Investigación y redacción: Daniela Pastrana

Fotos: Roger López / Voz Alterna

“La primera vez se lo llevaron a plena luz del día. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba afuera del periódico en el que trabajamos. Llegaron por él en una camioneta blanca. todos bajaron las cortinas. Era noviembre de 2012. El subdirector llamó a la Marina. En 2010 nos habíamos quedado sin policía municipal y entró la del estado. Los marinos tenían un retén en la caseta, así que pusieron un cerco en toda la ciudad y los rescataron. Ellos (los criminales) dejaron a la gente que tenían secuestrada y huyeron a los cañaverales. Nunca los detuvieron. En esos días había un ambiente raro en la ciudad. Camionetas y vehículos daban vueltas en lugares públicos. En un solo mes desaparecieron a los chicos jugando futbol, a los policías municipales, a los bomberos. Eso sí estuvo horrible. Se llevaron a 4 de protección civil y bomberos, entre ellos la radio-operadora  y un maquinista. Eran estos (muestra fotos): Vero, tenía tres hijos… ella y yo estuvimos juntos en la escuela; Cardel y Pablo. Todos estaban muertos a batazos y alrededor había unas imágenes de la Santa Muerte.

“Regresó porque habían abatido al jefe de la plaza en un operativo conjunto, el 19 de diciembre. Dicen que le pasaron una camioneta encima. Sergio regresó el 1 de enero de 2013. Durante esos días estuvo muy temeroso. Mi madre le decía: ‘¿a qué regresas?’, pero el siempre respondía: ‘no pasa nada, vieja’. Ya no tomaba, había cambiado mucho. Cuando desapareció recuerdo  que acabábamos de cobrar la quincena. Le entró una llamada, se fue al baño a contestar. Regresó blanco. Agarró los guantes para la moto y el casco y me dijo: ‘déjame la compu prendida, que voy a regresar a trabajar’. Ya no volvió”.

El testimonio es de un reportero de Cardel, una ciudad que está entre el puerto de Veracruz y Xalapa. Habla de su compañero, Sergio Landa Rosado, el último de los periodistas desaparecidos en el estado. La historia es, apenas, una primera mirada a lo que viven los periodistas en ese estado más letal del mundo para el ejercicio periodístico.

Sergio Landa, el “reportero de hule”, como le decían en la región, cobraba mil 500 a la quincena y no tenía días de descanso. El Diario de Cardel, empresa para la que trabajaba, es parte de la Editorial Olmeca, propiedad de Edel Álvarez, político priísta y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.  La empresa se desentendió de la familia y del caso, después de la desaparición de su reportero policíaco. La motocicleta en la que Sergio Landa acudió a su última cita fue recuperada tiempo después por policías estatales y sigue “puesta a disposición de la autoridad”. Tres años y medio después de su desaparición, nadie sabe realmente qué pasó. Y como en todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en Veracruz que han sido atraídos por el gobierno federal,  el expediente no fue turnado a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sino a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Seido), por presumirse que se trata de un asunto relacionado con el crimen organizado y no con su actividad periodística.

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En Veracruz han sido asesinados 24 periodistas y fotógrafos en los últimos 11 años, que abarcan los sexenios de Fidel Herrera Beltrán  y Javier Duarte de Ochoa. (Esta cuenta incluye a dos que fueron asesinados fuera del estado —uno en Oaxaca y uno en la ciudad de México— pero que trabajaban allí). Otros 8 reporteros están desaparecidos, una característica muy propia de México, que no ocurre en otros países peligrosos para la prensa. Su lista incluye al primer reportero desaparecido en todo el país: Jesús Mejía Morales, un reportero de radio que cubría política en  el municipio de Martínez de la Torre, al norte de la capital y desapareció en el último año del mandato de Miguel Alemán, en julio de 2003.

