Calificado como “inexperto y sin experiencia” por la derecha, “comunista” para la ultraderecha, “amarillo” (tibio) para la izquierda más radical, “woke” o “progre” para sectores que le piden sacudirse las buenas formas de la izquierda inofensiva, para quienes confían en él Gabriel Boric no es más que el presidente que busca, dentro de lo que puede y en el contexto real, mejorar la vida de los chilenos.

Texto: Iván Cadin @ivankdin

Foto: Presidencia Chile

El presidente chileno Gabriel Boric cumplió este 11 de marzo su primer año de gobierno calificando así esta primera vuelta al sol: “se cumple un año desde que asumí la gran tarea para la cual ustedes me eligieron (…) No ha sido fácil, hemos enfrentado los incendios, la inseguridad, el alza del costo de la vida, pero como siempre hemos sabido salir adelante».

Bajo fuego un día sí y el otro también por un poder mediático corporativo con históricas ligas con la derecha, el gobierno del presidente de izquierdas también ha incurrido en errores propios como en contradicciones, propias de cuadros políticos que tras haber sido oposición ahora son gobierno: «Nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra», dijo el presidente en un programa de TV a los ocho meses de haber llegado al gobierno.

Calificado como “inexperto y sin experiencia” por la derecha, “comunista” para la ultraderecha, “amarillo” (tibio) para la izquierda más radical, “woke” o “progre” para sectores que le piden sacudirse las buenas formas de la izquierda inofensiva, para quienes confían en él Gabriel Boric no es más que el presidente que busca, dentro de lo que puede y en el contexto real, mejorar la vida de los chilenos.

Tras el fortísimo golpe que le significó a su proyecto de gobierno el rechazo ciudadano a la nueva constitución y con una minoría en el Congreso que le impide hacer grandes cambios a la constitución vigente, el gobierno de Boric debe atender de cara a su segundo año, temas prioritarios como la seguridad, las pensiones, la inflación, el costo de vida, y las demandas de buenos servicios públicos, dominados desde hace décadas por la iniciativa privada (parte de los legados de la dictadura militar).

Boric recibió un país pospandemia, con mucha recesión económica, elevado desempleo y una inflación notable que el conflicto en Ucrania terminó por empeorar. Sin embargo, buenos números en economía y una subida en su aprobación en días recientes parecen darle buena cara.

Para entender un poco su contexto, estos han sido, en un año, los escenarios más relevantes a los que se ha enfrentado el gobierno del presidente Gabriel Boric.

El mayor golpe: el rechazo a la nueva Constitución

El mayor golpe al gobierno de Boric ha sido, sin duda, el sufrido aquel 4 de septiembre de 2022. El triunfo aplastante de la opción Rechazo (62% de la votación) en el plebiscito de salida de la nueva Carta Magna chilena que buscaba dejar atrás la constitución impuesta bajo la dictadura militar, fue un balde agua fría para las proyecciones de la actual administración.

Si bien en términos del proceso el gobierno debía ser respetuoso de los caminos que llevara la Convención, gran parte de su proyecto de gobierno descansaba en la eventual promulgación de la nueva Constitución, de corte más social y soberano y no la ultraliberal carta magna que sigue rigiendo actualmente. Boric, que entró al gobierno sin los votos mayoritarios para emprender cambios en la constitución actual, tenía esperanzas fundadas en la constitución que finalmente fue rechazada.

Ante el resultado, Boric llevó a cabo su primer gran cambio de gabinete: salió la primera ministro Izkia Siches, una médico que lo acompañó desde la campaña, para ocupar su sitio Carolina Tohá. Igualmente, Giorgio Jackson, compañero de Boric desde los tiempos de la lucha estudiantil, dejó la Secretaría General de Presidencia para pasar a Desarrollo Social, ocupando su sitio Ana Lya Uriarte. Las nuevas caras entrantes ocupando posiciones importantes en el primer círculo del presidente eran dos mujeres muy allegadas a la centroizquierda tradicional chilena, muy cuestionada en el pasado e incluso en campaña por el propio Gabriel Boric.

