Teniendo mayoría calificada, en 2020 Morena encabezó un proceso de designación de consejeros del INE con amplio consenso, transparente y conforme a procedimiento. Hoy la historia es distinta.

Por Ernesto Núñez Albarrán

Twitter: @chamanesco

Ocurrió hace exactamente tres años. El partido Morena tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, con sus aliados del PT y el PVEM, sobrepasaba los 333 votos en San Lázaro. Contaba con una mayoría calificada que le permitió hacer varias reformas a la Constitución y que hubiera sido suficiente para aprobar por sí mismo los nombramientos de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral afines a su causa.

Sin embargo, aquel proceso de designación se caracterizó por el consenso, que no unanimidad, por la transparencia y por seguir paso a paso el procedimiento establecido en la Constitución, aun en medio de una pandemia.

Hubo consenso en las reglas plasmadas en la convocatoria para elegir los cuatro espacios que quedarían vacantes en el Consejo a partir de abril de 2020.

Hubo consenso en la integración de un Comité Técnico de Evaluación en el que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó nombrar a tres personas de gran prestigio académico: Blanca Heredia, del CIDE, Silvia Giorguli, de El Colmex, y Diego Valadés, de la UNAM.

El Inai envió a ese comité a Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa, y la CNDH, a Sara Lovera y John Ackerman.

La designación de John M. Ackerman fue el único punto que rompió la lógica de los consensos, y fue impugnado por PAN, PRD y MC debido a la afinidad de Ackerman con Morena, su pertenencia al Instituto de formación de dicho partido y su relación personal con la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Pero la impugnación no prosperó y Ackerman se integró al comité.

La convocatoria fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y emitida el 13 de febrero de 2020; a ella, respondieron 390 aspirantes (255 mujeres y 135 hombres) que se inscribieron entre el 18 y el 28 de febrero.

El 11 de marzo, 329 de esas personas presentaron en la Cámara el examen de conocimientos previsto para depurar la lista y, el 17 de marzo, el Comité Técnico dio a conocer los nombres de los 60 finalistas.

Todo iba conforme a los tiempos, pero al día siguiente todo se tuvo que detener por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. El pleno aprobó un acuerdo para modificar la convocatoria original, y el proceso quedó en suspenso, justo cuando se iba a dar paso a la etapa de entrevistas.

El 3 de abril, tal como estaba previsto, concluyeron los periodos de la consejera Pamela San Martín y los consejeros Marco Baños, Benito Nacif y Eduardo Andrade.

El INE funcionó con sólo siete integrantes hasta julio, cuando la Cámara reactivó el proceso.

El Comité Técnico reanudó sus actividades en la primera semana de julio. A distancia, hizo las entrevistas a los 30 hombres y 30 mujeres mejor evaluadas en las fases previas y, el 16 de julio, entregó a la Jucopo las quintetas con los 20 nombres de los aspirantes seleccionados. Dos quintetas estaban integradas sólo por mujeres.

Eso dio pie a un complejo proceso de negociación en el seno de la Jucopo y al interior de los partidos políticos, principalmente de Morena, donde John Ackerman cuestionó públicamente la inclusión de Carla Humphrey en una de las quintetas.

Sus reclamos no tuvieron eco ni siquiera dentro del oficialismo, pues el coordinador morenista, Mario Delgado, logró convencer a la bancada mayoritaria de que las cuatro personas que surgirían de las quintetas no serían un obstáculo para su “movimiento”: Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas y Martín Faz.

Hoy se sabe que Mario Delgado cuidó que los nombres fueran avalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, antes de sus nombramientos, los cuatro futuros consejeros comparecieron en privado ante la bancada morenista, donde se les pidieron tres cosas: no ganar más que el presidente, no afectar al “movimiento” con sus decisiones y tomar distancia del grupo de Lorenzo Córdova, dominante dentro del INE.

Tras pasar esa aduana, Mario Delgado logró el consenso con los demás partidos y, el 22 de julio, el pleno de la Cámara aprobó los nombramientos con una amplia mayoría: 399 votos a favor, cinco abstenciones y cinco votos en contra; los diez legisladores que no avalaron a los nuevos consejeros pertenecían a Morena. Los otros 91, de todos los partidos, estaban ausentes.

