Las movilizaciones para recuperar el agua y protegerla de una empresa trasnacional fueron exitosas, pero no fue fácil, todavía activistas deben ir un poco a salto de mata

Texto y fotos: Aitor Sáez

El acocil es un diminuto crustáceo endémico de México, muy parecido al camarón, que formaba parte de la dieta de los pueblos prehispánicos y suele comerse en salsa de chile guajillo. La contaminación de los ríos lo han puesto en peligro de extinción.

JUAN C. BONILLA, PUEBLA.- Francisca estira la cuerda ocho veces hasta que la cubeta asoma del pozo artesanal de su traspatio. Hace un año tenía que dar catorce brazadas para sacar diez litros diarios de agua. Ahora consigue la suficiente para beber, lavar los platos, fregar el suelo y refrescar al puñado de cabras y gallinas en su casita de autoconstrucción a las afueras de la ciudad de Puebla.

La mujer de 67 años se cubre el rostro con un paliacate rojo y un sombrero de paja que la protege del sol y de cualquier reprimenda. Francisca no es su nombre real, es el que utiliza para precaver la criminalización por toda una vida de activismo. Antes de conversar deja claro que ella no representa a nadie, que su historia es la de muchas mujeres y que la lucha no se trata de individuos, sino de comunidades.

—Esto es el resultado de las represiones por parte del gobierno a través de grupos de choque. Ellos nos han hecho calumnias, nos han ofendido, golpeado. Nos quieren intimidar —explica—. Quieren hacer creer a la gente que somos delincuentes, cuando nuestro único delito es defender la vida.

Cuando dice vida se refiere al agua. Y cuando dice ellos, a los tres niveles de gobierno y a la empresa Bonafont. El 22 de marzo de 2021, un millar de personas montaron un plantón permanente frente a la embotelladora en el municipio Juan C. Bonilla para impedir lo que tildan de saqueo. La planta extraía  un millón 640 mil  metros cúbicos de agua diaria, equivalente al consumo de más de cuatro millones de mexicanos, sumados a los tantos miles de litros para limpiar los garrafones, según los manfiestantes de una veintena de pueblos cholultecas. Ellos, al no tener  respuesta por parte de las autoridades ocuparon las instalaciones el 8 de agosto de aquel 2021, el día en que se había acordado un encuentro con funcionarios de la Conagua que nunca se presentaron. 

Era el enésimo desaire que, esa vez, tronó el enojo.

—Recurrimos a las autoridades, nos reciben documentos, nos hacen creer que harán algo, prometen enviar a la Conagua para checar…. nos dan largas. Pasa un año, varios y siempre es lo mismo. Últimamente va uno allá (a las oficinas del ejecutivo estatal) y lo primero que hacen es pedirnos las identificaciones y quitarnos el celular para entrar a la sala de reuniones. Ahí nos dicen ‘ya te conocemos, ya sabemos dónde vives’, de manera que nos quieren intimidar. Por eso decidimos no volver a esos lugares para encontrar una solución —cuenta Francisca, que acudía casi diariamente a la toma.

Lo primero que vieron al entrar al recinto fue una placa conmemorativa del descubridor de la abundancia de agua en ese punto, donde inauguró en 1992 la embotelladora Arco Iris, adquirida doce años después por el grupo Danone. También había una vitrina con una varita de madera que los llamados rascadores emplean para golpear el suelo y, dependiendo del sonido, percibir si hay agua. En la sala de juntas todavía estaba el pastel, disecado, que iban a comerse los directivos para festejar el Día Mundial del Agua justo antes de salir corriendo por el avance de la marabunta que bloqueó el acceso al edificio.

En la rebautizada ‘Altepelmelcalli la Casa de los Pueblos’ se realizaron talleres agrícolas, de costura, comunicación y estaban a punto de abrir un canal de televisión, cuando la madrugada del 15 de febrero de 2022 medio centenar de patrullas policiales y de la Guardia Nacional desalojaron a las quince personas que vigilaban en el turno de la noche. 

