Texto y foto: José Ignacio De Alba

El gobierno de AMLO no incluyó a Chilapa, Guerrero, dentro de las 17 regiones a las que el gobierno aplicará medidas especiales para atender la violencia. Éste sería el segundo sexenio en el que el municipio queda olvidado para las autoridades federales

A Chilapa le tocará esperar —de nuevo— mientras la violencia se recrudece en el municipio. Este miércoles, el gobierno de López Obrador anunció medidas especiales para 17 regiones del país por tener problemas graves de seguridad, pero el municipio de la Montaña Baja de Guerrero no fue contemplado.

Durante el anuncio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el gobierno enviará 10 mil 200 elementos a 17 lugares con “crisis en materia de seguridad”. Además, en esas entidades se buscará el “fortalecimiento institucional” para la prevención del delito y reducción de la violencia.

Chilpa se convirtió desde el 2014 en uno de los lugares más violentos del país. La tasa de mortandad llegó a su máximo histórico en 2017 cuando hubo 158 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 33 personas por cada 100 mil.

En el sexenio pasado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció la instalación de un cuartel para resolver el problema de seguridad, pero el proyecto se abandonó. Incluso el año pasado el oficial de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Alan García, describió la situación después de visitar el lugar como “escalofriante y catastrófica”.

Las entidades que sí estuvieron contempladas dentro de la estrategia de seguridad y a las que se enviarán elementos de las fuerzas armadas y Policía Federal son: Tijuana (Baja California); Ciudad Juárez (Chihuahua); Acapulco, Chilpancingo (Guerrero); Tlajomulco, Guadalajara (Jalisco); Benito Juárez (Quintana Roo); Irapuato, Salamanca, Uriangato, Celaya (Guanajuato); Culiacán, Mazatlán (Sinaloa); Ecatepec (Estado de México); Monterrey (Nuevo León); y Reynosa, Nuevo Laredo (Tamaulipas).

La idea del plan —que se podría considerar un preludio de la Guardia Nacional— es aumentar la “capacidad de fuerza” con 600 elementos en cada uno de los 17 municipios. Guanajuato será el estado que más elementos recibirá.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Chilapa tiene una tasa de homicidios tan alta como cualquiera de los municipios propuestos para ser atendidos de manera urgente. José Díaz Navarro, quien encabeza la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio y es integrante del colectivo “Siempre Vivos”, indica en entrevista que las cifras son engañosas porque el municipio tiene apenas 120 mil habitantes.

Además explica que los delincuentes ejecutan a las personas en Chilapa, pero los cuerpos son arrojados a otros municipios como Chilpancingo, para dar la percepción de que no hay violencia en el lugar.

—¿Qué opinas de que el gobierno no los considera región prioritaria? —se le pregunta.

Si el municipio está así fue porque no se puso atención en otras ocasiones. Responde en entrevista telefónica.

—¿Por qué no se consideró a Chilapa como prioritario?

No tengo ni la más mínima idea. Yo tenía idea de que Chilapa iba a ser una prueba piloto para echar a andar la estrategia. Nosotros teníamos esperanza de que algo cambiaría en este gobierno.

La violencia mantiene asediado al municipio, apenas esta semana el jefe de la Policía Municipal fue liberado después de estar secuestrado. El año pasado el entonces director de Seguridad del lugar fue asesinado a balazos. También, durante el proceso electoral, fueron asesinadas dos aspirantes a diputadas por ese distrito.

Quizá la mayor crisis de seguridad del municipio fue en mayo de 2015, cuando un grupo armado —se estima que fueron unas 300 personas— tomaron la cabecera municipal por tres días y desaparecieron a más de 30 personas, todo frente a agentes municipales, estatales y federales. Hasta la fecha nada se sabe de los desaparecidos.

Pero el número de desaparecidos y de asesinatos aumenta cada día, aunque Díaz Navarro asegura que la cifra negra es enorme por la desconfianza que hay en las autoridades locales. La tragedia del pueblo comenzó a gestarse en 2014, con el enfrentamiento entre dos grupos criminales ligados a grupos políticos: Los Rojos y Los Ardillos.

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