales Abiertos a Todos y la directiva del gobernador Jay Inslee que prohíbe a la Patrulla del Estado de Washington proporcionar cualquier cooperación o asistencia a los agentes federales de inmigración”.

Las organizaciones comunitarias, como Surge NW, Radical Women, La Resistencia, junto con la ACLU de Washington, manifestaron que esta investigación los alimenta más para luchar contra la vigilancia digital a través de “la colaboración entre corporaciones y organismos de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal”. 

De acuerdo a la investigación que hizo UWCHR se descubrió que los lectores automatizados de matrículas (ALPR o alternativamente LPR) colocadas en distintas jurisdicciones del estado de Washington, obtiene información que se agregan a las bases de datos y da acceso a agentes federales de inmigración y a las agencias investigación y aplicación de la ley los estados como Idaho y Texas. 

Idaho y Texas cuentan con Los sistemas ALPR que consiste en una cámara configurada para capturar imágenes de coches que al emparejarse con el software esta escanea las imágenes y convierte los números de matrícula en datos alfanuméricos que se emparejan con datos de hora, fecha y ubicación que pueden ser utilizados por las fuerzas del orden para entender dónde vive, trabaja y viaja una persona. 

Los datos de todas las personas que pasan frente a la cámara ALPR son registrados por el sistema, independientemente de que sean sospechosos de violar la ley o no. El informe da cuenta que los agentes federales de inmigración utilizan bases de datos compartidas de matrículas, así como bases de datos que contienen información de vigilancia digital para rastrear a los conductores en California. 

Lo grave en el estado de Washington, es por el uso que le dio el Centro Nacional de Análisis Criminal y Orientación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés, al utilizar la información de bases de datos compartidas para eludir los requisitos de órdenes estatales y alertar a los agentes de inmigración para realizar redadas y arrestos de personas migrantes en sus casas.

El codirector de la Resistencia, Manuel Abrego señaló: “Saber que la policía local en nuestro estado no solo continúa colaborando con ICE independientemente de nuestra ley estatal KWW, sino que también comparte los datos que se recopilan en lugares públicos sin nuestro conocimiento, muestra una total falta de responsabilidad y voluntad por parte de las agencias locales de aplicación de ayudar a ICE a eludir nuestras protección. Tenemos que luchar no solo contra la recopilación y el uso excesivo de nuestros datos, sino responsabilizar a todos los organismos locales de aplicación para que no colaboren con ICE”.

Abrego estuvo detenido en el Centro de Detención de Tacoma hace cuatro años y desde su experiencia ha levantado la vos en contra de la vigilancia digital compartida. “El sistema también vigila a mujeres que buscan el aborto seguro y atención de afirmación de género en riesgo por enjuiciamiento, intimidación y acoso”. 

De acuerdo al informe, estados como Idaho y Texas tienen acceso a bases de datos compartidas que contienen información sobre la ubicación de la matrícula que pueden utilizar para ubicar todos los vehículos que viajan a o cerca de las mujeres que buscan aborto seguro. “La justicia reproductiva está definida por Sistersong como el derecho humano a mantener la autonomía corporal, tener hijos, no tener hijos y ser padre de los hijos que tenemos en comunidades seguras y sostenibles”. 

Mientras que Surge Reproductive Justice (SRJ), señala las medidas atenta en contra de las mujeres negras, las mujeres de color y las personas queer y trans de color, comunidades que han estado histórica y actualmente en la primera línea en la lucha por la autonomía corporal. 

Así las cosas, en el estado de Washington el ICE tiene las canchas amplias para perseguir a migrantes, mujeres de color, y mujeres que buscan ejercer la autonomía corporal. Lo que sorprende de esta medida que emprendió el gobierno de Estados Unidos es que los Demócratas en reiteradas ocaciones han manifestado estar a favor de los derechos humanos, sin embargo en los hechos es completamente contrario a la de los Republicanos. 

Para abaratar la mano de obra de personas migrantes, el gobierno de Estados Unidos implementa mecanismos coercitivos para sembrar terror en la comunidad migrante con el propósito de desmantelar las organizaciones comunitarias que luchan todos los días por la libertad y derechos humanos.