En la administración del presidente chileno convergen dos fuerzas, mismas que le sirvieron de base partidista para arribar al poder presidencial: Apruebo Dignidad, de donde viene el presidente y sus compañeros de generación en la lucha estudiantil, por ejemplo, y Socialismo Democrático, cuyas filas prácticamente se sumaron a Boric en la segunda vuelta presidencial y donde se pueden ubicar los rostros allegados a los anteriores gobiernos de izquierda. Apruebo Dignidad representa a la izquierda que, siendo oposición en el pasado, fue muy crítica de quienes hoy configuran Socialismo Democrático. Sin embargo, por lo pragmática que es la política, hoy gobiernan juntos en el gabinete de Boric.

Nueva Constitución, toma 2

Tras el fracaso del primer Constituyente, se llamó a un nuevo proceso, el cual está demasiado acotado por la clase política, donde la sartén por el mango la llevan los sectores de centro y derecha. Un puñado de 24 “expertos”, designados por el legislativo, deberán redactar durante tres meses un anteproyecto, tarea que arrancó el pasado 6 de marzo, documento que deberán pasar después a un consejo constitucional paritario de sólo 50 personas que será electo por la ciudadanía el próximo 7 de mayo. El texto tendrá que ser aprobado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito de voto obligatorio el próximo 17 de diciembre.

Dada la derrota del Constituyente, Boric tuvo que cambiar de trinchera y optó por enfocarse en tres temas básicos: presupuesto, seguridad, pensiones y salud.

Otro golpe en la antesala del aniversario

A escasos días de conmemorar el primer año de gobierno, otro gran revés aconteció la actual gestión: el rechazo a su iniciativa de reforma tributaria. En días pasados, la cámara de Diputados la desechó por estrecho margen (logró 73 votos a favor de los 74 que necesitaba para continuar su avance). Esta derrota legislativa le impide presentar una ley presupuestaria durante un año.

El nuevo pacto fiscal que proponía el gobierno era el sustento para otras leyes en puerta, como la de salud y pensiones, activando de esta forma el desarrollo y la justicia social de una manera transversal: proponía, entre otros puntos, establecer un impuesto a los patrimonios residentes en Chile que superaran sumas de 4.9 millones de dólares (mdd), recaudando así un 3.6% del PIB para los próximos cuatro años, cerca de 10 mil mdd.

Los opositores la rechazaron argumentando lo que se dice en prácticamente todo el mundo cuando se menciona el impuesto a los súper ricos: que se afectaría la inversión del capital privado y significarían malos números para la economía.

“Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejarlas tal y como están”, apuntó el mandatario hace unos días al saber de la decisión. “Parece que el objetivo de alguno es golpear el gobierno e impedir los cambios, pero no es al gobierno a quienes golpean sino a los chilenos y chilenas”.

Estados de excepción y ampliación de poderes a militares

El presidente Gabriel Boric firmó el decreto de estado de emergencia ampliado este mes de marzo. La iniciativa permite el despliegue de militares y la ampliación de sus tareas en funciones de seguridad (situación que antes sólo le competía a la policía de Carabineros), en específico en la Macrozona Sur del país, donde grupos de resistencia mapuche se han radicalizado ante lo que consideran un despojo de sus territorios.

Como candidato, Boric había advertido que no se podía “seguir con las mismas recetas”, en alusión a los estados de excepción que venían implementándose desde la presidencia de Sebastián Piñera. En mayo de 2022, a dos meses de llegar al palacio de La Moneda, el ya presidente Boric cambió de parecer y anunció el estado de excepción. El texto alusivo dice: “las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”.

Desde su anuncio, se ha prorrogado 19 veces, siendo la más reciente este mes de marzo. Paralelamente, el gobierno de Chile también ha desplegado militares en la Macrozona Norte, en las fronteras con Perú y Bolivia, argumentando la necesidad de control y orden ante la inmigración irregular y el tráfico de armas y droga.

Parte de las fuerzas armadas chilenas se desplegaron hacia el norte en un operativo que durará 90 días, a propósito de la promulgación de la Ley de Infraestructura Crítica enviada por el gobierno y aprobada en enero pasado, la cual “permite que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica del país ante peligro grave o inminente». La ministra del Interior, Tohá, señaló que la medida es de “efecto disuasivo” y que en su momento se analizará su eventual extensión.

