Desde hace seis meses la doctora Roxana Rodríguez levantó una denuncia ante la Unidad de género de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y no ha pasado mucho. El Consejo de Justicia de la Unidad está incompleto desde hace años por lo que hasta el momento no ha emitido ninguna resolución

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Cortesía Roxana

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desarrolló su Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento, pero hasta el momento los resultados son muy pobres y algunos de quienes recurren a él presienten que más bien se usa de fachada para proteger a los agresores. En marzo de 2020 la doctora Roxana Rodríguez inició un proceso de denuncia en el que constató lo que ya había escuchado de muchas otras compañeras y estudiantes de la universidad.

“Yo no soy el único caso, hay varios casos que están atorados, no soy la única persona”, asegura al respecto la doctora Rodríguez quien tiene dos estancias posdoctorales en la UAM Xochimilco y un curso, todos en perspectiva de género. “Ven las denuncias como si fuera una querella, como si fuera un pleito entre las dos personas y no con una visión de victimario; no hay visión de género”.

Ella, profesora por obra en tiempos determinados (o sea sin plaza), sostuvo una relación con Octavio “N”, profesor de tiempo completo con más de 15 años de carrera en la institución; una figura pública. En noviembre de 2021 él empezó a tener muchos problemas de salud por una enfermedad de transmisión sexual, de la cual nunca le notificó a la doctora Rodríguez. 

“Desplegó violencia psicoemocional hacia mi persona y muchas cuestiones violentas, entre el problema de salud físico y de salud mental, varias compañeras de la universidad me dijeron que podía denunciarlo ante el protocolo de la Universidad, por lo que fui a levantar la denuncia”, cuenta la doctora.  

Después del 18 de marzo, cuando levantó la denuncia ante la Unidad de atención del protocolo, no tuvo respuesta por casi dos meses, hasta que el 9 de mayo le notificaron que la denuncia estaba en proceso de ratificación. Un mes después de eso, la doctora Rodríguez se enteró de que Octavio ya sabía de la denuncia en su contra, por varias amenazas que lanzó en su contra a través de redes sociales en las que incluso la acusó de haber llevado al suicidio a su exesposo.

La doctora Rodríguez recabó pruebas de las agresiones y las anexó a su denuncia ante la unidad de atención. Fue entonces cuando se enteró que la unidad de atención había notificado y tomado el testimonio de Octavio y de un testigo más que lo defendía, lo que a la doctora le pareció una especie de revictimización.

Ahí fue cuando la doctora empezó a sospechar que la Unidad no haría mucho por su caso, por lo que decidió levantar una denuncia penal, en la que una autoridad judicial encontró datos suficientes para determinar que su agresor presentaba un peligro para su integridad y la de su familia, por lo que emitieron una orden de protección. 

Un mecanismo de avanzada, que no funciona

“Ha tenido un camino muy largo”, dice sobre la construcción del protocolo Karla Montalvo, secretaria técnica de mediación en la UACM y profesora-investigadora de creación literaria, que además tuvo un papel central en su creación a través de la que se intentó generar una herramienta orientada en la justicia restaurativa. 

“Si yo como víctima quiero decir: él hizo esto, quiero que lo sancionen, pues no, eso no va a pasar así”, explica Karla Montalvo. “El chiste es que el Consejo –el encargado de determinar las sanciones y reparaciones de los casos– tenga esta mirada no de: te voy a castigar, sino de cómo se puede transformar eso que pasó. Es un protocolo que habla mucho de la prevención. Por una parte buscamos que la prevención tuviera un lugar muy importante y lo otro es que las sanciones que se contemplen busquen restituir lo que pasó, se busca que haya una vocación transformadora”. 

Cuando alguien levanta una queja ante la Unidad de Atención esta es la encargada de investigar el caso y de orientar a las personas que denuncian, así como de recabar evidencias y de notificar a la persona acusada. Después de esta investigación, la unidad hace una dictaminación que envía a un Consejo de Justicia, que dictará las sanciones y las medidas reparatorias. El problema es que ese Consejo está incompleto desde hace años, por lo que hasta el momento no ha emitido ninguna resolución.

Primero, cuando una persona se acerca a la Unidad de atención, sus responsables le solicitan una primera intención, es decir información sobre el caso y se pacta a una reunión en la que se explica el procedimiento del mecanismo y sus alcances, relata al respecto Irlanda Danahé Pérez Aguilar, la responsable de la unidad.

“Inmediatamente, intentamos que sea de inmediato, aunque depende de la víctima, a veces nos dicen que mejor en una semana o en otra fecha”, dice sobre esta primera reunión. “También hay acompañamiento psicológico, aunque la psicóloga no está durante las primeras reuniones con las víctimas siempre se les ofrece la contención, si es que sienten alguna afectación”.

