Desde hace dos años, autoridades de Tepotzotlán y del Estado de México buscan modificar el plan de desarrollo urbano para regularizar a los parques logísticos que operan ilegalmente en el municipio. Habitantes acusan que esto es una medida para tapar la corrupción en los permisos que les otorgaron a los parques industriales. Ahora, el plan podría ser aprobado fast-track.

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: María Ruiz / Archivo Pie de Página

ESTADO DE MÉXICO. – El Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México, ha reactivado las intenciones de modificar el Plan de Desarrollo Urbano de ese municipio. Esto, pese a que hace dos años, habitantes de la zona se opusieron a esa política. Acusaron que la verdadera intención de esa medida era cambiar el uso de suelo para favorecer a las naves industriales que rodean la zona.

Los habitantes del municipio se han opuesto a esta política, pues acusan que ésta no beneficia a la población, sino a los complejos industriales que operan en los límites del municipio.

“En Tepotzotlán hay un cacicazgo”, dice uno de los habitantes que se ha opuesto a la modificación del Plan de Desarrollo Urbano, y quien pidió que su identidad sea resguardada por miedo a represalias.

“Después de la intentona de modificación del plan en 2020, la cual logramos frenar por un número de acciones colectivas como demandas y protestas civiles pacíficas, vemos que a casi dos años tres meses se volvió a reactivar el procedimiento”, añade.

Esto, añade, ha vuelto a encender las alertas entre la población, quienes temen que por ser una política impulsada a unas semanas de que inicien las campañas electores para la gubernatura, las modificaciones se aprueben en fast-track, asegurando la continuidad del proyecto de industrialización en la zona, y con ello los multimillonarios negocios.

Una historia de corrupción

En enero de 2022, Pie de Página documentó el conflicto, dando cuenta de las irregularidades que han operado en la construcción de los parques logísticos en ese municipio.

Actualmente, Tepotzotlán alberga a tres megacomplejos logísticos, entre ellos Pro Logis Park, uno de los parques logísticos más grandes en el país que alberga a empresas como Amazon, Tres Guerras, y otras.

Que Tepotzotlán sea sede de este tipo de industrias no es casualidad; pues además de su estratégica ubicación para el transporte y almacenamiento de mercancías, los beneficios que dan las autoridades municipales y del Estado de México han permitido que estas empresas operen sin mayores candados ambientales.

Muchos de estos beneficios se han otorgado de manera ilegal.

Entre las anomalías que rodean a estos complejos industriales existe una en particular: otorgar permisos de uso de suelo de forma ilegal, contraviniendo el actual Plan de Desarrollo Urbano de municipio vigente desde el año 2000.

Este plan establece que solo el 23 % del territorio sería de uso urbano, y el resto para uso agrícola o de protección ecológica, y no se contempla el uso industrial.

Sin embargo, las autoridades municipales y estatales han hecho caso omiso a la normativa. Inclusive han impulsado políticas de transformación de tierras para favorecer la instalación de empresas.

Por ejemplo, en 2009 el entonces presidente municipal, Pedro Vargas Reyes, del PRI, impulsó una política de transformación de propiedad, modificando las restricciones de los núcleos ejidales a la figura de domino pleno, lo cual permitió a los ejidatarios vender sus tierras sin los candados que establece la legislación agraria.

Los beneficiarios fueron empresarios y políticos ligados al grupo Atlacomulco, quienes históricamente han gobernado el Estado de México, y que desde el 2002, con Arturo Montiel al frente de la entidad, se dedicaron a construir carreteras y libramientos en la zona. En estos proyectos también ha participado el ayuntamiento de Tepotzotlán.

Los terrenos, liberados para la compra venta, fueron adquiridos por los megacomplejos logísticos. El primero en construirse fue Megapark II, en 2015, propiedad de Sibra Capital. Después, en 2019, se construyó Pro Logis.

Ambos parques son Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras), lo que quiere decir que no pagan impuestos.

En los hechos, estos parques operan de forma irregular: sin licencias de uso de suelo avaladas por el actual Plan de desarrollo urbano del municipio, pues este no se ha modificado desde el 2000.

Sin embargo, los parques logísticos siguen operando, y en algunos casos muestran una estrecha relación con las autoridades municipales, quienes desde el 2020 han impulsado un nuevo proyecto de Plan de Desarrollo Urbano que contemple la regularización de esas tierras y la transformación del uso de suelo.