En la última década se han documentado 21 ataques a medios (desde hackeos y amenazas hasta incendios) y al menos 40 reporteros han tenido que dejar su hogar por temor a perder la vida. En esta última lista estaba Rubén Espinosa, quien después de un largo anuncio de su muerte, fue asesinado en la capital del país, el 31 de julio de 2015, en circunstancias no aclaradas hasta ahora.

¿Quién o quiénes están detrás de la muerte que cubre a la prensa veracruzana? ¿Qué buscan? Comencé a documentar testimonios de periodistas agredidos en mayo de 2012, unos días después del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, en Xalapa. Ella fue extrangulada en su casa por un hombre que está prófugo y con quien, según la versión oficial, tendría una relación sentimental. El único detenido, José Antonio Silva, es un hombre analfabeto y seropositivo, que ante el juez declaró que fue torturado para declararse confeso (aunque en realidad, sólo confesó haber estado presente en el asesinato, pero no participar en él). Edel Álvarez, el magistrado dueño de varios diarios -entre ellos el diario donde trabajaba Sergio Landa-, lo dejó libre por falta de pruebas. Luego fue reaprehendido.

Álvarez es un político priísta distanciado del grupo gobernante al que los reporteros ubican ahora más cercano al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, otro político de larga trayectoria en el PRI que en 2016 contendió por la gubernatura a través de una alianza electoral opositora. Así de complejo es tratar de entender Veracruz, donde los políticos son dueños de medios, los periodistas completan su sueldo trabajando para políticos o en oficinas de comunicación, y los límites entre grupos políticos y grupos criminales parecen no existir.

La revisión de más de 300 agresiones a periodistas registradas en Veracruz entre 20003 y 2016, un registro que incluye datos oficiales, bases de datos diferentes organizaciones de libertad de expresión y agresiones no reportadas que son producto de entrevistas con reporteros de todas las regiones del estado, permite comenzar a armar el complejo rompecabezas de los ataques a la prensa en el estado.

Una de las primeras cosas que llama la atención es que en la mayoría de los casos que el gobierno considera “cerrados”, hay tres móviles: 1 ) robo 2) crimen pasional o por motivos personales 3) crimen relacionado con los grupos criminales.

El análisis de la información permite identificar tres bloques de periodistas agredidos:

Los policiacos. Periodistas que quedaron atrapados en medio de un territorio disputado por distintos grupos criminales. Que recibían llamadas o instrucciones de qué publicar o no. Y que antes de ser asesinados fueron torturados y los dejaron desmembrados o exhibidos públicamente. El único que se sale de ese patrón es el columnista de Notiver, Milo Vela, quien fue asesinado con su familia, por tres desconocidos que entraron de noche a su casa y dispararon con saña. “Eso podría indicar que fue un grupo criminal distinto al de los otros policiacos”, dice un investigador consultado para este trabajo.

Los regionales. Periodistas de zonas limítrofes o municipios pequeños que tienen conflictos con caciques o con poderes locales específicos, como Gregorio Jiménez de la Cruz, en Coatzacoalcos. A ellos los sacaron de su casa y los enterraron en fosas o, como en el caso de Armando Saldaña, los fueron a dejar en otro estado. En este grupo originalmente entraría, Moisés Sánchez, director de la Unión de Medellín que fue secuestrado por policías municipales y asesinado en enero de 2015; el gobierno de Veracruz se apresuró a responsabilizar al alcalde panista, Omar Cruz Reyes, quien está prófugo;  pero no se han explorado otras líneas de investigación. “Todo parece indicar que el problema fue con la policía estatal, por el apoyo que dio Moisés a la creación del Comité de Autodefensas de la Colonia Gutiérrez”, dice un reportero de la zona.

