Javier Duarte volvió a ocupar las noticias, tras difundirse un video grabado cuando fue detenido en Guatemala. Ahí narra cómo negoció su entrega con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, responsabilizó en una carta al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de su seguridad. Aquí un perfil del político veracruzano*

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Johan Ordóñez / AFP

En el restaurante Villa del Mar de Boca del Río, Javier Duarte estaba de fiesta con un grupo de amigos. Era el 25 de mayo de 2011. Duarte iba a cumplir seis meses en la gubernatura de Veracruz y departía con el dirigente del sindicato de petroleros, Carlos Romero Deschamps, quien se quejaba de que Pablo Pavón Vinales le estaba dando demasiados problemas.

Pavón Vinales había sido dos veces alcalde de Minatitlán y dos veces diputado federal. Era un viejo adversario de Romero en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y en septiembre de ese año se emitiría la convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical. El multimillonario Romero Deschamps no quería a Pavón en la pelea.

Atento a las inquietudes de su amigo, Duarte dio una orden al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez.

— Procurador: te doy 48 horas… no, te doy 24 horas para que lo detengas.

— ¿Bajo qué cargos?

— Los que quieras.

Al día siguiente, Pavón Vinales fue detenido en Coatzacoalcos, acusado del delito de fraude y desvío de recursos por un millón de pesos que, presuntamente, derivaba de una demanda de petroleros de la sección 10.

Las notas periodísticas reportaron que al detenerlo le encontraron un arma de uso exclusivo del Ejército. Tres días después fue liberado tras pagar una fianza, pero en menos de 24 horas lo volvieron a detener, acusado entonces del secuestro de un trabajador en 2010. “Éste es un delito montado, es un supuesto secuestro a un individuo que todo el mundo sabe que es un golpeador de la Sección 10 —dijo el líder sindicalista—. Yo no me dedico a secuestrar y menos de una forma tan burda como dice, que lo hice en mi camioneta, que personalmente pedí el rescate. Cuando menos debieron haber sido más inteligentes para inculparme. Si se trata de llevarle mi cabeza a Carlos Romero, aquí estoy”.

A pesar de sus alegatos, Pavón Vinales estuvo preso 10 meses. Salió libre en marzo de 2012, el mismo año en que Romero Deschamps fue reelecto por tercera ocasión (a pesar de que los estatutos no lo permitían) en la directiva del STPRM y se hizo de una curul en el Senado de la República.

La escena del restaurante fue contada por el propio Reynaldo Escobar, ejecutor de la orden del gobernador, a sus amigos cercanos. Escobar había quedado como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia, desde diciembre de 2010, cuando Duarte relevó a Fidel Herrera en la gubernatura. Antes, había ocupado la Secretaría de Gobierno del estado y eso le impedía ser nombrado Procurador, pues la Constitución de Veracruz establecía como requisito no haber ocupado un cargo público en el año anterior al nombramiento.

Eso, sin embargo, no limitó al nuevo gobernante, quien en los últimos días de mayo envió al Congreso estatal el nombre de Reynaldo Escobar como sugerencia única para el cargo; el Congreso aprobó una modificación constitucional (con 47 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones), y así, el 31 de mayo de 2011, seis días después de ordenar la detención de Pavón Vinales, Escobar fue designado Procurador.

Escobar apenas duró cuatro meses en el cargo. El 20 de septiembre fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres debajo de un puente de Boca del Río, frente al edificio donde se realizaba un encuentro de todos los procuradores de justicia del país. Escobar se apresuró a acusar a las víctimas (en las primeras horas aseguró que todos tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión o narcomenudeo). Aguantó la presión 20 días y luego presentó su renuncia. 

El tratamiento de Pavón Vinales y el nombramiento de Escobar son un botón de muestra de los excesos de Javier Duarte de Ochoa en el gobierno de Veracruz. De cómo usó el poder de una forma absoluta, exhibiendo su fuerza, controlando a los amigos y a los políticos locales con dinero y a los enemigos con miedo.

