Una decena de cargadores y un supuesto actuario lanzaron a la calle a uno de los habitantes que aún permanecía en el edificio Trevi. El edificio se encuentra en litigio, pues la empresa Público y la financiadora Banca Mifel planean hacerse del inmueble y convertirlo en oficinas y un hotel boutique

Texto y foto: Arturo Contreras Camero

Sergio Sánchez estaba en el baño cuando llegó el desalojo a su casa: una decena de cargadores, armados con tubos y herramientas que portaban como porras y toletes.

“Tocaron. Yo sólo escuché a lo lejos. Iba saliendo, y vi que ya habían abierto la puerta. Un hombre llegó y dijo ‘yo soy el actuario’, pero no se identificó apropiadamente. En eso, empezaron a meterse un montón de cargadores, ahí a mi departamento. Eran como unos 10, más o menos”.

Sergio vivía en unos de los pocos departamentos habitados del icónico edificio Trevi, a un costado de la Alameda Central. Desde hace un par de años, el edificio Art Decó cayó en la mira de la empresa Público, que quiere construir un espacio de renta de oficinas, un Coworking, como les llaman, y un hotel boutique.

El inconveniente para la compañía es que el edificio Trevi estaba habitado por familias, en su mayoría de la tercera edad. Poco a poco muchos vecinos empezaron a dejar sus hogares ante amenazas y presiones, pero un grupo de ellos se quedó a defender sus casas.

Desde entonces interpusieron una demanda por su derecho al tanto, que dicta que antes de vender un edificio, el dueño debe ofrecerlo a quienes lo habitan, sin embargo, esto no pasó bajo los mejores términos. Actualmente existe un juicio legal por la posesión de estos departamentos, sin embargo, esto no ha disminuido las presiones en contra de los habitantes del Trevi. Al contrario, las ha recrudecido.

Éste es el caso de la expulsión de Sergio. “El supuesto actuario me enseñó una hoja, pero ni siquiera me dejó leerla para ver que era cierto”, cuenta. Sergio habla a pie de calle. A su alrededor, todas sus pertenencias y los muebles que tenía el departamento están tirados, como si un huracán los hubiera vomitado por la puerta de su casa.

“Empezaron a sacar todo. En eso estaban cuando me dice uno de ellos: ‘agarra tus cosas de valor’. Yo estaba en una cosa y en otra, tratando de ver qué. De repente jalo un cajón donde tenía efectivo, y ya no está. Les empecé a preguntar que qué había pasado y me responden tajantes: ‘No. Tú tienes la culpa, porque yo te dije que tomaras tus cosas de valor’. Y me responsabilizan a mí del dinero que se robaron”.

Además del dinero, dos de las guitarras eléctricas de Sergio, que es músico, desaparecieron durante el desalojo. 

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— Carlos Acuña (@esecarlo) October 14, 2019

En agosto pasado, Carlos Acuña, otro de los habitantes del Trevi y uno de los vecinos que son clave en la resistencia en contra de Público Coworking, también fue desalojado. Los motivos: incumplimiento en el pago de rentas, y falta de contrato. Ambas razones son falsas.

Desde que iniciaron el juicio por su derecho al tanto, los habitantes de los pocos departamentos que aún están habitados en el Trevi empezaron a depositar sus rentas ante un juez cívico, pues el dueño del edificio dejó de aceptarlas. También los acusan de no tener un contrato para vivir ahí, aunque el último que tienen aún está vigente.

El grupo de vecinos saben que los desalojos son parte de la estrategia de Público para sacarlos del inmueble, y se han preparado contra ellos. De hecho, hace unas semanas, otro de los vecinos que permanecen en el edificio había ganado un juicio de desalojo en su contra, pero poco después se enteraron que la misma demanda por incumplimiento de contrato se había llevado a cabo en al menos dos juzgados diferentes. Si bien defendió y ganó en uno, del otro ni siquiera tenía notificación.

“Ése lo teníamos bien presente, incluso el vecino tuvo que pagar una garantía de 100 mil pesos, para acreditar el pago de rentas, y estábamos preparados en caso de que hubiera un desalojo, pero el de Sergio sí nos agarró por sorpresa, no teníamos idea de que lo estaban planeando”, asegura Carlos Acuña, que en cuanto se enteró del incidente, acudió a apoyar a su vecino.

Después del desalojo de Carlos, en agosto, trabajadores y albañiles llegaron al edificio a realizar obras de remodelación. Pero agentes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial las cancelaron al día siguiente porque no tenían los permisos necesarios.

De acuerdo con Carlos Acuña, el desalojo de Sergio responde a que la empresa ya tenía que haber recibido los trabajos de remozamiento, y como no se han terminado, hay multas de por medio que se tienen que pagar. Por eso, asegura, las acciones en contra de los vecinos se han vuelto cada vez más cruentas, más violentas y más duras.

“Mientras recoge algunos muebles y mira entre las pertenencias de Sergio, Carlos asegura: “parece que este edificio se está quedando cada vez más solo”. De las decenas de departamentos habitados que había en este edificio, hoy solo en cinco de ellos hay personas. 

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