Pero no hablan de sanciones para quienes otorgaron los permisos previamente.

“Quieren socializar las pérdidas, pero no con las empresas, sino con la población. Quieren limpiar el uso de suelo de administraciones pasadas y presentes”, dice el entrevistado.

La simulación y los riesgos

Tepotztotlán es un municpio que cuenta con más de cien mil habitantes, por lo que las decisiones sobre planeación urbana deberían pasar por un Instituto municipal de planeación, un organismo autónomo y descentralizado integrado por gobierno y sociedad civil. Sin embargo, esta medida no se ha implementado en el municipio mexiquense, por lo que es el ayuntamiento quien organiza estos procesos. Muchas veces, con irregularidades.

Uno de los puntos fundamentales por los que los habitantes de Tepotzotlán lograron echar abajo el primer intento de modificar el plan urbano fue el de las inconsistencias y la falta de procedimiento. También, acusan, no hay una evaluación del plan vigente, un requisito indispensable para proponer su modificación.  

Actualmente, el código civil del municipio establece que para una modificación de este tipo se deben de cumplir una serie de requerimientos que contemplan la consulta, correcciones y aprobación.

“Pero de consulta solo tiene el nombre”, asegura el entrevistado.

Por ejemplo, desde el proceso de 2020, impulsado por el entonces presidente municipal Ángel Zuppa Hernández, los mecanismos que implementó el ayuntamiento para socializar el nuevo plan fueron una serie de foros en la cabecera municipal, así como videos y láminas.

“Esto claro que dejó a mucha gente sin acceder a la consulta. A adultos mayores, y a gente que no vive en el centro de Tepotztotlán”, recuerda el entrevistado.

El anterior intento de modificación se echó abajo en esta etapa, tras probar las irregularidades.

Sin embargo, ahora, en este proceso a cargo de la nueva presidenta municipal, María de los Ángeles Zuppa (hija del ex alcalde) la consulta sigue manteniendo estos vicios.

“Ahorita volvemos a estar en la etapa de consulta, donde echamos abajo el [proceso] anterior. Eso quiere decir que en este mes podrán los interesados ir a revisar el proyecto impresos en láminas, o verlo en videos, y habrá dos audiencias públicas. Estas audiencias no son donde se delibera el proyecto, sino donde se vuelve un monólogo donde la autoridad presenta y dice las cosas. Si tienes dudas te dan un formato, y si ellos ven viable, te contestarán. En términos prácticos ni es consulta, ni es vinculante, ni hay intención de diálogo”, expresa el entrevistado.

La diferencia con el proceso anterior, señalan habitantes de Tepotztotlán, está en que está muy cercano a las campañas para la gubernatura el Estado de México, las cuales inician en abril. Esto, insisten, es un riesgo, pues aprovechando la salida de las autoridades el nuevo proyecto de desarrollo urbano podría aprobarse fast-track.

El procedimiento es el siguiente:

Después de que el proyecto pasa esta etapa de consultas, se hace un proceso de correcciones donde supuestamente se agregan o modifican los comentarios de la población. Esto, acusan los habitantes de Tepotzotlán, no lo hacen las autoridades.

Después el proyecto pasa a cabildo para que se apruebe. Y, posteriormente pasa al gobierno estatal, quien tiene 30 días para emitir un certificado de congruencia, que afirma que el plan no contradice las leyes estatales y federales vigentes, algo que sí ocurre, pues el plan contraviene criterios establecidos en leyes y reglamentos emitidos por la Sedatu y el gobierno federal.

No obstante, si el gobierno estatal no emite el certificado, el Código Civil del Estado de México da por admitido el proyecto, publicándolo después de los 30 días naturales en la gaceta oficial.

En los tiempos actuales, de suceder esto, el proyecto entraría en vigor el 1 de mayo. Un mes después de iniciar las campañas electorales para la gubernatura.

“Un gobierno que ya se va yo creo que no tiene el compromiso formal, o las capacidades políticas y administrativas para hacer estas autorizaciones de alto impacto en los municipios, ¿no? El gobierno saliente del Estado de México es claro que tiene la intención de aprobar esto vía fast-track. Las intenciones son claras: quieren limpiar la corrupción en los usos de suelo que dieron las administraciones pasadas y la presente, y asegurar sus negocios”, cuestiona el entrevistado.

