Nada parece impedir la reelección de Nayib Bukele. En El Salvador los partidos políticos están resignados a su derrota y por eso han postulado candidaturas testimoniales a los comicios de febrero próximo

 Por Alberto Nájar X: @anajarnajar

Nayib Bukele libró el último de los obstáculos legales para conseguir su reelección como presidente de El Salvador.

Desde el 1 de diciembre la Asamblea autorizó una licencia por seis meses en el cargo para que pueda inscribirse como candidato. Lo mismo sucedió con el vicepresidente, Félix Ulloa.

Hace dos años la Corte Suprema emitió una sentencia que permite al controvertido personaje que participe en la contienda electoral, a pesar de que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección.

Salvado el tema legal, es muy probable que el próximo 4 de febrero Bukele gane las votaciones, y a partir del 3 de febrero ocupe de nuevo la presidencia salvadoreña.

Y es que todas las encuestas le reconocen una alta popularidad. La más austera señala que el presidente cuenta con 70 por ciento de respaldo, aunque otras señalan que la cifra supera el 90 por ciento.

Paradójicamente, aunque la elección parece resuelta, a la campaña se han inscrito varios candidatos, quienes más que ganar el proceso lo que buscan es fortalecer una base política –propia o de sus partidos- a la espera de un momento electoral más propicio.

Es el caso de los partidos que, hasta 2018, dominaron el escenario político salvadoreño.

El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) postuló al exdiputado Manuel Flores, a quien se ubica como el autor intelectual del acercamiento diplomático y comercial entre El Salvador y China.

El propósito claro del candidato no es ganar las elecciones (es casi imposible según las encuestas), sino tratar de revertir en lo posible la imagen negativa del partido entre los salvadoreños.

El FMLN perdió más de un millón de votos entre las elecciones presidenciales de 2014 y 2019, debido sobre todo a los escándalos de corrupción que todavía le persiguen.

De hecho, los dos expresidentes de El Salvador que fueron postulados por el Frente Farabundo Martí, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, forman parte de la Lista Engel del gobierno de Estados Unidos.

La lista clasifica a las personas que a juicio de la Casa Blanca han participado en corrupción, impunidad o debilitamiento de la democracia.

Manuel Flores no está implicado en tales escándalos, lo cual según analistas políticos es su mejor carta de presentación ante los electores salvadoreños.

Otro elemento positivo es su propuesta de resolver en definitiva temas controvertidos como el derecho a la interrupción legal del embarazo, prohibida por completo en El Salvador, así como la legalización de los matrimonios igualitarios.

En ambos casos el actual presidente, Nayib Bukele, se ha opuesto rotundamente a siquiera analizarlos.

Un candidato más es Joel Sánchez, postulado por la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido cuyos fundadores respaldaron las dictaduras militares y masacres cometidas por el ejército durante la guerra civil de los años 80.

Sánchez es originario de Cojutepeque, cabecera del Departamento de Cuscatlán, quien a los 19 años emigró a Estados Unidos donde se convirtió en un exitoso empresario.

Actualmente reside en Dallas, Texas, donde fundó un consorcio comercial de limpieza y mantenimiento que opera en varias ciudades de Estados Unidos, México y El Salvador.

El candidato de ARENA es conocido por su activismo en favor de los salvadoreños migrantes, algo fundamental en un país que vive de las remesas.

Es su principal activo político. Joel Sánchez no tiene posibilidad alguna de ganar la contienda presidencial, pero en cambio es muy probable que extienda su respaldo en la diáspora salvadoreña y con ello nutrir de votos para ARENA, que no ha logrado sacudirse el desprestigio por apoyar dictaduras militares.

A esto se limitan las candidaturas testimoniales de la oposición que tienen nulas posibilidades de derrotar a Bukele, quien en pocos años consiguió, a un altísimo costo de derechos humanos, lo que ningún gobierno había logrado: seguridad pública.

Por décadas El Salvador fue país más violento del continente, con una tasa de homicidios de 103 por cada cien mil habitantes en 2015. Para 2022 esa cifra había caído a sólo 7.8

Para conseguirlo Nayib Bukele decretó estado de excepción y emprendió una brutal cacería contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, las principales causantes de la violencia en el país.

Más de 70 mil personas acusadas de formar parte de esos grupos están encarcelados en condiciones absolutamente violatorias de sus derechos.

Las denuncias por brutalidad, tortura y asesinatos contra los presos se multiplican en organizaciones civiles internacionales, pero eso no ha hecho mella en la popularidad del presidente.

Bukele tiene un índice de aprobación del 90 por ciento en algunas encuestas, y 80 de cada cien salvadoreños están de acuerdo con su polémica estrategia de seguridad.

Lo único que podría restarle votos es el aumento de la inflación, algo grave en un país con la mitad de su población en pobreza alimentaria.

Pero inclusive en ese escenario la popularidad del presidente con licencia se mantiene. Bukele avanza, literalmente, en caballo de hacienda a su reelección.

Y eso es muy mala noticia para la democracia y respeto a derechos humanos en Latinoamérica.