Mientras más se alarga el retraso de la repartición de fertilizante en Guerrero la incertidumbre aumenta.  Virginia Torrescano y su familia son parte de los afectados

Texto: Arturo de Dios Palma / Amapola

Fotografías: Salvador Cisneros / Amapola

MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO.- Virginia Torrescano Grande sabe que sin el fertilizante sus tierras producen menos y, producir menos, siempre tiene implicaciones: no cosechará el maíz suficiente para comer tortilla todo el año y puede desaparecer esa pequeña fuente de ingreso con la que no resuelve su vida pero sí la urgencia para comprar las medicinas que necesita su esposo, Andrés Chocolate Trejo. 

Virginia tiene 79 años y desde los 17, cuando se casó con Andrés, siembra y cosecha maíz, frijol y calabaza con lo que alimentó a sus nueve hijos, aunque ahora sólo les quedan seis, porque tres murieron.
Virginia nació en Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, y ahí vive con Andrés desde hace 55 años. 

Hace diez años, a Andrés se le comenzaron a hinchar los pies, las manos y la barriga. No sabían exactamente por qué y decidieron ir al médico. Le diagnosticaron insuficiencia renal. Tuvo que hacerse diálisis para disminuir los embates de la enfermedad.

La capacidad de Andrés se fue mermando. Dejó de hacer sus actividades hasta que un día abandonó el campo. No tenía las fuerzas suficientes para levantarse e ir a sembrar, a fertilizar, a abonar y cosechar la milpa.

Entonces, Virginia asumió toda la responsabilidad.

Mientras lees esta historia probablemente alguna carretera sea bloqueada, una dependencia tomada o algún funcionario público retenido por decenas, tal vez, cientos de campesinos que exigen la entrega del fertilizante. Así lo han hecho las últimas semanas.

Desde mayo, lo esperan para abonar sus plantas de maíz, pero en la mayoría de los pueblos de Guerrero no ha llegado el insumo subsidiado.

En este ciclo agrícola, el gobierno federal decidió absorber el costo y la distribución del insumo. Esta es la primera vez en que la Federación quita esa responsabilidad al gobierno del estado y a los municipios en los 24 años en que se instauró el programa de entrega de fertilizante en Guerrero.

El gobierno federal implementa en Guerrero el programa piloto de entrega de fertilizante gratuito, porque piensa ampliarlo a todo el país.

Los últimos tres años lo entregó el gobierno estatal; antes el insumo era cubierto con inversión tripartita, es decir, entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y los campesinos.

El atraso provocó la movilización de organizaciones campesinas auténticas y otras ligadas a partidos políticos. En los últimos días, por todas partes, salieron campesinos a exigir el fertilizante.

Unas se radicalizaron: en las regiones Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica retuvieron a funcionarios de la Secretaría del Bienestar y a subdelegados del gobierno federal.

Mientras más se alarga el retraso la incertidumbre aumenta. El gobierno del estado y organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, alertan de una posible crisis alimentaria y migratoria.

Para las comunidades rurales y, sobre todo, para los pueblos originarios, unas 529, 780 personas, según registros oficiales, las cosechas de maíz son indispensable para su alimentación. La tortilla es su alimento base.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que si los campesinos de la Montaña no reciben el fertilizante, los pueblos de esta región enfrentarán una crisis alimentaria por la baja en la producción de granos básicos para la alimentación y, esto, advirtió, provocará el incremento en la migración.

“Si de por sí la gente es vulnerable, con el retraso de la entrega de fertilizante, la gente prefiere salir de sus pueblos, le apuesta más al ingreso económico como jornalero que como productor en sus comunidades”, advirtió.

En el estado de Guerrero se siembran 453,771 hectáreas y se cosechan 2.88 toneladas de maíz, en promedio, según datos oficiales.

Son las 12 del día del 26 de junio en Apango. En una bodega ubicada a la salida del poblado están decenas de campesinos formados para recibir el fertilizante. Primero pasan con los “Servidores de la Nación”, les verifican los documentos que acreditan la propiedad de sus tierras y les entregan un vale. Con el vale en mano vuelven hacer otra fila para que les entreguen, por fin, el insumo.

En esas filas se formó Virginia junto con su esposo Andrés. Llegaron desde las ocho de la mañana y hasta las 12 de la tarde recibieron el insumo, incompleto: le dieron seis bultos, cuatro de sulfato y dos de granulado. Faltó  el biofertilizante y la semilla mejorada que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace diez años, Virginia siembra tres hectáreas de maíz y fueron las que registraron en el programa de fertilizante del gobierno federal.

Antes con su esposo Andrés no se ponían límites, cosechaban las hectáreas que les permitía su capacidad, seis, siete.

Ahora sólo siembran tres porque es hasta dónde puede Virginia. Hasta donde le dan sus fuerzas.  

–¿Y por qué no pidió el fertilizante para las otras dos hectáreas?

–Pues como te lo dan gratis, uno qué puede decir –dice Virginia resignada mientras descansa en una pequeña silla de madera en medio de la sala de su casa.

–¿Piensa comprar el fertilizante que le falta?

–No, no tengo dinero, ya gasté mucho.

Para este ciclo agrícola, Virginia ya gastó 3,700 pesos en los preparativos: un tractor para barbechar, unas bestias para hacer los surcos y contrató trabajadores para sembrar.

