Más de 68 mil personas han buscado asilo en Estados Unidos. No está claro cuántas siguen en el país, pero todas enfrentan condiciones de extrema precariedad, en poblaciones controladas por el crimen organizado, sin acceso a la seguridad personal y, en muchos casos, sin la posibilidad de servicio médico o condiciones seguras de higiene

Texto: Alberto Nájar

Fotos: Cortesía IMUMI

En silencio, con la mirada a veces de asombro, casi siempre de tristeza, Jill Biden, esposa del presidente electo de Estados Unidos, caminó entre casas de campaña, ropa tendida en los árboles, niños delgadísimos que jugaban en la tierra.

Escuchó atenta las historias de quienes habitan el improvisado campamento, más de 2 mil personas en Matamoros, Tamaulipas. 

Supo del peligroso viaje de miles de kilómetros desde Centroamérica hasta la frontera norte de México. De la esperanza de conseguir asilo en territorio estadounidense.

Y de la cruda realidad que enfrentan. Todos quienes sobreviven en ese predio terregoso, sin agua potable, alimentos escasos y sin atención médica fueron obligados a permanecer en suelo mexicano por el gobierno de Donald Trump.

Son parte de la política migratoria del todavía presidente de Estados Unidos y acatada por el gobierno de México.

La visita de la esposa de Joe Biden fue en diciembre de 2019, un año después que la Casa Blanca empezó a aplicar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El programa, conocido también como Quédate en México, obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano mientras sus casos son atendidos en cortes de migración.

Con estimaciones realizadas en la investigación, más de 68 mil personas han buscado asilo en Estados Unidos. No está claro aún cuántas permanecen en México, pero todas las que siguen en el país están en condiciones de extrema precariedad, en poblaciones controladas por el crimen organizado, sin acceso a la seguridad personal y, en muchos casos, sin la posibilidad de contar con servicio médico o al menos condiciones seguras de higiene.

Algo fundamental en la pandemia de covid-19 que desde hace algunas semanas se encuentra en un nuevo momento de crisis, especialmente en las poblaciones donde se concentran estas personas.

Una condición de vulnerabilidad que, en ese diciembre de 2019, entendió Jill Biden. “Es desgarrador. Es realmente desgarrador” dijo mientras miraba las casas de campaña a unos metros del Río Bravo.

“Al otro lado está la bandera de Estados Unidos. La bandera ofrece esperanza a la gente” añadió.

“Todos somos inmigrantes y nuestra nación se construyó con la inmigración y le damos la bienvenida a los migrantes. Pero ese no es el mensaje que estamos mandando aquí en la frontera. Les decimos alto, no vengan. Pero eso no es lo que somos”.

Joe Biden apoyó el mensaje de su esposa y, de hecho, la visita al campamento inspiró una de sus banderas centrales de la campaña electoral: 

Eliminar la política migratoria de Trump y cancelar, en sus primeros 100 días de gobierno, el programa MPP.

Un año después Biden es el presidente electo de Estados Unidos. Y varias organizaciones civiles le recuerdan que se acerca el momento de cumplir la promesa.

“Encontraron el horror”

Las condiciones de precariedad y abandono de los solicitantes de asilo en Estados Unidos se narran en el informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México.

El documento fue elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Durante un año las organizaciones revisaron la forma como se aplica el Programa. El resultado es una serie de abusos a los derechos de los solicitantes de asilo, no sólo por parte de autoridades sino por bandas de delincuencia organizada.

Hay, además, varias irregularidades legales en la forma como se implementó la estrategia.

La más notoria es que, en los hechos, se trata de un acuerdo binacional que debió ser avalado por el Senado de la República.

En cambio, el Programa fue autorizado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Cuando se anunció el inicio de la estrategia el canciller Marcelo Ebrard dijo que se trataba de una “medida humanitaria”.

Sin embargo, el gobierno mexicano no ha garantizado a los solicitantes de asilo el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, empleo o seguridad. 

Por el contrario, advierte Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, los solicitantes de asilo son enviados a ciudades de la frontera norte del país.

Son lugares que el Departamento de Estado incluye en su lista de más peligrosos para los ciudadanos estadounidenses, a y a donde recomienda no visitar.

El gobierno mexicano se comprometió a no aceptar el envío de mujeres embarazadas, pero el informe documenta decenas de casos a quienes no se les otorga la atención médica que requieren.

Las condiciones de precariedad y abandono del Estado se agudizaron durante la pandemia de covid-19

La Secretaría de Salud desconoce cuántas personas bajo el Programa Quédate en México han sido atendidas por coronavirus.

Tampoco sabe el número de pruebas PCR se ha hecho en esta población, ni las medidas del gobierno federal y loes estatales para prevenir los contagios.

El riesgo de contraer la enfermedad es particularmente alto en sitios como el campamento de Matamoros, donde los albergados no tienen acceso a servicios de higiene adecuados.

Los testimonios recabados para el informe dicen que, con frecuencia, la única fuente de agua disponible es el Río Bravo. 

Las cifras oficiales sobre el impacto de la pandemia entre los migrantes, señalan que hasta octubre pasado había tres mil 78 casos de contagio de covid-19

Pero se refieren al universo de extranjeros atendidos en los servicios públicos de salud. Sobre los contagios entre solicitantes de asilo no hay datos específicos.

Son parte de los abusos que aparecen en el documento. 

“El informe da cuenta de los efectos más graves de las políticas migratorias, y de los acuerdos migratorios firmados entre México y Estados Unidos”, explica la directora de la FJEDD.

“Habla de las vidas de niñas, mujeres, hombres que han sufrido horrores de manos del crimen organizado coludido con el Estado para secuestrar, violar, y asesinar a personas solicitantes de asilo que vienen huyendo de su país por cuestiones de seguridad, y que se han encontrado en México en la boca del lobo”.

Promesa pendiente

La situación de los miles de solicitantes de asilo bajo el MPP es una de las prioridades del presidente electo Joe Biden, recuerda Gretchen Kuhner directora de IMUMI.

“MPP es tan grave que ha prometido anunciar la terminación de esta política en sus primeros días” de gobierno, explica.

De hecho, en su página oficial Biden afirma que el programa “ha contribuido a un ciclo de violencia, extorsión y secuestros de personad que están huyendo de la violencia en sus países y están buscando protección”.

La mayor parte de esos crímenes no se investigan, advierten las organizaciones civiles.

Así, el 14 de diciembre presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos sufridos por solicitantes de asilo al ser enviados a territorio mexicano.

La denuncia es “por la muerte, posible ejecución arbitraria, desaparición y privación de la libertad de migrantes que forman parte del programa Quédate en México”, señala el documento.

IMUMI, FJEDD, Asylum Acces y Wola documentaron que desde inicios de 2019 y mayo de 2020 más de mil integrantes del programa fueron víctimas de secuestro, abuso sexual, extorsión, tortura o asesinato.

Antes de la denuncia ante la FGR se habían presentado dos amparos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN) y la Corte Suprema de Estados Unidos.

El objetivo es que se declare la ilegalidad del acuerdo binacional. Y de paso terminar con los abusos cometidos en México.

“Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump”, señala el informe.