Pueblo Sapara en Ecuador pierde tierras y está en riesgo de existencia

11 junio, 2021

Manari Ushigua, líder sapara, se pronuncia en la rueda de prensa del martes 25 de mayo a las afueras del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador

¿Por qué es importante que los pueblos indígenas sean dueños de sus tierras ancestrales? El pueblo Sapara de la Amazonía tiene una herencia milenaria; incluso la Unesco declaró su cultura patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin embargo, los gobiernos ecuatorianos han entregado su territorio a empresas petroleras.

Texto: Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx

Fotos: Ramiro Aguilar Villamarín @miro.a.villamarin (Ig)

Quito, Ecuador.- Una comitiva del pueblo Sapara denunció este martes 25 de mayo, la entrega de su territorio ancestral a una organización que consideran «ilegítima», asociada a Andes Petroleum. 375 mil hectáreas de selva amazónica pertenecen a 23 comunidades saparas en la provincia de Pastaza donde se ubican además los bloques petroleros 79 y 83. Los Sapara son un pueblo milenario del cual se registran actualmente 500 personas con tres hablantes de su lengua materna. Fueron reconocidos en 2011 por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Piden ayuda al nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso para recuperar su territorio, expuesto al extractivismo petrolero y maderero de compañías nacionales y transnacionales por la adjudicación irregular hecha en el gobierno de Lenin Moreno.

Derecho de los pueblos al territorio

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 reconoce derechos básicos de los pueblos indígenas como el derecho al autogobierno y a la autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, entre otros, basándose en el principio general del derecho a la libre determinación. 

El derecho al territorio ancestral es reconocido en el Art. 57 de la Constitución del Ecuador y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, derechos colectivos como: la propiedad imprescriptible, exención de pago de tasas e impuestos, adjudicación gratuita, no ser desplazados. Sobre todo, la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.  

El pueblo Sapara es una de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos en Ecuador. Tienen presencia en el sur del Ecuador en la provincia de Pastaza, así como en el norte de Perú. En 2001, la UNESCO declaró el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Sapara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La entrega irregular de sus tierras ancestrales pone en peligro su subsistencia como pueblo milenario. Más evidente aún, el despojo territorial facilita a las compañías locales y extranjeras la entrada a su territorio para la extracción petrolera y maderera a la que el pueblo Sapara se resiste. 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, el aporte del petróleo al Presupuesto General del Estado mantiene un promedio del 40 % en el año 2000 al  38.7 % en 2011. Casi la mitad de los ingresos son financiados con las exportaciones del petróleo. Sin embargo, en 2014, los ingresos representaron sólo el 12.04%. y en 2019, el 37.93%. Ecuador pasó de recaudar USD 7 mil 784.65 millones en 2019 a USD 4 mil 832.13 millones en el año 2020. En esta balanza comparativa de ingresos petroleros y efectos de la contaminación por explotación petrolera ¿vale la pena continuar sacrificando a las poblaciones indígenas y la selva que defienden?

Amenazados por las petroleras

El 4 de noviembre de 2020, la nacionalidad Sapara pidió la anulación del contrato de explotación con Andes Petroleum. En esa ocasión, frente a las instalaciones de Petroecuador, Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad Sapara, expresó: «Somos firmes, no queremos explotación petrolera en nuestro territorio».

Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad Sapara, fue la primera en intervenir en la rueda de prensa del martes 25 de mayo. Pidió que la Subsecretaría de Tierras «anule ese título que otorgó de manera irregular». El Pueblo Sapara ha manifestado su decisión de vivir sin extractivismo en la Declaración Kamunguishi, un mensaje para un planeta en plena crisis ecológica.

La defensora ha sido amenazada constantemente y recibió en represalia, la resolución de su nombramiento por la Secretaría Nacional de la Gestión Política en abril de 2018. Su denuncia la hizo con el respaldo de Mujeres Amazónicas, sus compañeras de lucha. Su caso no es el único y se suma el de Gloria Ushigua, Coordinadora de la organización de mujeres Sapara Ashiñwaka. La líder histórica denuncia amenazas desde 2010 por la defensa de su comunidad Llanchama Cocha. 