Francisca se había desvelado por el ladrido de los perros. Uno de los compañeros del colectivo Pueblos Unidos venía a avisar, porque ella no usa celular. Al llegar a la planta, las fuerzas del orden ya la habían acordonado a cien metros y habían colocado francotiradores en las azoteas por si el operativo se salía de control.     

—Sentí coraje, rabia, indignación —describe la mujer. Unos sentimientos reflejados en sus párpados y cejas decaídas —. Pero la movilización continúa. La consigna es que Bonafont se va y ni una gota más va a sacar.

La fábrica se blindó con dos vallas de concertinas, potentes focos de luz y varios policías antidisturbios armados que me graban con el celular al acercarme con la cámara. La multinacional francesa rechazó dar entrevista y me remitió a un comunicado que explica que el único pozo de extracción opera a 130 metros de profundidad y, por tanto, esto no impacta en las aguas someras que surten los pozos artesanales de las comunidades. 

La nota, que descarta retomar las operaciones a mediano plazo debido a la vandalización de las máquinas de producción y la falta de condiciones sociales, asegura:

“El volumen concesionado representa el 0.09 % de la disponibilidad de agua para uso industrial del acuífero del Valle de Puebla, el cual, de acuerdo con reportes oficiales, tiene un balance hídrico positivo, es decir, no presenta sobreexplotación alguna”.

Desde el cese de actividades de la empresa hace un año, no obstante, los pobladores aseguran y muestran que el agua volvió a brotar.

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De pequeña Francisca se bañaba en un canal que pasaba delante de su casa, del que ya no queda rastro. En los surcos de los terrenos se juntaba un agua cristalina que podía beberse. Los fines de semana iban a jugar al ameyal (manantial) donde su madre no les dejaba meterse, porque tenía cinco metros de hondo. En el río había peces y cangrejos, recuerda. El agua se escuchaba. En el ameyal del que habla, hay un par de niñas chapoteando y apenas les cubre hasta la cintura. Las raíces destapadas de los árboles dan cuenta del descenso del nivel. 

—Antes del cierre de la ex-Bonafont, era muy poquita agua, nada más tapaba hasta el tobillo. Ahorita hay bastante, ya ha subido más del 50 % —estima en un cálculo que se queda tan corto como los ingresos por sus cosechas debido a la sequía.

El valle de Puebla era una región rica en agua por situarse en las faldas de volcanes. Había una variada producción de granos, hortalizas y frutas, tan profusa que surgieron bodegas de sidra para aprovechar el fruto que caía de los árboles, ya que no alcanzaban a recolectar a tiempo.

—Muchos de mis vecinos se fueron. Los jefes de familia tuvieron que migrar a Estados Unidos, porque la economía estaba muy escasa. Hubo desintegración familiar y problemas sociales hasta la fecha —señala.

La activista sabe que la única solución es la organización popular, con la que lograron frenar la perforación de pozos profundos en 2009, unas torres de alta tensión en 2015 y el vertimiento de desechos tóxicos en el río Metlapanapa, en 2019, del que surgió el ‘Movimiento por el Agua y la Vida’. Francisca ayudó a mantener la resistencia a flote gracias a sus tazones gigantes de ensalada de atún que alimentaban al centenar de nahuas que se plantaron durante meses a las puertas del ayuntamiento de Juan C. Bonilla. 

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“Necesitamos 500 hectáreas, toda esta zona ejidal (…). Ya mataron a uno de Morelos (refiriéndose a Samir Flores) y sólo falta uno de Puebla”, les soltó a modo de amenaza velada uno de los empresarios del parque industrial de Huejotzingo, donde se localizan las empresas que pretendían utilizar el río como desagüe. 

Alejandro Torres estaba presente en esa junta en uno de los momentos más álgidos del conflicto por la conservación del Metlapanapa. No fue la primera ni la última provocación que sufría el periodista local.

