El manto de impunidad que por décadas protegió a Germán Larrea empieza a romperse. El empresario, la segunda persona más rica de México, se topa por primera vez con un gobierno que no está a sus órdenes.

Tw @anajarnajar

De Coatzacoalcos a Veracruz. El escándalo de esta semana cruzó fronteras. El protagonista es un personaje oscuro, alérgico a fotografías y reflectores, dueño de una fortuna superior a 12 mil millones de dólares y quizá el empresario icónico del neoliberalismo a la mexicana. Se trata de Germán Larrea Mota-Velasco, la segunda persona más rica de México después de Carlos Slim y quien desde hace unos días es el centro de una intensa controversia.

El capítulo más reciente de la historia empezó en Coatzacoalcos, donde concluye uno de los tramos ferroviarios concesionados a Grupo México, propiedad de Germán Larrea. El pasado 19 de mayo la Secretaría de Gobernación publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para declarar como de utilidad pública los 120 kilómetros de vías de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz. La Secretaría de Marina asumió el control temporal de las vías e instalaciones ferrocarrileras, lo que se destacó en la mayoría de los medios convencionales como una expropiación.

Ese fin de semana se multiplicaron los mensajes de odio en redes sociales y varios medios. Muchos pretendieron comparar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Nicolás Maduro, de Venezuela. Otros advirtieron de una catástrofe financiera por la decisión: una señal, juraron, de que los inversionistas internacionales abandonarían México de inmediato. Nada de eso pasó. El lunes siguiente el presidente López Obrador aclaró que la ocupación temporal de las vías fue la última medida ante la resistencia de Germán Larrea a concretar un acuerdo con las autoridades.

De hecho, el empresario exigió un pago de nueve mil 500 millones de pesos como indemnización, una cantidad muy por encima del valor de mercado. El escándalo amainó un par de días, pero luego regresó cuando Citigroup anunció la cancelación, por ahora, de la venta de Banamex, su filial en la banca mexicana. Decenas de analistas culparon a López Obrador de la fallida operación y, de nuevo, insistieron en una supuesta mala señal para los mercados financieros internacionales. Fallaron de nuevo. Horas después del anuncio de Citigroup, el banco español BBVA aumentó a 2.4 por ciento su expectativa de crecimiento para la economía mexicana. El pronóstico se debe, sobre todo, al crecimiento de la demanda interna y el incremento de empleos, señaló el banco. La noticia fue ignorada en casi todos los medios, inclusive los especializados en finanzas. La atención se mantuvo en Banamex.

En el debate politiquero pocos abordaron la responsabilidad de Germán Larrea en el escándalo, y fueron menos quienes recordaron la protección y complicidad criminal que ha tenido de los anteriores cinco gobiernos. Aunque los primeros escándalos sobre Larrea se ubican en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en realidad el emporio que hoy es Grupo México empezó en el período del expresidente Miguel Alemán Valdez. En ese sexenio el patriarca de la familia, Jorge Larrea Ortega, fundó su primera compañía constructora. En poco tiempo cambió de actividad para dedicarse a negocios metalúrgicos, transporte ferroviario, refinación de cobre y la minería.

En 1989 Grupo México obtuvo la concesión de las minas Cananea y La Caridad que tienen dos de los yacimientos de cobre más grandes del mundo. En ese período, cuando Salinas de Gortari era presidente, empezó la expansión del negocio de Larrea y la costumbre de incorporar en la dirección de su consorcio a personajes vinculados con los gobiernos en turno.

Por esos días Germán Larrea contrató los servicios de Luis Téllez y Carlos Ruiz Sacristán quienes fueron, en el sexenio de Ernesto Zedillo, secretarios de Energía y de Comunicaciones y Transportes, respectivamente. También contrató a Fernando Gómez Mont como abogado de Grupo México. Años después el personaje fue designado secretario de Gobernación, durante el período que Felipe Calderón usurpó la presidencia del país.

Gracias a estas relaciones de Larrea obtuvo concesiones de ferrocarril, sobre todo en el gobierno de Zedillo y que opera desde entonces a través de las empresas Ferromex y Ferrosur. Pero el mayor repunte del consorcio ocurrió durante los doce años que el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó al país. Vicente Fox y Calderón no sólo otorgaron el controvertido empresario concesiones y facilidades para operar, sino sobre todo protección para las acciones criminales de su consorcio. El caso más grave fue el accidente en la mina Pasta de Conchos, donde la Secretaría del Trabajo de Fox se negó a investigar a fondo y, por el contrario, impidió el rescate de los 65 mineros que quedaron atrapados.

La protección se mantuvo en los siguientes años. En 2010, por ejemplo, Calderón envió a la Policía Federal para reprimir a trabajadores mineros que habían estallado una huelga en la mina de Buenavista del Cobre, Cananea. En 2014 esa misma empresa derramó más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, que luego fluyeron a los ríos Sonora y Bacanuchi. Más de 30 mil personas de seis municipios resultaron afectados. Grupo México nunca asumió por completo su responsabilidad en el percance.

De hecho, Germán Larrea aseguró a en una breve entrevista a Pie de Página que los ríos “sólo están sucios”. La conversación con el periodista José Ignacio de Alba, por cierto, es la única que ha concedido el magnate. Gracias a la protección del expresidente Enrique Peña Nieto, hasta ahora ningún empleado o funcionario de Grupo México ha sido llevado a juicio por el derrame tóxico, uno de los más graves en la historia reciente del planeta. Con ese manto de impunidad y riqueza, Germán Larrea había logrado mantener una vida tranquila. Durante casi dos décadas no se publicaron fotos del empresario, quien dedicaba su tiempo a los negocios, recorrer el Hipódromo de las Américas (es dueño de varios caballos pura sangre), caminar por los pasillos de sus empresas o asistir a restaurantes de lujo sólo para comprobar que nadie lo reconocía. Gastó mucho dinero en medios convencionales para mantener ese bajo perfil.

La inversión fue evidente en estos días, cuando la mayoría de los periódicos capitalinos publicaron la versión de que Grupo México había logrado un acuerdo sobre las vías de ferrocarril en Veracruz. El convenio, se publicó, implicaría una indemnización de siete mil millones de pesos lo cual fue desmentido por el presidente López Obrador.

No fue un error de los editores. La publicación simultánea, con los mismos datos y en varios medios en realidad fue una maniobra para presionar al Gobierno Federal. Al final, la vida tranquila de Germán Larrea empieza a sacudirse, y no por las pérdidas en la cotización de las acciones de Grupo México, sino por la certeza de que la protección criminal del PRI y el PAN está en el pasado.