Duarte fue un gobernador que ejerció a plenitud el papel de “virrey” que se ha adjudicado a muchos gobernadores priistas que se quedaron sin cabeza de partido después de la alternancia en el poder presidencial. Un hombre que pasó de una infancia dura a un gobernante que no entendió de límites. Que sólo podía ser controlado por su esposa, Karime Macías, en una relación que recuerda a la de Ferdinand e Imelda Marcos en Filipinas.

Hoy preso, acusado de encabezar una red delictiva que permitió desviar entre 300 y 600 millones de pesos del erario público (aunque los reportes de las auditorías muestran que podrían ser hasta 61 mil millones de pesos, sólo del gobierno federal, esfumados durante su administración), Duarte es como el monstruo de Frankenstein de un sistema político que se alimenta de la misma corrupción que genera. 

“Javier Duarte desvió recursos públicos en cada día de su mandato, no se salva ningún programa social o cultural, todos los cuales terminaron siendo pretexto para que los usara en beneficio propio, de su familia o de sus cómplices, y que se lo permitieron el gobierno federal y sus cómplices locales” dice el periodista Daniel Moreno en el prólogo de Duarte, el priista perfecto.

Quizá la de “priista perfecto” no sea la mejor definición para un hombre cuyo rápido ascenso sólo es comparable con la brevedad de su carrera política. Porque Javier Duarte no supo mantener equilibrios, no cultivó lealtades, no construyó obras por las cuales lo recordarán; rompió la balanza característica del sistema político que ha mantenido a su partido en el poder durante un siglo. Y ahora, en desgracia, no hay nadie que salga a defenderlo, ni siquiera quienes se beneficiaron de su avaricia.  Todos y cada uno de sus cómplices se han deslindado. 

‘Después de Dios, yo’

Esta es la historia de un político que nació en 1973, en el Puerto de Veracruz, que se formó en un grupo católico, que quedó huérfano de padre el mismo día que cumplió 12 años y luego tuvo que ayudar a su mamá a vender pan para mantener a sus tres hermanos y que de adolescente sufría bullying debido a su voz chillona y a la obesidad.

El hombre que tuvo una carrera política meteórica al amparo de Fidel Herrera y sobre todo, protegido por Rosa Borunda, la esposa de Herrera. Que exprimió las arcas de Veracruz para comprar las querencias de sus allegados y que controló las protestas por la vía del miedo. 

Que, a través de Gina Domínguez, la “Vocera de Hierro”, montó un bunker, en varios pisos de la Torre 1519, en Boca del Río, para vigilar la vida de reporteros, activistas y opositores y que selló su gobierno con el asesinato de 17 periodistas y la desaparición de otros tres, además de una política de terror y control social a través de la represión sin cortapisas a movimientos estudiantiles y de maestros.

Que para muchos es el peor gobernador que haya tenido Veracruz. Las imágenes de los hospitales abandonados o a medio construir, con la hierba crecida alrededor, son quizá la mejor metáfora del duartismo.

“Si todos los días tienes un ejército que te dice que eres el más chingón, y que te permite ser el guapo, cuando antes eras gordinflón, feo y con cara de moco, pues terminas perdiendo el piso”, dice Luis Velázquez, uno de los periodistas que más conoce a la élite de Veracruz y que ennumera tres cosas que definen a Duarte en el gobierno: su habilidad con los números, la corrupción ilimitada y el hedonismo. 

“Fidel fue su único jefe político, su guía, patrón, gurú, tlatoani. Y él lo resolvía con un principio: lo que en política se compra con dinero, sale barato. Así que esa es la forma que Javier Duarte aprendió de hacer política. Y luego está la impunidad: nadie le puso el alto, ni aquí ni en el gobierno federal. Todos se volvieron cómplices. Todos sabían que algo sucio estaba pasando y siguieron en el gabinete. Él tenía a la iglesia católica, a legisladores halagándolo. Llegó un momento en el que él decía: ‘Después de Dios, yo’”.

Javier Duarte gobernó Veracruz con una obsesión: hacer dinero. En ese afán, exprimió las arcas públicas hasta no dejar nada. “Simplemente ya no pudimos parar, esto fue creciendo y creciendo hasta el punto en que ya no sabíamos dónde meter tanto dinero”, confesó desde España al actual gobernador Juan José Janeiro, uno de los operadores de Duarte en el lavado de dinero

Y tal vez ni siquiera se dio cuenta. Como resume un periodista exiliado: “Duarte es un hombre de corazón muy chiquito”.

