La Corte Suprema de Chile analiza dos casos emblemáticos de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Es una luz de esperanza en momentos que el fascismo pretende hacer creer a los chilenos que la justicia es imposible

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El 11 de septiembre de 2023 se cumplen 50 años del golpe de estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende.

Ese día unidades de élite del ejército chileno atacaron –inclusive con bombardeos- el Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo de ese país.

Allende murió en el ataque. La versión oficial es que se suicidó, aunque la forma como perdió la vida nunca fue completamente aclarada.

El cuartelazo impuso al general Augusto Pinochet en el poder. Fue el inicio de uno de los períodos más oscuros y sangrientos en la historia de América Latina.

Miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas u obligadas al exilio.

Casi 50 años después aparece una pequeña luz de esperanza para la justicia.

Esta semana la Corte Suprema empezó el proceso para juzgar dos casos emblemáticos de la dictadura militar que permaneció casi 20 años en Chile.

El primero se refiere a la Operación Cóndor, diseñada por Estados Unidos para combatir a movimientos insurgentes en Sudamérica.

El plan se aplicó desde 1975, y representó la organización de una organización de represión y terrorismo de Estado que provocó el asesinato de decenas de miles de opositores a las dictaduras militares de la época.

La mayoría pertenecían a movimientos de izquierda. Había sindicalistas, estudiantes, académicos, artistas, intelectuales, periodistas y religiosos.

No se sabe con certeza la cantidad de víctimas. Una pista fueron los llamados Archivos del Terror, localizados en Paraguay en 1992 que documentó el asesinato de 50 mil personas, la desaparición de 30 mil y el encarcelamiento de 400 más.

Muchos de ellos fueron chilenos. Su destino es analizado en la Corte Suprema, en uno de los tres expedientes emblemáticos que inician en esta semana.

El otro caso es el asesinato del cantautor Víctor Jara, detenido un día después del golpe de Estado y asesinado semanas después por militares en el Estadio Nacional de Chile, donde se concentró a miles de detenidos tras el cuartelazo.

Jara fue un ícono de la canción de protesta y uno de los pilares de la música latinoamericana. También era uno de los más activos promotores del presidente Allende.

El juicio por su asesinato, que empezó desde 1978 y ha tenido varias etapas, entró en su recta final esta semana.

Abogados que han acompañado el proceso desde hace más de dos décadas confían en que se castigue a algunos de los perpetradores.

Hay señales positivas, explica Francisco Félix Bustos, investigador del Observatorio de Justicia Transicional.

Una de ellas es que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la nacionalidad a un exmilitar que se había refugiado en su territorio.

Esto significa que la protección estadounidense, causante de la barbarie cometida en Chile y América Latina en general, parece estar en pausa.

 En todo caso, el proceso que se sigue en la Corte Suprema es un paso importante en el camino a la justicia.

Desde el fin de la dictadura en Chile se han emprendido varios procesos para castigar a los responsables de la barbarie militar. Los casos emblemáticos de esta semana son una muestra.

Hasta el momento existen más de 500 sentencias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista.

En el caso de la Operación Cóndor hay 22 agentes condenados. Cuatro de ellos enfrentan un recurso para elevar las penas de 40 años que recibieron por delitos de desaparición forzada y homicidio.

La resolución final se conocerá en 3 meses. En el caso de Víctor Jara la sentencia puede emitirse este 25 de julio.

Serán momentos clave para Chile que enfrenta el resurgimiento de grupos de ultraderecha, supremacistas, nazis y nostálgicos de la dictadura militar.

La Corte Suprema puede ser el factor de equilibrio en la coyuntura actual, un desmentido a la propaganda fascista que pretende hacer creer que la justicia es imposible.