Indultos

Si bien las decisiones en torno al uso de las Fuerzas Armadas le han generado críticas fuertes desde el campo de la izquierda, el indulto presidencial a 12 presos sentenciados por delitos cometidos durante las protestas de la rebelión ciudadana de octubre de 2019 (con penas de tres a quince años de cárcel por homicidio frustrado contra un policía, incendio, porte y/o lanzamiento de bombas molotov y robo) y a un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado por robo a un banco, provocaron que el campo de las derechas se le fueran encima.

Esta indulto provocó un reajuste de gabinete, pues tuvo que aceptar la renuncia de su ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, ambos del partido del presidente, Convergencia Social, parte de Apruebo Dignidad.

Boric aceptó la renuncia de la ministra porque “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que los indultos se ajustaban a la ley pero que no se había cumplido el requisito del mandatario de excluir a aquellos que “tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”, y que si se hubieran tenido todos los datos, “la situación habría sido distinta”. Entró como ministro de Justicia Luis Cordero Vega, cercano a Socialismo Democrático.

Inflación y reforma de pensiones

Otro tema constante en el primer gobierno de Boric fue el económico, caracterizado por la inflación, fenómeno mundial marcado por la economía post epidemia del Covid y por el conflicto ruso-ucraniano. Sin embargo, a Chile la situación le pegó fuerte. Cerró el año 2022 con 12.8% de inflación, la más alta en los últimos 30 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas. En un país cuya población vive sumamente endeuda por la privatización de derechos y servicios básicos, la situación económica se dejó sentir.

Si bien el gobierno de Boric llevó a cabo un aumento del salario mínimo de 380 mil a 400 mil pesos (de 422 a 444 dólares mensuales), el alza más significativa en los últimos 30 años y con la proyección de elevarlo aún más, estas acciones no fueron de gran impacto debido a la inflación.

De igual manera, el gobierno ha sido reticente a permitir un nuevo retiro excepcional del dinero de los fondos de pensiones. Hasta la fecha, se han realizado tres efectivos, donde la población en labor productiva ha podido retirar hasta 10% de su fondo de ahorro, situación permitida en la presidencia de Piñera como medida para paliar la crisis económica del Covid. Rechazar un nuevo retiro le ha generado a Boric críticas pues varios liderazgos que hoy son gobierno, apoyaron estas medidas cuando fueron oposición. Hoy argumentan que estos retiros son salidas pírricas que más que ayudar dañan el patrimonio del trabajador, aparte que el retiro masivo pondría más obstáculos a la economía y ahondaría en la inflación.

Después de cuatro caídas consecutivas, el Indicador Mensual de Actividad Económica subió a inicios de este 2023 en 0.4%, cifra contraria a los pronósticos que proyectaban un descenso de entre menos 1.5 y 0.1%.

Como muchos sectores en la vida chilena, el sistema de pensiones está dominado por los actores privados, llamados Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un sistema obligatorio donde todo trabajador chileno (a excepción de Carabineros y Fuerzas Armadas, quienes sí están adscritos a pensiones regidas por el Estado) deposita parte de su sueldo en una cuenta a elegir entre cinco entes privados. El presidente busca reformar este apartado creando la opción de elegibilidad del fondo, es decir, elegir quién administra la pensión bajo un sistema mixto donde convivan inversores públicos y autónomos con privados.

Gratuidad en las consultas

En septiembre pasado, Gabriel Boric anunció la extensión a toda la población de la gratuidad de las prestaciones de la Red Pública de Salud de Chile, eliminando de esta forma el antiguo modelo de “copago” (conocido como Fonasa), que obligaba al ciudadano a pagar un porcentaje por la consulta médica pública. En Chile, país de 19 millones de habitantes, 8 de cada 10 habitantes se atienden en el sector público.

Los mayores de 60 años y las personas con ingresos bajos estaban exentos de pago, una medida ahora extensiva a toda la población, estimándose que 5.3 millones de chilenos se han beneficiado desde entonces. «La salud tiene que ser un derecho que no esté condicionado por el tamaño de las billeteras de las familias», dijo el presidente Boric cuando anunció la medida.