Nema Grefa y Gloria Ushigua son integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas. El informe «No nos van a detener» publicado por Amnistía Internacional en 2019 recoge las denuncias de las defensoras Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar en la provincia de Pastaza y expone las fallas de la Fiscalía General en dar respuesta.  

Nema Grefa, presidenta de la Nación Sapara del Ecuador, da inicio a la rueda de prensa. 25 de mayo de 2021. Exteriores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador

“Nadie nos consultó”

Denuncia Juan Ruiz, delegado de la comunidad de Torimbo, quien solicitó una audiencia con el nuevo ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, quien acaba de firmar el Decreto Ejecutivo N° 59 para una política ambiental “que permita conciliar la agenda económica con la acción climática y social”. El cambio en el título del territorio de la NASE se hizo «sin consulta» y vulneran derechos de 23 comunidades, explicó. De la misma forma, Mario Ruiz, vicepresidente de la comunidad Suraka, puso en evidencia el engaño del que fue objeto: “Me hicieron firmar un documento para entregar un lote. Mi comunidad no tenía conocimiento de eso (cambio de propietario)”. 

El 25 de julio de 2019, Luis Bernabé Armas Cariajano, en calidad de presidente de la Asociación Ancestral Sapara de Pastaza «Naruka» solicitó a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Dirección de Regularización de Tierras, la rectificación de nombre de la adjudicataria del territorio de 251.503 hectáreas con lo cual se apropian del territorio sapara. “Naruka está conformada por personas que no representan los intereses de la nacionalidad y sus comunidades” se aclara en el comunicado del 22 de mayo firmado por la NASE, filial a Confenaie, Conaie y Coica, organizaciones de representación indígenas locales. 

El trámite se hizo a través de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, sin consulta previa a la organización que los representa oficialmente, la Asociación Nación Sapara del Ecuador (NASE), titular de las tierras comunitarias desde el 22 de junio de 1992, a favor de la Comunidad de Zaparos (nombre con el cual se llamó por largo tiempo a Los Saparas).  La NASE califica de «ilegítima» a la Asociación Naruka, y desacredita las acciones que realizó para obtener las firmas de los representantes de las 23 comunidades. 

Juan Ruíz, delegado de la comunidad sapara de Torimbo, denuncia la adjudicación ilegítima de parte del territorio de su comunidad en la rueda de prensa. 25 de mayo de 2021. Exteriores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador


Doble despojo

Pero lo más preocupante es el doble despojo que enfrenta el pueblo Separa. Por un lado, el robo de sus tierras comunitarias y ancestrales que pasó de manos de la NASE a la Asociación Naruka; y en segundo lugar, la licitación de sus tierras bajo el interés nacional de la explotación de los Bloques 79 y 83. Esto, bajo la política extractivista que sostiene el modelo económico del Ecuador a pesar de la continua caída de ingresos por exploración y exportación de petróleo. 

De un total de 375 mil hectáreas que corresponden al territorio ancestral sapara, 250 mil hectáreas –que equivalen al 60 % de su territorio– fueron concesionadas a la empresa Andes Petroleum y PetroEcuador para la exploración y explotación de los bloques 79-83 y 74, respectivamente. Son 250 hectáreas entregadas a favor de Andes Petroleum, una de las inversiones chinas en Ecuador así como Tarapoa 14 y 17, la Estación de Almacenamiento y Transferencia en Lago Agrio y participación en la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), según documenta Miguel Luzuriaga.

Felipe Bonilla, ambientalista y miembro de Acción Ecológica, explicó que en 2012, la Asociación Naruka firmó un convenio de inversión social sin consultar con las bases y el resto de comunidades. Naruka estaría alineada con el programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente y Agua, iniciativa del Estado ecuatoriano, que reúne a representantes afines a la actividad extractivista. La motivación de Naruka es económica. El titular de las tierras Sapara recibe incentivos económicos por conservar el bosque: «…reconocemos que estamos viviendo las consecuencias de la interferencia externa que monetiza el cuidado y la preservación de la naturaleza generando graves conflictos internos en territorio Sapara» continúa el comunicado del 22 de mayo elaborado por la NASE. 