Karime, la que merecía abundancia

El 12 de diciembre de 2010, doce días después de tomar posesión del cargo de gobernador, Javier Duarte y su esposa, Karime Macías Tubilla, fueron a Manhattan a reunirse con los migrantes de Veracruz que viven allá. Se encontraron en un parque y de ahí caminaron a una iglesia. Duarte iba cargando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. En su mensaje, aseguró que él y su esposa también habían sido migrantes y habían sufrido “en carne propia” el desprecio a los extranjeros. El gobernador se refería a su estancia en España, cuando fueron a estudiar sendas maestrías en economía y trabajo social.

Evidentemente, ninguno de los dos había sufrido lo que sufren los migrantes indocumentados en otro país, pero el pasaje retrata un elemento característico de la pareja Duarte-Macías: la convicción de que merecen más de lo que han tenido.

Javier Duarte y Karime Macías se conocieron en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Los presentó Moisés Mansur, el amigo del político desde la adolescencia en Córdoba.

Ella era una joven callada y seria, perteneciente a una familia pudiente de Coatzacoalcos que no tuvo mayores problemas para aceptar al elegido de su hija: un joven serio, acomedido, bueno para las finanzas y protegido por una importante familia de Veracruz.

Luego de un largo noviazgo, Karime y Javier se casaron en 2003. La de ellos no fue una sencilla boda veracruzana. Usaron el Museo de Transporte de Xalapa, y tuvieron como padrinos al ex gobernador de Quintana Roo y expresidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Codwell, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y el entonces senador, Fidel Herrera.

La pareja tuvo tres hijos: Javier, Carolina y Emilio. En un primer momento se instalaron en Coatzacoalcos, donde estrecharon lazos con el actual diputado federal Tarek Abdalá, quien más tarde se convirtió en el principal operador del esquema de desvío de recursos públicos con el que el matrimonio Duarte-Macías se hizo de un emporio inmobiliario en cuatro países, con un valor de más de mil millones de pesos, según las investigaciones.

Karime, la reservada estudiante de la Ibero, no se conformó con su papel de esposa del gobernador y presidenta del patronato del DIF. En cuanto Javier asumió la gubernatura, ella comenzó a jalar los hilos del poder de su esposo y, en los hechos, ejerció como vicegobernadora. Todos los testimonios que se han conocido en el juicio contra Duarte coinciden en que era ella quien controlaba el dinero y los negocios. Algunos se aventuran más: “La Señora”, dicen, era la persona más poderosa en el gobierno y quien realmente mandaba. 

“Todo era por órdenes de ella. Ella es la que decidía cuándo y a dónde iba el dinero”, declaró, por ejemplo, el abogado Alfonso Ortega López, uno de los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) que ha sido clave en la investigación de la red de corrupción. Un testimonio similar es el del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien declaró que ella entraba a las juntas del gabinete y daba instrucciones a los secretarios: “No tenía la investidura para estar en esas reuniones, pero sabíamos que Duarte no le decía nada y que ella realmente decidía”.

En mayo de 2016, en pleno proceso electoral, Animal Político publicó un amplio reportaje que mostraba la operación de una red de empresas fantasma en el gobierno de Veracruz. La publicación rompió el dique que, desde el gobierno federal, contenía las investigaciones derivadas de los desfalcos que ya había detectado la Auditoria Superior de la Federación. 

Duarte huyó de Veracruz cuando estaba a punto de ser detenido, en octubre de 2016, y fue capturado seis meses después, cuando su familia intentó reunirse con él en Guatemala. En los meses en los que Duarte estuvo prófugo, Miguel Ángel Yunes, el gobernador entrante, se avocó a la tarea de conseguir todas las pruebas que pudieran incriminar a su ex contrincante para hacerlas públicas o entregarlas a las autoridades federales. El gobierno realizó varios decomisos de propiedades incautadas al gobernador. 