¿Cuál es la lección de esta historia?

Que incluso Morena, teniendo mayoría calificada, fue capaz de construir un acuerdo amplio con las oposiciones en torno al árbitro electoral.

A la larga, a Mario Delgado se le ha reprochado desde el ala más radical de la 4T que no hubiera aprovechado la ocasión para apropiarse del INE, y que las personas designadas no cumplieron los tres compromisos que se les pidieron.

El petista Gerardo Fernández Noroña reclamó airadamente la “deslealtad” de las y los consejeros en 2021, cuando el INE -con el voto de ellos consejeros- aprobó acuerdos como la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio o el que limitaba la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara.

Otro ejemplo es el hecho de que, salvo Martín Faz, todos cobran sus sueldos íntegros, superiores a los de López Obrador.

¿Qué sigue ahora?

Desde diciembre, la Cámara de Diputados dio inicio a un nuevo proceso de designación en el INE, ante el inminente final de los periodos del consejero presidente, Lorenzo Córdova; los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, y la consejera Adriana Favela.

A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, esta vez la convocatoria fue emitida sólo con el aval de la mayoría; fue impugnada por la oposición e invalidada por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La Junta de Coordinación Política, encabezada por el morenista Ignacio Mier -de trayectoria y talante muy distintos a los de Mario Delgado-, no ha logrado generar un consenso para designar a sus tres integrantes en el Comité Técnico de Evaluación.

Los enviados de la CNDH fueron impugnados por la oposición, y los de Inai, cuestionados por Morena.

En el camino, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha metido a opinar y descarrilar el proceso, al anticipar que no habrá ninguna negociación con los partidos de oposición, y diciendo que prefieren que sea el sorteo (previsto como última instancia en la Constitución) y no un acuerdo político, lo que determine quiénes serán consejeras y consejeros.

En la construcción de consensos, no ayudan los amagos del secretario, ni la advertencia de diputados de Morena, como Jorge García Almaguer, afirmando que los nombramientos podrían aplazarse, con lo que el INE quedaría incompleto a partir del 4 de abril.

Tampoco ayuda que el Tribunal Electoral se haya cerrado al diálogo político propuesto por la Jucopo para destrabar la convocatoria, diciendo que sólo podría recibir a los diputados en audiencia y en la sede de la Sala Superior.

Ni que los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) respondan a las amenazas del secretario, anticipando que van a votar en contra de todo lo que venga desde el oficialismo.

A diferencia de lo ocurrido hace tres años, esta vez no se percibe voluntad de acuerdo en ninguna de las partes.

El martes 14 de febrero, según lo que ha informado el presidente de la Jucopo, se intentará que el pleno de la Cámara apruebe una nueva convocatoria, en la que se corregirían los errores sancionados por el Tribunal, que básicamente son tres: no señalar expresamente que una de las cuatro quintetas será exclusiva para la presidencia del Consejo, no garantizar la paridad de género en todas las fases y otorgarle a la Jucopo capacidad de intervención en pasos en los que sólo el Comité Técnico tiene atribuciones.

Si se corrige todo eso, y si el Día de San Valentín hay diálogo y voluntad de construir acuerdos, habrá una convocatoria con nuevos plazos y tiempo suficiente para que se lleve a cabo el proceso conforme a las leyes. Y antes del 4 de abril podría haber nuevos consejeros.

De lo contrario, los nombramientos se irán atrasando, las posiciones de los partidos se irán polarizando y el consenso se volverá cada vez más difícil.

Esta vez, a diferencia de 2020, hay dos factores que hacen más urgente el amplio consenso: el hecho de que se renueve la presidencia del Consejo, y no sólo cuatro consejerías, y la cercanía del proceso electoral de 2024.

Descarrilar el nombramiento de los nuevos consejeros del INE sería el primer paso para descarrillar las elecciones presidenciales del próximo año.