La división de las comunidades saparas no es nueva. Ha sido promovida por la política extractivista del gobierno de Rafael Correa que “busca la ampliación de la frontera petrolera en el suroriente amazónico”, fue la denuncia que quedó registrada el 1 de marzo de 2013, en el Anexo 6 del Pronunciamiento y Resoluciones de las Organizaciones Indígenas en Relación a la Décimo Primera Ronda Petrolera y el Proceso de Consulta Previa entre el 2012 – 2013.

Mapa: Ubicación de los bloques petroleros 79 y 83 en el territorio Sapara. Mapa cortesía de Carlos Mazabanda. Amazon Watch. 

Tierras ancestrales cuadriculadas para explotación petrolera

Rafael Correa reformó la Ley de Hidrocarburos de 1978 en varias ocasiones modificando el contrato de «prestación de servicios» que tenía dos condiciones fijas: la adjudicación de los contratos mediante proceso licitatorio, y el pago del 44.4% por impuesto a la renta. En opinión del académico, Henry Llanes, el modelo de contratación por «prestación de servicios» propuesto por Correa en 2011 definió: entregar a las empresas estatales extranjeras los principales campos petroleros que están en producción, hoy bajo el control del Estado ecuatoriano, campos en los que ya no hay riesgo exploratorio; hacerlo de manera directa sin proceso licitatorio; y que las petroleras extranjeras ya no pagarán el 44.4 % del impuesto a la renta, «sino el 25%, es decir, se les rebajó casi 20 puntos porcentuales de tributo». 

Otras condiciones facilitaron el control del poder Ejecutivo sobre los ingresos petroleros:  la subida de precios del petróleo entre 2010 y 2011, la eliminación de fondos desconcentrados de inversión pública y la emisión de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria de 2007 que establecía la recaudación del 70% sobre ingresos extraordinarios obtenidos por las ventas a precios superiores a los pactados o previstos en los contratos. En 2008, estableció una participación del 70% en los convenios operacionales de explotación unificada según el investigador, Fernando Martín Mayoral. 

Bajo este marco de acción gubernamental, en 2011 el territorio ancestral Sapara fue cuadriculado y fragmentado, asignándose los Bloques 79 y 83 en la provincia de Pastaza. En febrero de 2016, el gobierno de Rafael Correa ofertó la explotación de los Bloques 79 y 83 en la Ronda Suroriente, que forman parte de la Cuenca de Antepaís denominada POM (Putumayo – Oriente – Marañón). 

Para 2012, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador diseñó 21 bloques de aproximadamente 200.000 hectáreas cada uno, de los cuales el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) seleccionó 13 bloques que se ofertaron en la XI Ronda Petrolera bajo la modalidad de «prestación de servicios» en las provincias amazónicas de Morona Santiago y Pastaza. La oferta provocó interés en los capitales extranjeros y al mismo tiempo, procesos de resistencia en las organizaciones indígenas. 

En 2011, el gobierno ecuatoriano actualizó la Ley de Hidrocarburos y modificó el modelo de contrato de “prestación de servicios” y “servicios específicos” para la exploración y explotación de hidrocarburos creado en 1982. En 2012, el gobierno ideó un contrato para tarifa fija del precio con un margen de soberanía de 25 % del ingreso bruto.

El 25 de enero de 2016, el Estado ecuatoriano firmó contrato y concesionó a favor de Andes Petroleum, consorcio de empresas chinas entre National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec) la exploración y explotación de los Bloques 79 y 83, en territorio Sapara. Desde 2015, las operaciones de Andes Petroleum, registran una producción diaria de al menos 52 mil barriles de petróleo (bdp). 

