El río Laja: matar un río saqueando su arena

25 septiembre, 2021

Por 25 años, empresarios saquearon y contaminaron el río Laja. Todo con el permiso de Conagua, Profepa y Semarnat. Hoy, los campesinos exigen rescatar su cuenca.

Texto: Raymundo Lucero Vázquez y Jesús Aguilar Balderas

Fotos: Raymundo Lucero Vázquez

GUANAJUATO.- Hace doscientos años, horas después del inicio de la Independencia, Miguel Hidalgo contó con su primera tropa. Esta tropa, harapienta e inexperta, estaba conformada por unos 8 mil hombres y mujeres de pueblos campesinos, rancherías y una multitud de peones de haciendas. Casi toda esta gente del pueblo vivía a la orilla de un río de aguas limpias y cristalinas que provenía de las montañas del norte de Guanajuato.

Esta primera tropa marchó hacia Atotonilco, al sur de Dolores, para encontrarse con los grupos de otros pueblos, todos venidos de la cuenca del río Laja. Ahí, Hidalgo convirtió el lienzo de la Virgen de Guadalupe en su estandarte de guerra.  

Se calcula que en la Toma de la Alhóndiga de Granaditas participaron casi cincuenta mil personas como tropa; casi todas eran provenientes de los pueblos del Río Laja.

Imagen de 1995 Rio Laja. El río conducía agua limpia y clara casi todo el año, con un ancho normal de 6 a 8 metros.

El río circula aun desde el alto Bajío. Se forma de los escurrimientos de la Sierra de Guanajuato y, en el Norte del estado, por las montañas del sur, de la Sierra de San Miguelito. Esta región conforma la Cuenca Independencia: una celebridad histórica e hidrológica, que incluye los municipios de San Felipe, San Diego, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Destacadamente atraviesa todo el municipio de Dolores Hidalgo. 

Después de 102 km, desemboca y colma la Presa Ignacio Allende. Entre canales y circulación libre transcurre otros cientos de kilómetros hasta su descarga en el Lago de Chapala.

Un oasis

El territorio del Río Laja corresponde al de un clima mediterráneo, principalmente seco, con pequeñas regiones de lomeríos y barrancas de baja profundidad. La cuenca reviste importancia en la biodiversidad mexicana. El río era depositario de una especie de brema (pez de río) comestible, y aún mantiene pequeños espacios para aves migratorias y nativas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Se conoce de avistamientos y evidencias (pieles) de oso negro, pumas y jaguares, ya extintos en el centro de México. 

Este es el río más importante en el estado de Guanajuato, con 277 km de línea, y hasta hace pocos años había sido uno de los pocos espacios hidrológicos que se mantenía en un estado de funcionalidad eficiente. 

Era uno de los afluentes más conservados y poco contaminados del centro de México. Permitía una agricultura de riego ligero en los terrenos altos; llenaba de agua la presa Ignacio Allende, junto a la ciudad colonial de San Miguel de Allende, que además irrigaba extensos terrenos entre Comonfort y Celaya para agricultura de exportación. 

En esta cuenca alta se aprecian tres conjuntos de daño ambiental que constituyen procesos de delito y que refieren al desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los sexenios anteriores y en el presente gobierno; esto si no se toman medidas de atención contundentes: 

1. Sobreexplotación del agua

La demanda de agua para este conjunto es muy alta, tanto en la industria agrícola como en el turismo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha definido que el volumen se excede en más de 45 millones de metros cúbicos de la capacidad de recarga natural anual, que se calcula en 139 millones 700 mil metros cúbicos. Esto es así frente a la demanda para solventar el volumen concesionado del año 2002, de 184 millones 922 mil 950 metros cúbicos. Ahora se extrae agua de forma clandestina, casi el doble del volumen concesionado.

Por otra parte, el volumen de reparto para usos públicos domésticos ofrece aguas que no cumplen con la NOM 127-SSA1-1994. La mayor cantidad de enfermos que reporta el sector salud refiere como causales el consumo de agua no apta para consumo humano. 

2. Sobreextracción de arena a la vista de Conagua, Profepa, Semarnat

Durante 23 años, desde (1995) entre el primer año de Gobierno de Vicente Fox, y el año 2018, la Semarnat y sus instancias responsables facilitaron y encubrieron, acciones de remoción de materiales pétreos (principalmente arena), del cauce del río Laja. En primer lugar, la administradora de los bienes nacionales del caudal hidrológico, la Conagua, concesionó una y otra vez a empresas privadas –y a una sola entidad organizada por los pueblos– el retiro de arena.

