Francia y la electricidad: ¿Nacionalizar las pérdidas?

9 julio, 2022

Foto: Jametlene Reskp / Unsplash

Frente a la guerra en Ucrania, Francia redobla esfuerzos por proteger su autonomía energética. El presidente Macron quiere desarrollar su programa nuclear fortaleciéndola y con el Estado francés como rector. ¿Pero esta idea es el consenso de todos en Francia?

Texto: Iván Cadin @ivankdin

Foto: Jametlene Reskp / Unsplash

PARÍS, FRANCIA.- “Debemos tener control total sobre nuestra producción y rendimiento de electricidad (…) Debemos asegurar nuestra soberanía frente a las consecuencias de la guerra (en Ucrania) y los colosales desafíos por venir. Estamos en un periodo de la historia en que los países deben ganar también la batalla de la energía y la producción. Ante esto, les confirmo la intención del Estado de poseer el 100 por ciento del capital de EDF (Électricité de France)”.

El anuncio, hecho por la primera ministra francesa Élisabeth Borne ante la Asamblea Nacional, ha marcado un punto de inflexión en el debate energético que se vive actualmente en todo el mundo. Francia produce la mayor parte de su electricidad con energía nuclear, siendo EDF, precisamente, el eje rector de esta infraestructura.

Durante casi hora y media que duró el discurso, que en los hechos se trata del planteamiento general de las políticas a desarrollar en el próximo gobierno del recientemente reelecto presidente Emmanuel Macron, la funcionaria habló también de poder de compra, trabajo, salud, educación, seguridad, entre otros temas, siendo el energético el que llamó más la atención en el extranjero, dados los diversos nervios que toca y siendo interpretado con diversas lecturas.

El Estado francés posee actualmente 83.76 por ciento del capital de EDF, la mayor empresa de electricidad en Francia, lo que convierte a la nación gala en una de las pocas en la Unión Europea con considerable margen de maniobra y control soberano sobre sus energéticos.

(Hacemos este anuncio) Para reforzar la capacidad de llevar a cabo cuanto antes proyectos ambiciosos y esenciales para nuestro futuro energético. (…) Seremos la primera gran nación ecológica en salir de los combustibles fósiles, pero para eso necesitamos tener el control total de la producción».

El anuncio hecho por Borne fue respaldado horas después por funcionarios del gabinete de Macron tras una reunión de ministros. 

“Nuestra responsabilidad es prepararnos para todos los escenarios tomando medidas para asegurar nuestro suministro”, dijo la ministra de energía, Agnès Pannier-Runacher, tras la reunión, siendo secundada por el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, quien justificó la nacionalización total de la mayor empresa eléctrica francesa «porque la independencia energética no tiene precio».

Semanas antes, el 13 de junio, el presidente Macron señaló que Francia había entrado a una “economía de guerra” dada la crisis en Ucrania, haciendo referencia a la necesidad de autoabastecimiento, seguridad y defensa del país. Bajo esta premisa, el Estado podrá intervenir si fuese necesario las centrales de gas para incentivar la producción de ciclos combinados. Igualmente, se habla de que para octubre próximo reabriría una central de carbón que había cerrado apenas en marzo pasado, entre otras diversas medidas.

2017: La idea original, vender activos de EDF

Que un gobierno como el de Emmanuel Macron, que se caracterizó en su primera gestión como una administración muy proclive al adelgazamiento del Estado y del servicio público, haya anunciado una medida donde es precisamente el Estado quien jugará papel preponderante y más en el campo energético, ha llamado mucho la atención en Francia. Mientras unos aplauden la iniciativa, otros la ven con cierta cautela.

En 2017, cuando entraba por vez primera al Palacio del Elíseo, Macron tenía otros planes para el sector energético francés: para incentivar “la innovación tecnológica” y hacer “más eficiente la economía”, consideraba enajenar activos de empresas públicas, entre ellas la reducción de la participación estatal en la generación de luz en la propia EDF, proyectos que se conocen en la opinión pública como Hercule y Clamadieu

Pero evidentemente 2017 no es 2022. Macron no tiene ahora el arrastre popular con el que llegó en su primera presidencia, no tiene mayoría en la Asamblea, su principal grupo opositor es la coalición de grupos de izquierda (NUPES, su nombre), pero sobre todo, la Europa en la que hoy se desenvuelve Francia está sumida en una inflación mundial y en un conflicto en desarrollo en Ucrania, cuyas repercusiones en el tema energético, económico, social y ecológico para corto y largo plazo han obligado a reconsiderar muchas tesis, políticas y conceptos. De las buenas, de las malas y de las peores.