En 2018, cuando la empresa alegó causas de fuerza mayor para desarrollar las actividades y cumplir el contrato. La verdadera razón fue la oposición del pueblo Sapara que obligó a Andes Petroleum a salir del Bloque 79 que afecta 400 mil hectáreas de selva tropical. En 2019, el Ministro de Energía y Recursos no Renovables anunció que no se licitarían los Bloques 86 y 87 en territorio sur oriente, situación que la NASE y la nacionalidad Shiwiar asumen con un triunfo de su proceso de resistencia

A nivel internacional, el gobierno de Rafael Correa proyectaba una imagen respetuosa de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana de 2008. En octubre de 2013, impulsó la campaña «uno por mil (1 X 1.000)» para justificar la explotación de los Bloque 31 y Bloque 43 o denominado ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) ubicados en el Parque Nacional Yasuní. La afectación es a la zona de amortiguamiento de protección a los pueblos en Aislamiento Tagaerí – Taromenane y al pueblo Kichwa de Sarayaku. 

En 2009, el pueblo Sarayaku demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obteniendo en 2012, sentencia a su favor que manda: “adoptar, con la participación de los Pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para  hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada, y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales”.  

Demandas y protestas

El número de Saparas se reduce cada vez más. Actualmente son aproximadamente 500 saparas quienes mantienen viva a su cultura en 23 comunidades en un territorio que abarca 375 mil hectáreas. Enfrentan la división en las comunidades Saparas por ofertas de empleo y propiedad de las tierras. 

«Aunque estamos desapareciendo, estamos aportando a la humanidad con un aire y un agua limpios que están beneficiando el mundo, queremos que el Gobierno ecuatoriano reconozca eso», refirió Manari Ushigua, líder Sapara, ambientalista reconocido a nivel nacional e internacional, quien voluntariamente promueve TiNi, propuesta pedagógica y ambiental que se da a través del programa de Educación Ambiental del MinEduc “La casa de todos”. 

«El pueblo Sapara conservó 9 mil años de cultura» explicó Alejandro Santillán, uno de los académicos de la Universidad Central del Ecuador. La oferta de territorios ancestrales a empresas nacionales y extranjeras vulnera los derechos del pueblo Sapara a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que podría provocar su desaparición y daño a la selva que protegen. Un “terricidio” en los términos del Buen Vivir

Si dentro de dos meses el gobierno no atiende la petición de restitución de sus tierras, el pueblo Sapara demandará al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU para impedir el despojo de sus tierras ancestrales, y por tanto, de la supervivencia cultural. El antecedente se encuentra en el caso del pueblo Kichwa de Sarayaku en 2009 y en el fallo a favor del pueblo waorani en julio de 2019 que puso en evidencia el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

Por su parte, Andes Petroleum busca recuperar $392.4 millones de USD tras lo que considera una pérdida en Ecuador y demandará la indemnización de su contrato. Intenta replicar el logro de Occidental Petroleum Corp (Oxy) que obtuvo 1,716.6 millones de USD en compensación por la confiscación de los activos petroleros en el Bloque 156, durante el gobierno de Alfredo Palacios en 2006. Ecuador confiscó a Oxy en reacción al traspaso del 40% de su participación a la canadiense Encana y a Ovintiv Inc., que más tarde vendió sus activos ecuatorianos a Andes Petroleum.

La situación se agrava mientras el pueblo Sapara enfrenta «en total abandono» la pandemia por covid-19, denunció la dirigente de género y familia de la nacionalidad, Irene Toquetón. «Queremos que el Gobierno nos respete, somos el pulmón del mundo, hacemos un llamado a toda la humanidad para que tome conciencia de que somos defensores de la selva». 

El 27 de mayo, las protestas del pueblo Sapara continuaron en Puyo, provincia de Pastaza. El día anterior, consiguieron audiencia en la Asamblea Nacional, y se encuentran a la espera de acciones en favor de la permanencia de su pueblo y cultura. El Pacto Ecosocial del Sur, con el respaldo de 800 organizaciones en América Latina y a nivel mundial, convocó la firma de la Declaración en favor del pueblo Sapara hasta el 15 de junio en el siguiente link

Nema Grefa (der.) y Andrés Ruíz (izq.), presidenta y vicepresidente de la Nación Sapara del Ecuador, junto a una delegación de la nacionalidad, por ingresar a la audiencia para presentar formalmente su denuncia ante el Estado.

Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Premios: Primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo [Ecuador, 2017]; segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje [Ecuador, 2016]; primer lugar en Crónica del Cincuentenario organizado por la UABC con Relato de una foránea [México, 2007].

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