La Semarnat autorizó las Manifestaciones de Impacto Ambiental para cada propuesta de operar las concesiones; condicionó su ejecución al cumplimiento de aspectos sobre la protección al cauce, que ya no estaba presente al momento de emitir la autorización. En otras palabras: en el papel autorizaba, asumiendo como verdad sin verificar lo que el interesado informaba. Finalmente, en tercer lugar, la Procuraduría federal de Protección Ambiental (Profepa) jamás emprendió acción alguna frente a sendas demandas que una y otra vez formularon los pueblos, una y otra vez, a lo largo del periodo de Extracción. 

Desde el 2005 se observó que el daño conocido como socavación del cauce se presentaba por 85 km del cauce, que el campo higroscópico había bajado al nivel nuevo del cauce debido a la excavación, en algunos casos de hasta 11 metros de profundidad utilizando maquinaria pesada. Al río se le sometió con una práctica de minería a cielo abierto. 

El impacto desde entonces se verificó en la pérdida del bosque de ribera, la sequía del bosque de mezquite, y la apertura de numerosas parcelas al torrente anual del río, lo que erosionó los suelos y provocó la destrucción del sistema de agricultura de temporal con riegos auxiliares del agua del cauce. 

La socavación de cauces se mantiene activa, aun cuando no se realizan nuevas extracciones masivas de arena. En la visión de la imagen de satélite se aprecia la pérdida de más de mil hectáreas de tierras de la vega inmediata del río. Y la saturación por azolves, llega a 491 hectáreas en la Presa Ignacio Allende. Casi un tercio de su área de captación.

3. Contaminación

El gobierno de Guanajuato promovió y estableció sistemas de colecta de aguas residuales; facilitó la conversión del uso de fosas sépticas domiciliarias, a redes de colecta de aguas servidas que serían tratadas en plantas locales de tratamiento de aguas residuales. De las 51 obras establecidas en la cuenca, ninguna dispone del equipamiento y la construcción completa y adecuada para su funcionamiento . No existen grupos comunitarios a cargo, ni medidas normativas o financieras que permitan asegurar su funcionamiento. Esas plantas vierten las aguas residuales colectadas, sin tratamiento, directamente al cauce del rio Laja.

Se ha creado un canal de aguas negras sobre el lecho de aglomerado rocoso que dejó el periodo de extracción de pétreos. Cada obra, o su conjunto, debe haber contado con la autorización de la Semarnat, la vinculación técnica y normativa de la Conagua, y la acción correccional de la Profepa. No se aprecian ninguna de estas intervenciones imperativas.

Así es el proceso de destrucción

Ancho de cauces. La línea roja muestra el cauce original. La línea amarilla la devastación por extracción de material. Foto: Cortesía Raymundo Lucero

El proceso sostenido de destrucción de este río fue posible utilizando la fuerza tremenda del agua y del gobierno. Fue facilitado por Conagua mediante las concesiones a diversos empresarios de Guanajuato para extraer arena del cauce mismo del río Laja. 

Los empresarios beneficiados por la concesión, abastecedores de la industria de la construcción, pudieron maniobrar los permisos de retiro de azolves, para extraer hasta 20 veces más el volumen de arena autorizado. 

Al río, se le ha dado un manejo similar al de una mina a cielo abierto, y ha dejado profunda huella de daño generalizado, aún incalculable. 

El negocio puede ser mayor a 510 millones de dólares durante el periodo de Vicente Fox como gobernador y luego como presidente. En la zona se decía que era  operado incluso desde la oficina del entonces secretario Carlos Abascal. Lo cierto es que jamás se detuvo. Continuó con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. 

Esta práctica asentó una costumbre y hábitos de trabajo. En lo sucesivo, empresarios grandes y pequeños extrajeron y erosionaron en 23 años algo como 21 millones de metros cúbicos, equivalente a 150 viajes de camión de volteo cada día, entre 1995 y 2018. Ahora intentan sobrevivir pequeños extractores que socavan a mano un camión al día. Y a estos trabajadores, ahora con la 4T, Conagua  y autoridades locales persiguen como si fueran los responsables del daño gigantesco perpetrado. 

El papel oscuro de la Conagua

La Conagua  concedió reiteradamente concesiones y permisos de retiro de ese volumen. Ahora, sin embargo, asegura  que no lo hizo; pero  existen los hechos y los testimonios. Cualquier acto que afecta el campo común y a terceros debe ser regulado, controlado o evitado. Existen constancias de que fue notificada repetidamente por múltiples actores de pueblos y municipios, durante al menos 21 años. Y en ese periodo conoció de los excesos y efectos de impacto ambiental, y no retiró las concesiones. Las demandas fueron llevadas a la Presidencia de la República durante tres sexenios y a la Profepa, y en respuesta; nadie, en el gobierno federal, estatal o municipal ha intervenido en el nivel en que se requiere. 