Nuclear, el modelo energético francés

Gran parte de la energía que se produce en Francia viene de la industria nuclear, industria que le permite producir y exportar tecnología nuclear, intercambio que le otorga al país un superávit de aproximadamente 7 mil millones de euros al año, según cifras de la propia empresa. Francia es, además, el primer fabricante europeo de reactores nucleares con Areva, empresa que el gobierno rescató, por cierto, en 2016. 

En 2020, la tecnología nuclear representó el 67.1 por ciento de la producción total de electricidad en el país, según reportes de RTE (Red de Transporte Eléctrico, el operador responsable de la red pública de electricidad francesa). La energía nuclear es un modelo energético que Francia reivindica y que el actual gobierno pretende incentivar.

Paralelamente, los órganos de la Unión Europea le permiten a Francia desde 2010 contar con una regulación específica de los precios de la energía nuclear, pese a que las normas comunitarias impiden poner tope a los precios. A este bloqueo de precios se le conoce como ARENH (Acceso Regulado a la Electricidad Nuclear Histórica, por sus siglas en francés). Esta fijación de precios, que tiene como fecha límite 2025, es una excepción en Europa.

El año pasado Macron anunció, como parte de su política energética a largo plazo, la creación de seis nuevos reactores nucleares, los cuales comenzarían a funcionar entre 2035 y 2050, con un costo aproximado de 52 mil millones de euros. Francia es el segundo país del mundo con más reactores nucleares, sólo después de EU, con 58 y 98, respectivamente. 

“Verdes”, el gas y la energía nuclear

Durante su mensaje en el legislativo francés, Borne señaló que desarrollar la producción nuclear era un paso para dejar atrás las energías fósiles, una aseveración que en Europa provoca fuertes debates, tal como sucedió hace unos días en el Parlamento europeo cuando los eurodiputados votaron por otorgarle o no la etiqueta de “energía verde” al gas y a la energía nuclear.

Tras una votación ajustada, 328 eurodiputados votaron a favor de incluir la energía nuclear y el gas como actividades económicas medioambientalmente sostenibles y transitorias. En contra se pronunciaron 278 eurodiputados y hubo 33 abstenciones. Si en días próximos el Consejo Europeo no se opone, la nueva taxonomía energética entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Obviamente Francia lideró el grupo que pedía la inclusión nuclear en el rango ecofriendly. Países como España o Alemania, por ejemplo, se manifestaron en contra. Sin embargo, Alemania defendía la inclusión del gas (vale recordar la importancia vital del gas ruso para el suministro energético alemán).

Hace años la idea preponderante en las discusiones de los gobiernos de Europa era la de ir bajando el switch a las centrales nucleares, a excepción de Francia. En esta ocasión ante la realidad energética imperante pero también ante la presión de lobbys gaseros y nucleares (como denunciaron varios eurodiputados en la reciente votación), la legislación europea determinó que tanto el gas como lo nuclear ya no son energías tan contaminantes como antes se les consideraba y que pueden ayudar en la transición hacia las energías limpias.

Con esta nueva modalidad, el campo de las inversiones en energía abre nuevos caminos y elimina eventuales impuestos por emisión de Co2. Si de la noche a la mañana países como Irán o Venezuela pasaron de ser “dictaduras” a ser probables y potenciales socios energéticos, de la noche a la mañana despertamos con nuevas energías verdes.

EDF, una gigante en desgracia

EDF es hoy una sociedad anónima de capital público. Para mayo de 2022 daba electricidad a cerca de 26.2 millones de franceses, tres cuartas partes del mercado.