En el mismo sentido, la administración de Boric implementó otra medida que despresuriza el bolsillo de las familias en cuanto al acceso a la salud pública: la baja en el precio de medicamentos.

Más allá de estos pasos, una reforma de salud, que pretende crear un Sistema Nacional con énfasis en lo público, será presentada a fines de este año. Sin embargo, como comentamos en un inicio, varias de las reformas aún en el tintero quedan en el aire, susceptibles de ser descafeinadas o de restarles impacto social, debido al rechazo reciente a la reforma tributaria -que pensaba ser la base presupuestaria del proyecto de gobierno- pero también a la falta de mayoría en el legislativo.

Educación, la demanda sin resolver

Que la generación de las revueltas estudiantiles de 2011 esté ahora en el gobierno y uno de sus líderes sea hoy el presidente del país, no significa que no continúe vivo en Chile el movimiento estudiantil. La demanda de una educación pública, gratuita, laica y de calidad continúa vigente y constante, pues no se ha resuelto.

Si bien la propuesta de nueva Carta Magna chilena estipulaba que “el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”, su rechazo ciudadano en votación dejó todo como estaba antes, regido por la constitución de 1980.

Los jóvenes han vuelto a salir a las calles en diversos momentos desde que Boric llegó a la presidencia. Saben que hay un nuevo proceso Constituyente, ahora mucho más acotado. El gobierno, por su parte, toca el tema educativo con otra prioridad: “no es sólo respecto al ausentismo escolar (cuyo porcentaje ascendió tras el cierre de escuelas tras la pandemia), sino también (debemos trabajar) en la recuperación de los aprendizajes, en la atención a la salud mental, en la convivencia escolar”, dijo Camila Vallejo, ministra secretaria general del gobierno, tras la ratificación en el cargo en días recientes del ministro de Educación, que diversos sectores de la vida pública chilena -de manera transversal- pedían su salida.

La polémica firma del TPP11

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP-11 y del cual Boric fue, durante todo su periodo legislativo (2014-2022), un férreo detractor, acusando que dicho trato entregaba mucho poder a las grandes empresas transnacionales sobre los recursos en el país, fue finalmente firmado por él en calidad de presidente y entró en vigencia el pasado 21 de febrero.

Diversas voces de la izquierda anticapitalista le solicitaron que usara su facultad presidencial para detener la ratificación en el Congreso, pero Boric optó por firmarlo poniendo énfasis en los llamados side letters, mecanismo jurídico que le permite negociar con los otros miembros del tratado algunos cambios en el documento.

Sin embargo, como sucede con los acuerdos internacionales de comercio actuales, estos mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estado-naciones resultan usualmente favorables a las trasnacionales, limitando la capacidad de modificar políticas públicas soberanas. Cualquier cambio desfavorable a las empresas participantes es motivo suficiente para demandar al Estado en tribunales especiales.

¿Qué viene para 2023?

Gabriel Boric comenzó a gobernar en marzo de 2022 con 42% de aprobación (según la demoscópica Criteria), para posteriormente comenzar un lento descenso que duró todo el año. Este marzo de 2023 cumple su primer año con una aprobación de 39%, su mayor porcentaje posterior a su asunción y con una tendencia al alza.

En la víspera de cumplir su primer año en el gobierno, Boric realizó un nuevo giro en el gabinete. Cambió a los titulares de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Deporte, Cultura y Ciencias, así como quince subsecretarías. Las dos fuerzas convergentes y a las vez opuestas que nutren los primeros cuadros de su gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, siguen con representaciones equivalentes.

Deberán conciliar las diferencias en torno a un proyecto común. Dado el revés a la reforma tributaria, las carteras renovadas tienen que establecer políticas de gestión palpables para los ciudadanos, en un año donde habrá un segundo plebiscito constitucional y un puñado de reformas que el presidente intentará pasar.

2023 será también la fecha en el que se cumplirán los 50 años del golpe cívico-militar que derrumbó a una democracia establecida, y cuyos efectos socioeconómicos (una estructura institucional hiperliberalizada y una sociedad sobre endeudada) siguen generando un malestar en la población.