Extracción de arena, desecar la cuenca entera

Al fondo, una retroexcavadora con brazo de 6 metros de largo excava a una profundidad 20 veces mayor a lo permitido. El nivel del agua define una profundidad a la que, las raíces de los árboles no alcanzan a absorber humedad.

Al generarse las concesiones con el pretexto de retirar azolves que amenazaban con rellenar de tierra la presa Ignacio Allende, los empresarios explotaron formidables volúmenes de arena. Así dejaron tajos de más de 14 metros de profundidad sobre el nivel normal de la corriente. Esto provocó los derrumbes de las orillas del cauce; y también fue profundizando el nivel aguas arriba y aguas abajo del lugar en el que intervenían las máquinas excavadoras. 

El mecanismo es muy simple: Los empresarios solicitaban la concesión justificando un beneficio a la capacidad de retención de agua de la presa Ignacio Allende, por evitar la descarga de azolve; pagaban los derechos que establece la Conagua, y esta instancia entregaba un documento que les concesionada la extracción. Pero los empresarios explotaron 10 a 20 veces más profundidad y volumen, en un tramo sin medida del río.

La explotación del río ha abarcado todas las comunidades que el río toca a través del municipio de Dolores Hidalgo y algunas del municipio de San Miguel de Allende. La administración de los bienes en la zona federal de los ríos está regulada por el artículo 27 de la Constitución política. 

La Constitución concede a la Conagua la gestión total del agua. Esta institución habría de atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia de agua. Debería fomentar la participación activa y responsable de los habitantes mediante la organización de Consejos de Cuenca; esto es: formas parlamentarias de territorios tan grandes o más grandes que las entidades federativas.

Pero esto no se cumple.

Aunque existen algunos comités intermedios, estos son escasamente convocados, apoyados, capacitados. Las áreas de su intervención reflejan ser tan complejas y extensas que resultan inmanejables desde un enfoque técnico, participativo y democrático. De este modo, las formas de intervención resultan en un rol de validación a las determinantes institucionales. 

Lo anterior no sería tan importante, si no se hubieran afectado de manera brutal a los pueblos de la ribera del río y sus sistemas de vida. 

Ante los hechos, ocurridos en el río Laja durante más de 20 años, los inspectores de la Conagua “no se dieron cuenta”. Los inspectores de Profepa  reportarían “sin novedad”. Sus visitas, “in fraganti”, no generaron ningún reporte que detuviera el destrozo ambiental.

Los daños al cauce del río por el robo de materiales pétreos significan un despojo al patrimonio nacional, y además provocan daños ambientales a los ecosistemas de ribera y a los sistemas productivos dependientes de la estabilidad de sus servicios ecosistémicos. 

Anchura en la zona de extracción. A 11 km del inicio de explotación de arena. foto: Cortesía Raymundo Lucero.

Árboles desarraigados; parcelas destruidas

La forma en que el agua misma del río ha ido destruyendo su propio cauce comienza por la sequía de los árboles, que se quedan sin el agua que antes les proporcionaba la corriente elevada.  Las raíces, ya sin fuerza, dejan de sujetar el suelo de las parcelas agrícolas. Y en las avenidas de agua de los años siguientes se inicia el derrumbe de una sección tras otra, de las paredes de los terrenos agrícolas. Así, hasta que se han perdido parcelas completas.

La destrucción no se detiene ahí. Antes de la sobreexpolotación la erosión de los suelos en las montañas escurría volúmenes de azolves de arena que se depositaban a lo largo del cauce; esto incrementaba la altura de la corriente, lo que beneficiaba a los terrenos agrícolas y los bosques de orilla del cauce. 

Ahora las corrientes adquieren tal fuerza de torrente que socavan raíces y paredes de los cauces. El suelo se profundiza y la anchura crece año con año, reclamando las parcelas de las orillas del río. Se ha establecido así, una dinámica de excavación provocada río arriba y abajo, aún sin la intervención de las máquinas. Esto es debido a que los pétreos sobre el cauce de los ríos son extremadamente inestables: Si se excava aquí, el volumen retirado se refleja en toda el área, aguas arriba y aguas abajo, y a lo ancho del cauce. 

Estos suelos tienden a restablecer un nivel plano de acuerdo a las corrientes de agua de lluvia. Así que, si se excava en un año, el daño se reproduce por varios años más. En el mundo a este fenómeno se le conoce como “Socavación de cauces”.

Así que el impacto ambiental que se genera en un sitio, provoca daños en forma de caída de fichas de dominó, a lo largo y ancho del río. 