Fundada como empresa estatal en 1946 tras la Segunda Guerra Mundial, Électricité de France fue creada para nacionalizar la electricidad y el gas y para desarrollar la infraestructura en el país. Justo el año pasado se cumplieron 75 años de su creación y varias voces, en medio del debate de la transición energética, hablaron de que era urgente renacionalizarla de nuevo. 

Con el tiempo, EDF se convirtió en el principal productor y proveedor de electricidad en Francia y Europa. Actualmente el Estado francés la controla en un 83.76 por ciento de su capital, seguido de un 15.12 por ciento de accionistas institucionales e individuales; un 1.08 por ciento de accionistas empleados y un 0.04 por ciento de acciones propias. En 2004, el gobierno francés la convirtió en una sociedad anónima y en 2005 un 15 por ciento de sus acciones pasaron a subastarse en la Bolsa de París. La acción, que valía 32 euros en ese entonces, se cotizaba en 7 euros, aproximadamente, antes del anuncio. Tras el anuncio de la nacionalización, las acciones en la Bolsa subieron cerca de 14 por ciento.

EDF tiene presencia en todo el mundo. En México su participación ha sido poca pero polémica. La empresa acaba de tener un revés en el estado de Oaxaca tras perder un contrato: comunidades zapotecas lograron obtener por parte del gobierno mexicano la cancelación de una construcción eólica de EDF que iba a llevar por nombre “Gunaa Sicarú” y tener una extensión de 4 mil 700 hectáreas. Con el pretexto de las energías renovables, el proyecto de EDF legalizaba el despojo y la privatización de los recursos del sitio, argumentaron las comunidades de la zona que han enfrentado en juicios a la energética desde hace cinco años.

Aunque cerró 2021 con beneficios de 4 mil 700 millones de euros, EDF está en números rojos. Desde que se le liberalizó, en los últimos veinte años la empresa ha contraído una gran deuda, la cual hace seis meses ascendía a 43 mil millones de euros y que podría alcanzar los 96 mil millones a finales de este año, según cálculos de la agencia financiera Standard & Poors.

Con costes en rojo, EDF sufre también en su infraestructura. Ha experimentado una baja considerable en su generación de electricidad dado que tiene parados una docena de reactores nucleares (del total de 58) debido a diversos factores que van desde labores de mantenimiento, recargas periódicas de combustible, paros momentáneos por oleadas de calor o sequía hasta cese de actividad total por razones de seguridad, ya que algunos fueron encontrados con fisuras y corrosión y cuya reparación no es sencilla ni barata (para 2022 y a decir de cifras de la propia EDF, el mantenimiento de las centrales nucleares costará 18 mil 500 millones de euros).

La Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) habla de “años” para resolver estas deficiencias, sin descartar la probabilidad de que algunos de los otros reactores tengan los mismos problemas. Circunstancialmente, los reactores dañados no son los más viejos, sino centrales que todavía debían funcionar 15 o 20 años más. Esto ha conducido a que Francia deba importar electricidad faltante de otros países como España.

Los reactores de nueva generación (tecnología EPR) tienen años de retraso y han superado por miles de millones el presupuesto. La construcción del nuevo reactor nuclear de Flamanville, al noroeste de Francia, lleva un retraso de inicio de operaciones de 10 años y una inversión cuatro veces más grande que la prevista, pasando de 3 mil 300 millones de euros a un acumulado de casi 20 mil millones.

En la actualidad, EDF tiene la encomienda de construir seis reactores con tecnología EPR, con una inversión de 50 mil millones de euros, sustituyendo así doce plantas nucleares que cerrarían de aquí a 2035. Se trata de sumas colosales de dinero para una empresa con no buenas finanzas.

Es debido a todo lo anterior que varias voces en Francia se preguntan por la estrategia real detrás de la nacionalización anunciada por la primera ministra.

¿Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias?

Bruno Le Maire, el titular de Finanzas, anunció que el proceso para sustituir al consejero delegado de EDF, Jean-Bernard Lévy, deberá adelantarse y no efectuarse hasta marzo de 2023 como la norma especificaba. Lévy, el todavía consejero titular de la energética, despertó polémica en 2014 cuando se le designó en tal puesto, al ser un hombre de negocios que provenía del emporio mediático y de entretenimiento Vivendi. En este nuevo proceso de sucesión será importante conocer el perfil de quien llevará a cabo la encomienda para EDF marcada por Macron.