—El agua se está prostituyendo. Se está comercializando de manera criminal y creo que es nuestra obligación defenderla —apunta—. Cuando estás en esa defensa de la vida, sabes que te juegas mucho. Sabes que te criminalizan, te difaman, te pueden encarcelar y te pueden asesinar, porque hoy desgraciadamente somos los enemigos número uno.

Hace 15 años, a Torres le detectaron un cáncer y le dieron dos años de vida, algo que marcó al artista plástico y le hizo interesarse por las causas sociales. Su contribución fue emprender una radio comunitaria en 2013, en plena oposición al PIM. Al año de su fundación fuerzas federales irrumpieron en la estación y se llevaron todos los equipos. Un año después, la policía estatal allanó la oficina y la clausuró bajo falsas acusaciones de narcomenudeo. Pero, las comunidades nahuas hicieron una colecta y al mes pudieron comprar las antenas para volver al aire de manera clandestina hasta que ganaron el litigio y les devolvieron su espacio.

Desde entonces el mecanismo de protección federal le aprobó medidas cautelares, que nunca se aplicaron hasta finales de 2019. “Bájale de huevos. No sabes con quién te metes. No te vas a acabar (te vamos a matar)” o “Tus días están contados”, le advirtieron en un par de las llamadas intimidatorias que solía recibir. Alejandro ha tenido que mudar seis o siete veces la estación de radio para esquivar los ataques. Aún así, la han vandalizado, han encadenado su entrada, han roto vidrios, le han tirado basura y le han robado las computadoras, el detonante para la activación del mecanismo que en teoría brinda seguridad a cerca de 500 comunicadores en México, el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión con 153 asesinatos documentados desde 2000. 

En la vivienda de tabiques donde está ahora la emisora, en Santa María Zacatepec, uno de los cuatro distritos de Juan C. Bonilla, levantaron una verja alta con concertinas. La enclenque puerta metálica da paso a un zaguán forrado de carteles revolucionarios, al igual que la sala con cuatro computadoras y una arcaica tabla de sonido. Alejandro sólo se siente seguro delante del micrófono, porque piensa que si lo van a matar, al menos esperarán que no sea en vivo.

Al principio su familia se preocupaba por tanto riesgo hasta que resolvieron por integrarse a la lucha. A sus dos hijos los han seguido a la salida del bachiller vehículos sin matrícula y vidrios polarizados, tomándoles fotos. 

—Es la persecución, el precio de defender la vida, pero estamos orgullosos por eso, somos una familia muy libre —comenta—. El mecanismo no ha operado del todo, somos muy vulnerables. Las alarmitas que te dan, muchas veces no funcionan. Debería ponerse las pilas y ser más cuidadoso, porque a mí me han seguido intimidando, amenazando y me han golpeado.

Las agresiones se recrudecieron los meses previos a la consulta popular de marzo de 2022 para decidir si Santa María Zacatepec seguía bajo la ley de partidos convencional o se regía por usos y costumbres, después de que un estudio antropológico oficial determinase que eran un pueblo originario. El presidente municipal envió a golpeadores (grupos de choque) para reventar una asamblea en noviembre de 2021 para preparar el plebiscito. Alejandro transmitía en directo con su celular cuando pidió a los alborotadores que dejasen de atizar a un vecino y se fueron contra él y su hijo. A las diez zancadas, los tumbaron y los patearon en el suelo. Un agente municipal los sacó del corrillo y se los llevó esposados con la rodilla y un par de costillas fisuradas.

—Nos pasearon alrededor del pueblo por un largo rato, sin necesidad, sólo para amedrentarnos y exponernos ante la población como ejemplo del castigo contra los defensores del agua —considera sobre una detención que duró unas horas.

También a su colega, Francisca, la agarraron de los pelos, la tiraron al suelo y la golpearon tras separar a la turba que apaleaba a uno de los camaradas. Los hematomas son lo que menos le dolió. En el plebiscito se impuso cuatro a uno la continuidad del sistema de partidos políticos, aunque participaron poco más de 500 personas —menos del 10 % del padrón—, pese a jugarse tanto. De haber ganado los usos y costumbres, la comunidad podría administrar de manera directa los recursos públicos y decidir el destino del territorio y los bienes naturales.