En febrero de 2017, en un operativo realizado en una bodega de Córdoba, los agentes de la fiscalía de Veracruz localizaron, entre muchas pertenencias de la pareja, un diario de Karime que tenía apuntados números de cuantas bancarias y nombres de empresas fantasma. Pero lo que más llamó la atención fue una plana en la que ella había escrito la misma frase decenas de veces: “Sí merezco abundancia”.

Diez meses después, cuando el juicio contra su esposo había iniciado, Macías envió una carta a la Fiscalía en la que confirmó que vive “refugiada” en el Reino Unido, acusó al gobernador Yunes de violar su presunción de inocencia, y exigió que le sean devueltos sus diarios y documentos personales. El gobernador, alegó, “expuso un diario privado propiedad de la suscrita y tergiversó afirmaciones de corte espiritual, pretendiendo dar un sesgo delictivo sin el menor escrúpulo”.

¿Cuánto influyó Karime en la transformación de Javier? ¿Era un hombre controlado por ella? ¿Se manipularon los dos? Es difícil saberlo. Lo que muchos veracruzanos se preguntan  —y ninguna autoridad federal ha podido responder— es por qué ella, con la cantidad de testimonios que la inculpan, no está sujeta a proceso.

El modo veracruzano de hacer política

El Gran Café de la Parroquia es un ícono del puerto de Veracruz y uno de los restaurantes más famosos del país. Tiene más de 200 años y por él han pasado cientos de personajes, desde Agustín Lara y Porfirio Díaz, hasta los presidentes del nuevo siglo. Es, también, el principal desayunadero político del estado. En sus sucursales de Xalapa y el puerto se organizan conferencias de prensa, se reúnen grupos sindicales o agrarios, y se juntan los políticos que quieren ser vistos. 

En La Parroquia que está en el puerto, frente al malecón, hay un mural que resume la forma de hacer política en el estado que ha sido semillero de políticos y granero de votos para el Partido Revolucionario Institucional. La pintura representa una conferencia de prensa en la que tres hombres trajeados con máscaras de cerdos y lenguas muy largas hablan con periodistas. Una de ellas tiene una balanza y una cinta que reza: “Porque no todas las vidas se corrompen”, mientras por debajo de la mesa le ofrecen un saco de dinero, de montones que allí, custodiados por un perro. Sobre la mesa una serpiente se arrastra y dice: “Y al que le quede el saco”. Atrás hay líderes petroleros, campesinos y un burócrata que arrodillado extiende las manos hacia los enmascarados.

Veracruz es uno de los estados que más cuadros ha dado a la élite política nacional, entre ellos siete presidentes. También ha sido uno de los principales graneros de votos del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en las zonas rurales y en la región petrolera, controlada por el sindicato. Los veracruzanos conocieron la alternancia política apenas en 2016, después de 83 años de gobiernos priistas que terminaron con Duarte. Y todavía ahora se ven resabios del rojo omnipresente que cubría todos los espacios públicos en la época de su antecesor, Fidel Herrera Beltrán. 

Veracruz es la tercera entidad más poblada del país (después del Estado de México y la ahora CDMX), con cerca de 8 millones de habitantes distribuidos en 212 municipios. Tiene dos de las regiones más empobrecidas del país: la sierra de la Zongolica y la zona serrana de la Huasteca Alta, y una bolsa de 5.5 millones de electores que lo hacen apetecible para cualquier partido. Sobre todo, tiene una geografía estratégica para cualquier actividad comercial: 720 kilómetros de costas, mil 800 kilómetros de vías férreas, nueve puertos, fronteras con otras siete entidades y una estructura productiva industrial que concentra más de 90 por ciento de la petroquímica básica y la mayor generación de energía eléctrica de todos los estados del país.

Veracruz también representa la ruta más corta para cruzar México de sur a norte. Por eso, cuando el Huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998 y detonó el éxodo de miles de personas en esa región, se convirtió en el paso más usado por los migrantes centroamericanos en su camino a Estados Unidos. Y después, cuando el cartel de Los Zetas —el más cruel de los grupos criminales que operan en México— extendió su poderío por el país durante el sexenio de Felipe Calderón, ese alargado estado se convirtió en una trampa mortal: en 2010, uno de cada tres migrantes secuestrados que registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue visto ahí por última vez.

