El poder judicial emitió un amparo histórico a favor de las 143 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, y ordena al Estado Mexicano a garantizar su retorno seguro 

Texto y fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- 143 familias triquis de Tierra Blanca Copala continúan olvidadas por el gobierno federal y estatal de Oaxaca. A cuestas, cargan un sinfín de plazos vencidos y mesas de diálogo estériles, mientras niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres se encuentran desplazadas de su comunidad desde hace 2 años y medio. 

Niños y niñas triquis siguen rodando de aquí para allá junto a sus madres y abuelos. Nadie logra recuperar su estabilidad emocional, familiar, escolar y de seguridad que se mira aún lejana. 

La violencia en la región Triqui ha aumentado. Diversos ataques han culminado en asesinatos, mismos que hasta el momento no se han esclarecido. Sin embargo, la violencia se usa como como pretexto para evitar el retorno. 

Desde finales del 2020, decenas de familias están fuera de su comunidad tras denunciar que un grupo armado les obligó a salir y abandonar sus hogares.

A manera de presión, llegaron a protestar al primer cuadro de la Ciudad de México a inicios del 2021. Buscaban que alguien retomara su demanda: retornar a su comunidad.

Pero tras 15 meses en eje central, las familias triquis también fueron expulsadas, cuando el gobierno de la ciudad desmanteló el campamento donde habitaron frente al palacio de Bellas Artes. 

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Hoy, las familias se mantienen dispersas entre Santiago Juxtlahuaca, la capital de Oaxaca y la Ciudad de México. Todas parecen estar en el olvido total.

A dos años y siete meses de recurrir con las autoridades de su municipio, del estado de Oaxaca y de la Federación, su retorno parece todavía lejano.

No aceptan ninguna propuesta

Luego de 6 intentos de retorno, todos fallidos; y de un sin fin de mesas de diálogo, con acuerdos incompletos, las familias desplazadas lo tiene claro: falta voluntad política para resolver el conflicto en la región Triqui. 

La afirmación la hace su defensa legal, quienes agregan:

“El mismo Gobierno de Oaxaca en la última mesa de febrero de 2023, le dijo al grupo MULT: ustedes no aceptan ninguna propuesta, se ve muy claro que ustedes son los que no quieren el retorno de los desplazados, pero a pesar de ustedes nosotros vamos a seguir y vamos a concluir el retorno».

En entrevista con Pie de Página, Horacio Santiago, representante de la comunidad desplazada, explica que esa era la posición del del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Y agrega que,  a partir de febrero de 2022 , y ante la negativa del MULT, el gobierno ya no ha hecho ningún esfuerzo por retomar el diálogo con las familias de Tierra Blanca Copala. 

Han transcurrido 6 meses sin entablar ningún diálogo después del sexto intento de retorno incncluso, y 2 meses desde que Salomón Jara, actual gobernador de Oaxaca, se comprometió a través de la firma de una minuta de acuerdos a que en un plazo no mayor a 60 días se buscaría el retorno, compromiso que se ha quedado como los otros: en el aire.

“Las mesas sólo han servido para que las autoridades se justifiquen y aparenten que sí están trabajando, para inmovilizar a la gente desplazada y evitar que sigan protestando. Hay una simulación porque lo que menos hacen es trabajar para el retorno, las autoridades actúan a voluntad del MULT”.  

Amparo histórico que busca sentar precedentes para personas desplazadas 

Ante esto, la organización MULTI, que ha brindado apoyo a las familias desplazadas, promovió en septiembre de 2022 un amparo ante el poder judicial de la federación. 

El 12 de julio de este año, el Poder Judicial resolvió el amparo a favor de la comunidad indigena Triqui asentada en la localidad de Tierra Blanca Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para los efectos siguientes:  

Las autoridades responsables en sus tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, deberán elaborar un plan de soluciones concretas, programadas en el que se contemplen las siguientes acciones: 

I.- Mientras no se concrete el retorno a su lugar de origen. 

1. Proporcionar de manera permanente vigilancia y resguardo de seguridad.
2. Asistencia humanitaria a los grupos altamente vulnerables (niños, niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores).
3. De manera permanente, acceso a la salud pública y educación, acciones de empleo.
4. Ubicarlos en un lugar donde no se encuentren en estado de hacinamiento.
5. garantizar acceso al agua potable. 
6. Realizar censo que registre la totalidad de las personas desplazadas. 
7. Se les incorpore en el registro Nacional de Víctimas.   

II.- Realicen medidas para revertir los efectos del desplazamiento. 

1. Realicen acciones que permitan el retorno de los habitantes a su lugar de origen y se garantice no ser desplazados nuevamente. 

III.- La Fiscalía del Estado continúe con la investigación de 3 carpetas para brindar el acceso a la justicia       

“El amparo es un precedente para las personas desplazadas y un reto para el Estado mexicano, aquí se verá si hay o no voluntad de resolución. Ya el poder judicial nos da la razón y reconoce que el Estado ha sido omiso”.   

Horacio Santiago señala que esta sentencia es una jurisprudencia, es decir, un recurso legal que cualquier otra comunidad desplazada puede usar y hacer exigir que se cumpla el instrumento.  

“Esperamos que el gobierno no impugne esta sentencia y que más bien, use la sentencia como herramienta para retomar las mesas, que sea una forma de obligar al MULT a sentarse al diálogo que trabaje a favor de la comunidad desplazada», finaliza Horacio Santiago.