Para juntar esos 3,700 pesos, Virginia tuvo que vender el maíz que le quedaba de reserva, sus guajolotes y sus rollos de cintas de palmas de soyamiche, materia prima para artesanías guerrerenses, que se lo pagan a ocho pesos cada uno. No le alcanzó, buscó ayuda con sus hijos. 

Virginia está preocupada: con los seis bultos que le dieron apenas y podrá fertilizar una hectárea, las otras dos quedarán sin el abono.

“La tierra necesita el fertilizante, el problema es que ya se acostumbró a que se le eche y puede que la plantita no crezca igual”, dice Virginia. 

No aplicarlo implica un riesgo: que no logre cosechar las cinco cargas, los casi 28 bultos de maíz que ha recogido cada año en los últimos diez. Eso implica otro riesgo más directo y más inmediato, no tendrá el maíz suficiente para comer durante todo el año próximo y para comprar las medicinas que necesita su esposo, sobre todo cuando se agrava.  

Cuando Andrés tiene una crisis y necesita ser atendido, Virginia corre a los tambos donde tiene guardado el maíz, lo organiza en medidas, 12 kilogramos cada una, y sale a ofrecerlo a los molinos y a las señoras que venden tortillas. Por cada medida le dan 50 pesos, así lo hace hasta que junta el dinero de las medicinas.

No tener dinero para atender a su esposo la agobia, sobre todo, después de que hace unos días recibió una noticia: Andrés fue diagnosticado con problemas en la próstata. Virginia no sabe si es cáncer. El médico sólo indicó que ya era tarde para operarlo.

El viernes 28 de junio el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que el 15 de julio se entregará el fertilizante en un 100 por ciento, aunque apenas han entregado un 25 por ciento.

Villalobos Arámbula explicó que en Guerrero hay más de 70,000 toneladas del fertilizante en bodegas y se han distribuido otras 27, 641.

El atraso en la entrega del fertilizante está al límite, incluso, el 15 de julio puede ser tarde ya. Por ejemplo, Virginia ya sembró y sus plantas de unos 20 centímetros están listas para la primera fertilización. Así ocurre en casi todo el estado. 

Pero, ¿por qué se atrasó tanto la entrega del fertilizante? Pueden ser varias causas: la falta de planeación, la logística, pero, también, pleitos entre políticos. Este pleito ha traído el resultado obvio: nula coordinación, sólo confrontación. 

El conflicto por el retraso es otro encontronazo entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y el delegado único del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La disputa entre el gobernador y el delegado viene de más atrás: desde 2015, cuando ambos fueron candidatos a la gubernatura, Astudillo Flores por el PRI y Sandoval Ballesteros por Morena. Aunque ha tenido varios momentos, como cuando no se ponían de acuerdo en el presupuesto de egresos para este año; en ese tiempo Sandoval Ballesteros era diputado local y líder de la bancada de Morena, mayoritaria en el Congreso de Guerrero. La siguiente ocurrió cuando López Obrador vino por primera vez como presidente a Tlapa, en la Montaña, y el gobernador se llevó una rechifla. Astudillo Flores responsabilizó de eso a Sandoval Ballesteros, quien ya era el delegado único. 

En específico, en el tema del retraso del fertilizante ambos políticos tienen perspectivas muy distintas, encontradas.

Astudillo Flores responsabiliza del retraso a la mala planeación del gobierno federal y por detenerse a “revisar el pasado”, es decir, a cómo se operaba el programa y a la revisión del patrón de beneficiarios.

Todo esto, dice Astudillo Flores, ha provocado el retraso y, el retraso, incertidumbre e inconformidad social. “No actuar con responsabilidad y a tiempo tendrá consecuencias muy graves y dolorosas para todos, que lesionarán la paz social y la tranquilidad de las familias campesinas, y, de manera más marcada, afectarán gravemente la producción de granos básicos y la suficiencia alimentaria de las familias rurales del estado”.

Sandoval Ballesteros sostiene que el retraso se debe más bien a los bloqueos, a las tomas de dependencias y retención de funcionarios. Es decir: el retraso se debe a las protestas que realizan campesinos por el retraso del insumo.

Muchas de las movilizaciones, dice el delegado, están promovidas por varios partidos políticos. 

Sandoval Ballesteros no ve la incertidumbre que ve Astudillo Flores. Asegura que hay suficiente fertilizante para los campesinos auténticos. “Qué demuestren la propiedad de sus tierras y se les dará el fertilizante”, ha resuelto el delegado.

Es justo ahí dónde radica gran parte del problema: en las cantidades de tierras. Los números no coinciden. Sandoval Ballesteros explica que este año 401,000 campesinos solicitaron fertilizante, 70,000 más que el año pasado para cultivar en 800,000 mil hectáreas. Afirma que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sólo tiene registradas 450,000 hectáreas cultivables en todo Guerrero.

El delegado asegura que las 110,000 toneladas de fertilizante que programó el gobierno federal alcanzarán; el gobernador afirma que deben ser más de 200,000, casi el doble.

En medio de este pleito, está Virginia que sólo quiere el fertilizante para cosechar maíz y algo de dinero para comprar las medicinas de Andrés.   

Este trabajo fue publicado en Amapola, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, consulta aquí el link original