Los daños generados por el impacto ambiental de esa brutal forma de explotación, incluyen la pérdida de más de 11 mil 250 has de parcelas aledañas a la ribera a lo largo del río, y del extenso campo lateral que antes del daño constituía el campo de saturación por las avenidas anuales de agua de lluvia. Ahora son dependientes de la irrigación, por la extracción frenética de Agua subterránea, que se realiza también, fuera de la ley, y facilitada por la Conagua. 

Esto se verifica por la sequía del bosque de ribera, la pérdida de la vida acuática, la pérdida definitiva de la corriente que antes beneficiaba a la fruticultura de las orillas del río y ha generado un incremento del 44 por ciento en los volúmenes sólidos que ahora azolvan llegan a la Presa Ignacio Allende. En vez de crear condiciones para almacenar agua, se está almacenando tierra y arena. A cada año, la fuerza de las corrientes de agua sobre el cauce destruido incrementa los daños.

La imagen muestra la línea del antiguo cauce, y el crecimiento de este, causado por la socavación que modifica la zona federal hasta en 700 por ciento, y que resulta en pérdida por erosión inducida, de las parcelas. La parcela está en la Comunidad de Los Galvanes. Dolores Hidalgo. Imagen de Google earth, 2019. 

Además de la destrucción de parcelas, los daños incluyen: 

  • Destrucción de caminos y puentes
  • Derribo de postería de energía eléctrica 
  • Decenas de animales ahogados 
  • Inhabilitación de cruce de caminos 
  • Pérdida de edificios de uso público y empresarial 
  • Arrastres de vehículos
  • Destrucción de la carretera federal 51

Herida para los pueblos

En Octubre de 2001, el agua perturbada no dejaba ver que bajo la corriente había una profundidad de más de tres metros, horadada apenas horas antes. Entonces dos adolescentes pretendieron cruzar el río cerca de la comunidad de Rancho nuevo; suponían que aún permanecía en su nivel normal el piso de la corriente. Se ahogaron.

Los campesinos, en forma individual u organizada han realizado protestas, se han expresado en queja y advertencia. En forma verbal y por escrito ante la autoridad municipal; desde 1994 ante Vicente Fox como gobernador del estado; ante José Luís Luege, como procurador federal de Protección al Ambiente; ante Vicente Fox presidente de la República; ante Felipe Calderón, ante Enrique Peña nieto y ahora ante Andrés Manuel López Obrador. 

Para los pueblos afectados, ya no es relevante la persecución y el castigo a los culpables; buscan la restauración de sus tierras y la nivelación del río Laja para que recupere su función ecológica. La persecución del delito de despojo al patrimonio nacional es un deber del gobierno federal, encargado de aplicar leyes y reglamentos que en este caso la Conagua, no cumplió.

El país tiene aquí una enorme tajada a su territorio, en el corazón mismo de la celebración del Bicentenario. Es además una inmensa herida a los pueblos y al estado de derecho además del sacrificio de una extensa unidad de ecosistemas valiosos. Y ahora, de lo único que están seguros los pueblos es que gobiernos de antes y ahora se han unido para tratar de ocultarlo todo.

Los pueblos del Río Laja, cuyos antepasados acompañaron a Hidalgo en su arrolladora gesta por la Independencia de México, y que este 2021 celebra 200 años, tienen mucho que lamentar. La estabilidad de sus vidas se ha perdido, han perdido el tren del Norte, han perdido la disponibilidad del agua del cielo y no hay ninguna autoridad que responda a sus reclamos y propuestas. 

Frente a estos hechos, entre las poblaciones de la cuenca han surgido grupos sociales con fines incluyentes. En su mayor parte demandan la reparación de daños y persecución de delitos, como asesinatos, fraudes, actos de complicidad y corrupción de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, además de empresarios privados claramente identificados. 

  • José de Jesús Aguilar Balderas es campesino de la Comunidad de San Gabriel, Dolores Hidalgo. Desde adolescente se involucró a la lucha por la defensa del Río laja frente a la extracción imparable de arena por parte de empresarios del estado. Decidió estudiar la carrera de derecho a fin dotarse capacidades de enfrentar los destrozos y el amplio impacto ambiental a los pueblos de la Ribera del río.
  • Raymundo Lucero. Profesional de la Gestión de Ecosistemas. Ha trabajado en diversos ámbitos del sector ambiental y la seguridad publica en instituciones nacionales y Agencias multilaterales en América Latina. Como especialista en Manejo de cuencas fue invitado por personal ligado al Gobierno de Vicente Fox, a determinar factibilidad de nuevas explotaciones de arena en el Río Laja. Después de valorar la situación, desde el año 2005, advirtió: “No hay más arena. Ya se han llevado mas de la que era posible”. Pese a ello, las explotaciones se siguieron autorizando por al menos 20 años más, dando lugar al profundo deterioro del Río mas ilustre de México.

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