En dado caso de ser pertinente levantar una denuncia penal, Irlanda puede acompañar y canalizar a las personas a un Ministerio Público, pero no puede brindar ningún tipo de asesoría legal. 

“Si la persona se abre un expediente, notificamos a la posible responsable y cuando es necesario se emiten medidas de protección, se hace un análisis, y si se determina si hay un riesgo que pueda correr la víctima, en caso de que sí, se decide emitir”, dice Irlanda al respecto, aunque la doctora Roxana asegura que en su caso no se le notificó al respecto y tuvo que pedir a una autoridad judicial levantar medidas cautelares.

Cuando la unidad comunica a la persona señalada por una víctima se le informa de qué acto se le acusa y se le pide una contestación así como una primera reunión, que es muy parecida a la que se le da a la víctima.

“Ya que tenemos los dos relatos y la contestación, tenemos elementos para iniciar una investigación, la carga de la prueba es para nosotros y es derivada del relato de ambos”, continúa Irlanda Pérez Aguilar. “A veces no tenemos forma de recabar la información y los casos se van alargando; hay veces que de un caso tenemos 10 testigos, y esos nos dice que habían otras 5 personas, entonces nosotras, además de solicitar esa información, hay que añadir los nuevos testimonios, así con todo lo que vamos recabando, porque se hace una investigación exhaustiva”. 

A pesar de que la responsable de la Unidad asegura que durante todo el procedimiento se esté en contacto con las víctimas, a veces es de inmediato y otras, por las circunstancias, semana después, Roxana asegura que ha pasado meses sin tener respuesta de su caso. 

Una vez lista la investigación, se hace una dictaminación que se envía a un Consejo de Justicia integrado por tres o nueve representantes, un tercio de cada sector de la comunidad universitaria: estudiantes, administrativos y docentes. El Consejo se formó por tres miembros en abril del año pasado, pero uno de sus integrantes desistió y hasta el momento no se ha formado uno nuevo, bajo convocatoria del Consejo Universitario, que acaba de ser actualizado en la institución.

“Esto es un problema, porque la víctima quisiera que hoy estamos atendiendo su queja y que a la otra semana se le imponga una sanción al presunto responsable, pero nosotros no podemos hacer eso, nosotras no podemos emitir sanciones; en el procedimiento hay caminos”, reconoce Irlanda Pérez. 

Desde su creación hace un par de años, la Unidad y el protocolo han recibido aproximadamente 110 quejas, según recuerda su titular, de las que ha logrado emitir cerca de 40 dictaminaciones. 

Botones de muestra

Durante su proceso de denuncia, la doctora Rodríguez se enteró de otros casos, como el de una alumna que tuvo una hija con otro profesor de la universidad que se encuentra prófugo después de haber secuestrado a la menor al tiempo que ejerce violencia vicaria sobre la madre, mismo que está denunciado ante la Defensoría.

O el de Martín López, quien recibió amenazas y dice haber sido víctima de violencia física, sexual, psicoemocional, económica, patrimonial y cibernética por parte de José Luis “N”, quien entonces era miembro del Consejo universitario de esa casa de estudios. Meses después de levantar una denuncia ante la Defensoría y otra penal ante las autoridades pertinentes, el Consejo Universitario, en presencia de la rectora de la universidad, ofreció una disculpa al agresor. 

Tal vez el caso más escandaloso haya sido el de Fernando Rodríguez Ochoa, estudiante de 45 años que lleva más de 15 años inscrito en la UACM, acusado de haber tocado a una joven menor de edad en el Metro.

Pese que pueden iniciar un proceso del protocolo alumnos y gente de la universidad agredidos al interior o afuera de las instalaciones de la universidad, o también personas ajenas a la universidad agredidos por miembros de la comunidad. el 22 de mayo familiares de la menor golpearon a Fernando, quien inmediatamente fue llevado al reclusorio varonil, en el que permanece.

Los familiares de Fernando aseguran que ellos tuvieron acceso a un video de seguridad del Metro en el que se muestra que nunca tocó a la chica; sin embargo la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo del caso, no ha solicitado los videos al Metro. 

A los pocos días de la detención de Fernando la Rectoría de la UACM lanzó un mensaje de apoyo a Fernando e incluso al interior de la universidad se han organizado varios movimientos en su defensa, porque a pesar de estar preso aún no recibe sentencia, pues el caso sigue abierto. 

Al respecto, Irlanda Pérez Aguilar, responsable de la unidad, dice que como la Unidad de atención es independiente de la rectoría de la universidad, no puede emitir una opinión al respecto. “Es que nosotros somos imparciales, creemos en la buena fe de la víctima, pero también respetando la presunción de inocencia y que a los expedientes solo tengan acceso los responsables”, se excusa.