Ese fue el estado al que llegó a gobernar Javier Duarte de Ochoa, en diciembre de 2010, con 37 años y una imagen de renovación institucional. 

“Ganó con ventaja, en buena parte por la presunta iniciativa juvenil, la mitad de su gabinete era joven y tenía un buen discurso. De entrada nombró a Gerardo Buganza, un ex panista, como secretario de Gobierno, y en economía a Tomás Ruiz, el genio del SAT, y de asesor a Rubén Aguilar, el ex vocero de Vicente Fox. Eso generó muchas expectativas porque sí parecía como algo renovado, que no repetiría las fórmulas de los viejos priistas”, recuerda un veterano periodista.

Duarte, sin embargo, ya tenía otros planes. Los testimonios del abogado Alfonso Ortega López, testigo clave del juicio contra el exgobernador, y de Juan José Janeiro, operador del esquema financiero de empresas fantasma, revelan que desde el primer día de su mandato, el propio Duarte mismo les propuso el negocio que lo tiene en prisión.

Desde entonces, también comenzó a operar una estrategia de control social contra académicos, periodistas y disidentes, operada por la policía estatal y la Marina con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, que poco después derivaría en el otro sello de la administración de Duarte: los desaparecidos. 

Colinas de Santa Fe, un predio cercano al puerto de Veracruz donde se han encontrado 295 cuerpos humanos —desde agosto de 2016— y evidencias de una práctica de exterminio dirigida desde la policía estatal, es el emblema de un gobierno que sumió al estado en una era de terror.  Aún ahora, con Duarte y varios de sus operadores en la cárcel, la gente que acepta contar su parte de esta historia pide el anonimato.

Arturo Bermúdez, el limpiador

¿Qué paso en Veracruz y Boca del Río durante esos años que coinciden con la llegada de Javier Duarte al gobierno del estado, de Arturo Bermúdez a la Secretaria de Seguridad Publica, y de mandos de la Marina a puestos clave de Seguridad? No hay forma de contarlo sin voltear a las secciones de la nota roja. Las personas comenzaron a morir por montones en las condiciones más absurdas, la mayoría por robos o accidentes. Eso tenían que decir las notas para no incomodar. No había ejecutados ni ajustes de cuentas, menos levantones, aunque siguiera ocurriendo, De pronto las personas comenzaron a evaporarse. Desaparecían por todos lados, mujeres, adolescentes, hombres en edad laboral, aunque la mayoría de las víctimas eran jóvenes de los 18 a los 35 años.

El testimonio de Ignacio Carvajal, uno de los periodistas más reconocidos en Veracruz, fue un retrato crudo, que revela la cara de la que menos se hablaba en el gobierno de Javier Duarte, como si su gran falla fuera sólo la corrupción, y no el ataque sistemático contra la población, desde el Estado, que configuraba una serie de crímenes de lesa humanidad. De hecho, Veracruz es el estado con más policías estatales reprobados en el examen de confianza, y es también uno de los cuatro estados – los otros son Tamaulipas, Guerrero y Coahuila – que concentran el 47% de las desapariciones forzadas en el país, según el Informe de Labores de 2015 de la PGR.

La cruel y sanguinaria batalla por el territorio que han protagonizado dos grupos criminales  – Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación – tiene como punto de arranque el año 2009, cuando aparecieron en el puertos los “Matazetas”, aunque su punto de inflexión son los 35 cuerpos arrojados en el puente de Boca del Río en 2011. Muchos testimonios dan cuenta de que, a partir  de entonces, comenzó una “limpia” de presuntos integrantes de Los Zetas, que incluyó a La Marina y al gobierno estatal, y que sirvió de pretexto para la formación de una “súperpolicía” de élite que, bajo el mando de Arturo Bermúdez, se excedió en todas las formas posibles.

Bermúdez estuvo 18 años en las entrañas del poder en Veracruz. Llegó a trabajar con Sergio Maya Alemán, en el gobierno de Alemán Velasco (1998-2004). Después, con Fidel Herrera, fue el jefe del C4 –un centro de control de todas las policías–, y finalmente jefe de la policía con Duarte. A simple vista, parecía un hombre discreto y accesible, pero la policía a su cargo sembró terror en cada rincón del estado.