Le Maire detalló que la nueva dirección tendrá que operar «desde la vuelta de las vacaciones» y que el sustituto habrá de ser alguien que «controle los grandes programas industriales pero también alguien que tenga sentido del compromiso».

El precio de esta estatalización será de entre 6 mil y 8 mil millones de euros, según diversas estimaciones, precio al que hay que agregarle los 2 mil 500 millones de euros que a principios de 2022 el gobierno le inyectó a la empresa para ayudar a recapitalizarla. 

“(EDF) está prácticamente al borde de la quiebra”, escribió para el diario Libération el periodista Jean-Cristophe Feraud tras conocer el anuncio hecho por Borne. Apunta que la subida del precio de las acciones tras el anuncio beneficia a los accionistas privados a “vender a mejor precio una acción que llevaba años arrastrándose a menos de 10 euros y que era invendible con las malas noticias operativas y financieras” de la empresa. 

Con el anuncio gubernamental sobre EDF no se está nacionalizando la industria eléctrica francesa, pues continúan en el mercado empresas privadas como Engie, Iberdrola, Enercoop, Total Énergie, pero sí absorbe el Estado a la más grande compañía de electricidad de Francia y Europa, la que genera la energía y la que tiene la mayor cartera de población bajo contrato. Y el presidente Macron quiere desarrollar su programa nuclear fortaleciéndola y con el Estado francés como rector. ¿Pero esta idea es el consenso de todos en Francia?

Este programa nuclear costará, mínimo, 50 mil millones de euros y “ningún actor privado pretenderá financiarla sin la garantía soberana del Estado”, escribe Feraud en el citado texto de Libération. El periodista, especialista en temas energéticos, cree que se trata, más bien, de «nacionalizar las pérdidas para privatizar mejor los beneficios».

Por su parte, Fabrice Coudour, dirigente sindical de la industria nuclear, en declaraciones a France Info valoró el anuncio de la primera ministra como “pura comunicación (que) no aporta ninguna solución para los ciudadanos y sus facturas” y que la acción «no es ciertamente» una vuelta al servicio público.

Si el Estado quiere poseer el 100 por ciento de EDF es para allanar el camino a la división de la empresa. Se trata de la primera etapa del desmantelamiento del grupo”.

El sindicato Fuerza Obrera en su sección de Energía y Minas saludó en un comunicado de prensa «la vuelta del Estado al 100 por ciento en el capital de EDF» pero demandó, a la vez, dejar la personalidad jurídica de “sociedad anónima” que tiene actualmente la empresa y la construcción de un polo público de energía en verdad nacionalizado. 

De manera igualmente crítica habló el sindicato CFE Énergies: “no es que renacionalizando estemos fortaleciendo la estructura patrimonial de EDF, eso no resuelve su problema financiero estructural”.

Para Charles Carlhant, trabajador nuclear y miembro del sindicato de la CGT, en una declaración a medios franceses advirtió que una vez rescatada la deuda de EDF, el gobierno podría continuar con los proyectos Hercule y Clamadieu: “Fragmentarán y luego venderán la empresa. Mantendrán en lo público lo que cuesta más, como la infraestructura nuclear y su manutención, en especial la red de transporte eléctrico que requiere enormes inversiones, e intentarán darle al sector privado toda la parte rentable, es decir, la comercialización de la electricidad”.

Ante la próxima llegada del invierno y ante un eventual cierre del suministro de gas por parte de Rusia (quien lo continúa suministrando a Europa hasta hoy, aunque con ciertas condiciones y con un “cierre programado por mantenimiento” del gasoducto Nord-Stream del 11 al 21 de julio), el tema energético está en boca de todos, el cual vino a robustecerse con el futuro que le deparará a EDF y con la entrada del gas y la energía nuclear a la categoría de energías verdes transitorias. Por lo pronto, ante el control del Estado, muchos esperan que las tarifas de luz no se vayan a los cielos, como ha sucedido en otros países de la región.

Lo que es un hecho y hay consenso, es que todo en este tema está lejos de terminar…

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