—Ese domingo era la fiesta patronal y la población andaba distraída. El proceso se vio enturbiado por la injerencia descarada de Bonafont. Durante la jornada (como se vio en fotografías) había botellas de agua de su marca en las mesas electorales y la semana previa repartieron leche Danone a la gente —denuncia Alejandro. 

Dos días antes de la consulta, una camioneta verde intentó atropellarle a pocos metros de su casa.

***

Las paredes descascarilladas y las jaurías de perros callejeros de los suburbios de Zacatepec quedan atrás al adentrarnos por una trocha arenacea. Las mujeres de coloridos vestidos bordados se voltean al paso de nuestro vehículo para no tragarse la nube de polvo. En medio del estéril sembradío, en mayo de 2021 se abrió un socavón de 126 metros de diámetro y 45 de profundidad, como un estadio de fútbol. La Conagua esgrimió desde un inicio que el repentino hundimiento se debió a “causas naturales”, pero varios estudios han contradicho esa hipótesis y apuntan a la sobreexplotación del agua subterránea por parte de la industria y la agricultura en los últimos 15 años. Esta absorción arrastró las arcillas que actúan como cohesionadoras del suelo y, al pasar de la sequía intensa a fuertes precipitaciones, la tierra se vino abajo y exhibió la crisis hídrica en la región. 

—Para las comunidades hay veda para extraer agua de pozos, en cambio para las grandes compañías no hay ningún límite. No es posible que permitamos que se lucren con el agua, se ganen millones de dinero y nos destruyan la vida en general, tanto la naturaleza como a nosotros como personas —lamenta Francisca, enfermera de profesión e indígena de alma.

Cuando cavan un pozo en el interior poblano y sale la primera agua, se suelen lanzar cohetes en señal de júbilo. Los vecinos acuden al lugar y el dueño del nuevo pozo les regala galletas y refresco para festejar. Las madres les dan esa primera agua a los más pequeños para el desarrollo del habla. Últimamente sonaban más petardos.

—Fue una alegría, un ánimo y estábamos llenos de fortaleza, porque nos estaba dando resultado defender nuestros derechos. Se logró recuperar el agua y llegaron varias personas a agradecernos que volvieran a tener agua en sus pozos. Sin agua se vive en una incertidumbre y angustia —cuenta nostálgica sobre el efecto que tuvo la ocupación de Bonafont.

Desde el desalojo una de sus hijas la acompaña a todas partes como prevención, además del paliacate que no se quita ni para beber agua. Al lado de su vivienda, ampliada a vecindad conforme creció la familia y los ahorros, hay una modesta purificadora de agua. Me piden que no me identifiquen con ellas, ya que tuvieron roces durante la toma de la planta por los inconvenientes monetarios que les ocasionó. Tampoco pueden pararse frente a la embotelladora para evitar sobreexponerse.

—Para el gobierno somos unos estorbos. Por eso quieren acabar con nosotros, desaparecernos y sabemos a lo que estamos expuestos —afirma la mujer de gestos firmes, aunque su escuálida complexión comience a combarse y tambalearse al andar.

“No queremos el gasoducto, porque representa un riesgo para la vida”, manifestó Samir Flores un año antes de su asesinato. En efecto, la tubería de gas lo llevó por un camino sin retorno, pero no por el impacto ambiental, sino por los intereses político-económicos. Desde entonces Francisca aceptó que su vida vale menos que un garrafón de veinte litros, al precio de tres balas de 9 milímetros. Sea por ocho gramos de acero o por el acabamiento del agua, el final será el mismo:

—El agua es vida y sin ella moriremos. Es también un misterio. Hasta ahora la ciencia no ha encontrado la manera de producir agua. Por eso la guerra del agua es a nivel mundial.

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