La policía estatal era tan temida, una funcionaria de alto nivel del gobierno ha contado, que una vez que la iban a detener en la carretera ordenó a su chofer que acelerara, porque prefería caerse a un barranco que dejarse detener por los estatales. Durante el gobierno de Duarte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió, al menos, 98 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del estado por detenciones ilegales y tortura cometidas por policías estatales en funciones, incluidos cuatro casos en los que las detenciones terminaron en ejecuciones.

A eso hay que agregar las desapariciones forzadas, cuyas denuncias empezaron a multiplicarse a partir de que brigadas de familiares de víctimas comenzaron a localizar fosas, en 2015. Hasta ahora, la Fiscalía estatal registra la localización de restos de 553 personas en 310 entierros clandestinos en distintos puntos de Veracruz. El caso más emblemático es el de Colinas de Santa Fe, el terreno donde se encontraron los 295 restos; los 12 que ya se han identificado corresponden a personas que fueron desaparecidas por la policía estatal. Pero hay otros, como el del Rancho el Limón, en Tlalixcoyan, donde la División Científica de la Policía Federal encontró 3 mil fragmentos de restos humanos. Entre ellos se pudo identificar a uno de los cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca y entregados a sicarios. 

En octubre de 2014, Duarte anunció la creación de una súper policía de élite: la Fuerza Civil, integrada –en una primera etapa– por 2 mil policías estatales que fueron entrenados seis meses en el Ejército. El presidente Enrique Peña Nieto visitó Veracruz en la víspera de la presentación y auguró que será la policía “más moderna del país”.

El comercial tipo Hollywood en el que el gobierno de Veracruz muestra imágenes de oficiales con uniformes moteados y boinas, helicópteros, lanchas, tanquetas, unidades de “inteligencia especializada” y “centros de control” fue grabado en las dunas de Chachalacas, un pueblo en el mar a unos 40 minutos del puerto en el que parece que todo se está cayendo menos un hotel de lujo, el Artisan, propiedad de Arturo Bermúdez y donde el jefe de la policía y otros funcionarios solían pasar los fines de semana. El hotel, que puede cobrar 3 mil pesos la noche, recomienda especialmente el servicio de masajes.

No es la única propiedad que el jefe de la policía y su familia adquirieron durante el gobierno de Duarte. El equipo de investigación de Aristegui Noticias documentó, a partir de una denuncia pública que hizo Miguel Ángel Yunes, que son propietarios de cinco residencias en el complejo Woodlands, en Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares. La denuncia de Yunes, que tenía unos días como gobernador electo, incluyó 21 empresas, entre ellas 12 hoteles (uno en la Ribera Maya) y varias propiedades en la Ciudad de México.

Bermúdez es un hombre que pudo hacerse pintar un mural, organizar un festejo con strippers para festejar a las mujeres policías, y construir un bunker impenetrable en la Academia de Policía, a donde muchos dicen que llevaban a torturar a los detenidos (en muchos casos, también los desaparecieron). Durante casi seis años controló desde las 22 cárceles del estado hasta las multas de tránsito. E instauró el terror.

En los primeros días de febrero de 2018, la fiscalía de Veracruz inició un proceso penal contra 31 policías estatal por la desaparición forzada de 15 personas durante 2013. El proceso implica a los principales mandos de la corporación, incluido Bermúdez. El juicio destapó uno de los pasajes más oscuros de exterminio de población civil por parte de las fuerzas policiacas en el país. Sin embargo, el jefe policiaco fue liberado en diciembre de ese año, tras pagar una fianza.

¿Sabía Duarte lo que estaba haciendo su jefe de la policía? “Probablemente sí, pero no le importaba”, dice un académico que ha estudiado ampliamente las políticas de seguridad.

*Este texto es una versión resumida del capítulo Javier Duarte, Un corazón muy chiquito incluido, incluido en el libro Los Gobernadores. Caciques del Pasado y el presente (Grijalbo, 2018)