27 julio, 2022
En agosto se presenta “Dejando atrás la guerra contra las drogas”, una publicación de ReverdeSer Colectivo, que cuestiona la narrativa vigente y muestra los impactos de las políticas prohibicionistas, además de proponer una perspectiva integral y una serie de recomendaciones que marcan una pauta en el cambio de paradigma
Por Monserrat Angulo* Tw: @ReverdeSerC
¿Qué “ideas” tenemos sobre las drogas? ¿Qué “verdades” nos han contado? y ¿Cuáles son los “mitos” que encierran? Para profundizar en estos aspectos y aportar herramientas a la discusión pública, desde ReverdeSer Colectivo trabajamos en una investigación que será presentada a mediados del próximo mes, en donde cuestionamos la narrativa hegemónica y mostramos los impactos de la política prohibicionista.
Cuando hablamos de drogas, la mayoría de las personas asocia inmediatamente este término con la ilegalidad, la violencia, el narcotráfico, las adicciones y los daños a la salud. Estas ideas suelen ser transmitidas generacionalmente a través de grandes relatos o aseveraciones incuestionables. Lejos de aportar evidencia científica, suelen anteponer prejuicios y una carga peyorativa.
Durante más de un siglo, estas nociones han definido nuestro entendimiento del tema y las acciones que el Estado realiza en la materia. En México, este imaginario bélico y prohibicionista, lleva consolidándose con mayor fuerza desde hace quince años. Los mitos que lo conforman se siguen repitiendo sin importar que detrás haya verdades a medias, datos fuera de contexto o flagrantes mentiras.
“Dejando atrás la guerra contra las drogas. Mitos sobre el uso de drogas ilegales” busca desmontar estigmas y propone una perspectiva integral para comprender el fenómeno. Mediante una revisión sistemática de la evidencia y del contexto actual, la publicación profundiza en cinco mitos:
Cada uno de ellos explora los argumentos más comunes que sostienen el abordaje hegemónico, ofrece datos que logran matizar la desproporción que existe entre la realidad del consumo y las acciones estatales. Además, de plantear un lenguaje y principios básicos para un entendimiento en común entre diversos actores.
En particular, profundiza en el espectro del consumo de sustancias psicoactivas, las intervenciones de reducción de riesgos y daños que existen; las consecuencias del enfoque de seguridad pública y la penalización de drogas en los derechos humanos; las dinámicas de violencia producidas por el Estado en el marco de la guerra contra el narcotráfico; y en el papel de las personas usuarias, sus comunidades y las víctimas en la transformación de las políticas de drogas.
El documento ofrece una serie de recomendaciones y hace un llamado urgente al cambio de paradigma. Ya que si bien en los últimos años, hemos experimentado algunas tensiones y avances históricos, como el reconocimiento al derecho que protege el libre desarrollo de la personalidad, las iniciativas que regulan el mercado de cannabis, o las reformas en materia de salud mental y adicciones, al igual que las discusiones locales para despenalizar la cannabis. Aún nos encontramos con grandes retos institucionales, políticos y socioculturales en este camino.
Lo anterior, es reflejo del complejo escenario que experimentamos hoy en día, donde los estragos del prohibicionismo, la militarización de la seguridad pública y la expansión de los mercados ilícitos se traducen en la persistencia de altos niveles de violencia armada, una campaña federal de drogas que desinforma, la cifra nacional de más de 100 mil personas desaparecidas, y un creciente número de muertes por sobredosis de opiáceos en los estados fronterizos.
Dejando atrás la guerra contra las drogas marca una pauta en el rumbo de las políticas de drogas. Pone al centro de la conversación a las personas usuarias, sus comunidades y las víctimas. Al igual que recupera la experiencia acumulada de la sociedad civil, y regresa a las autoridades públicas el compromiso de caminar hacia una nueva política que contemple la reparación del daño y la justicia social para la construcción de paz.
Participa en la presentación pública del documento a realizarse durante el mes de agosto del año en curso.
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