El fondo de estas medidas, señalan los habitantes de Tepotzotlán, se explica a través de dos conceptos fundamentales: la financiarización y la moralización hacia las transnacionales.

Aplanar el camino para el despojo

Actualmente, uno de los mercados más rentables para las empresas es el desarrollo inmobiliario, o industrial. Este tipo de fenómenos ha originado problemáticas concretas en las poblaciones que habitan los lugares de interés, pues corren el riesgo de verse desplazadas, o sufrir modificaciones en sus estilos de vida.

Esto es lo que podría ocurrir en Tepotzotlán.

Para garantizar la instauración de industrias, los gobiernos y las empresas inician un proceso de financiarización del suelo y los bienes inmuebles. Es decir, un proceso en el que se modifican los usos de suelo previamente, para que los inversionistas puedan comprar tierras a precios bajos, y posteriormente transformar los usos de suelo al que sea de su interés y especular con él en la bolsa de valores.

La especulación se puede dar de manera pasiva, cuando la tierra aún tiene candados peor ya se posee; o de manera inducida, que es cuando se propician modificaciones gubernamentales que en el futuro asegurarán los negocios.

Actualmente, acusa el entrevistado, hay una incompatibilidad de usos de suelo en Tepotzotlán, entre el habitacional y el industrial. Un tema que no se ha resuelto durante décadas, y que en el proyecto de planeación urbana no se regulariza o castiga, sino que se incentiva.

“Esto provoca que las poblaciones que viven fraccionamientos queden ahogadas dentro del mar de naves industriales, con posibilidades de enfermedades y de estrés social muy importante. Es aquí que nos damos cuenta que a las esferas mayores no les importa la vida, el medio ambiente, ni la determinación de los pueblos. Solo les importan sus negocios”.

Además de las afectaciones ambientales, que implicarían modificar el cauce de los ríos y trastocar áreas naturales protegidas, los habitantes de Tepotzotlán podrían estar expuestos a un incremento en la densidad poblacional, lo que acarrearía problemas de salud, sociales (como el aumento de las actividades delictivas), y psicofísicas (malestares asociados al estrés y la sobreexposición al ruido).

Esto lo han denunciado múltiples veces. Sin embargo, nadie les ha escuchado.

Al contrario, acusan, lo que han hecho el gobierno y las empresas es tratar de “lavarse la cara”.

“El gran capital que está en Tepotzotlán, después de ver la resistencia ciudadana, necesitaba un medio para moralizarse, después de que los gobiernos no tenían calidad moral para hacerlo. Por eso buscan la moralización de los instrumentos municipales, y es triste que en esto participen instituciones como la UAM, o la UNAM, para planchar los instrumentos”, expresa el entrevistado.

Este fenómeno se ejemplifica en el actual proceso para impulsar el nuevo plan de desarrollo urbano; pues la participación de arquitectos de la UAM, señalan los habitantes, ha sido para hablar de las “bondades y lados positivos del proyecto. No hablan de las afectaciones, de las naves industriales, de las afectaciones a la sierra, ni de los riesgos. Le están lavando la cara y planchando los instrumentos para que la gente esté de acuerdo”.

Concretamente, el entrevistado señala a dos arquitectos que se han presentado en Tepotzotlán a nombre de la UAM: Aníbal Figueroa y Gloria Castorena. Sin embargo, a través de una consulta, los habitantes han constatado que estos arquitectos no asisten representando a la Universidad, aunque sí son académicos de ella.

Los habitantes concluyen que, de aprobarse este plan, solo aumentarían las naves industriales, lo que acarrearía la pérdida de la calidad de vida en Tepotzotlán y el sentido comunitario.

“Aumentarán los problemas sociales, se intensificarán la violencia, la inseguridad. Los servicios públicos empezarán a requerir mayor demanda, y no hay capacidad. Los tiempos de traslado aumentarán, y la calidad de vida bajará. Esas empresas, las naves industriales, son Fibras, fideicomisos que no pagan impuestos en México. La intención de Alfredo Del Mazo, antes de irse, es socializar las pérdidas, pero con la sociedad, no con las empresas, y planchar los usos de suelo para asegurar sus negocios. Quieren tapar su corrupción e irse impunes”.