Los políticos. Periodistas con perfiles más altos, que tenían una influencia mayor por su relación con medios nacionales y sus coberturas de movimientos sociales y políticos. Sus asesinatos han tenido impacto más allá de círculos locales y, desde el inicio, las investigaciones han evitado evidencias que pudieran relacionar los asesinatos con sus actividades periodísticas. Son los casos de Regina Martínez y Rubén Espinosa, cuyos nombres “aparecieron” en abril de este año en una gran manta que nadie sabe quién colocó enfrente del palacio de gobierno de Xalapa. La manta está firmada por “amigos” de los periodistas y pide que no haya juicio político al gobernador. Nadie la ha quitado. “A Rubén no lo mataron por lo que sabía, sino por lo que representaba”, confía otro reportero.

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“Me avisaron de un ejecutado en Rinconada, lo hicieron cachitos y la metieron a tambos con ácido. Tomé 7 fotos y arranqué la moto. Era un camino de terracería. Una camioneta con un enmascarado me hizo el alto. Varios hombres me rodearon. El hombre me dijo: ‘Te voy a hablar claro: esta chamba es de nosotros y no queremos que salga. Borra esas fotos y no seas pendejo. Para la otra, pregunta’. ‘¿A quién?, pregunté yo. ‘Siempre hay alguien’ me dijo. Borré las fotos, les dejé la memoria y me fui”. (Testimonio de la región del Sotavento)

“Un día de 2013 llegó el jefe de una tránsito y me dijo: ‘necesitamos tu casa para el nuevo jefe de la plaza’… Se la dejé. Llevábamos tres presidentes municipales, de distintos partidos y todos relacionados con los de la letra (…) El día que me secuestraron, me dijeron que le bajara a la información del alcalde. Después de eso anduve a salto de mata durante unos meses. Cuando regresé, me encontré al presidente municipal en un evento y le dije que por qué me había mandado hacer eso. Él me dijo: ‘No, yo no fui. Pero vamos a arreglarlo. A ver –le dijo a su asistente- búscale una plaza’. Y me dieron la plaza de policía”. (Testimonio del sur de Veracruz)

“En el periódico siempre tenemos llamadas. Hay un enlace. Todos los periódicos de la zona tienen un enlace que se comunica con los grupos criminales para ver qué se publica y que no. Un día llegó el dueño y corrió a toda la sección local, que porque estaban involucrados. Pagaron unos por otros”.  (Testimonio de las montañas)

“El problema es la corrupción y que los propios periodistas funcionan como espías, orejas del gobierno. No sabes en quien creer, ni en quien no”. (Testimonio de Xalapa)

“Lo más cabrón es la soledad, te sientes nada. En un lugar tenías a tus amigos, tu vida, eras reconocido. Y llegas a otro donde no eres nadie. Al principio, yo sólo quería emborracharme”. (Testimonio de un periodista desplazado)

En todas las regiones de Veracruz, los entrevistados hablan de una limpia de zetas que comenzó en 2009, cuando los “Matazetas” de cartel de Jalisco Nueva Generación hizo su presentación en el puerto de Veracruz. Unos ubican en esta limpia a La Marina, otros al cartel de Jalisco y otros a la policía estatal que comanda Arturo Bermúdez

Bermúdez llegó a Veracruz con Fidel Herrera, como coordinador del C4, y luego, Javier Duarte lo puso a cargo de la policía estatal, que en estos años tuvo cambios importantes, primero se creó la policía intermunicipal (o regional) y luego una fuerza de élite, entrenada militarmente, que está presente en todo el estado, pero muy marcadamente en la capital del estado.

La fuerza civil, presumida por el presidente Enrique Peña Nieto como “la mejor policía del país” no solo tiene  decenas de denuncias por desapariciones forzadas en la era de Bermúdez, también acumula más de 90 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.

“Veracruz tiene una lógica de guerra desde que se tomó la decisión de eliminar a los zetas y para eso usa de todo: marinos, otros grupos criminales, policía estatal o lo que necesite; si en esa lógica, se identifica al movimiento social como un enemigo, lo van a tratar así, como un enemigo”, explica un experto en seguridad.

Otro investigador de la Universidad Veracruzana, experto en seguridad, asegura que el control y el temor son tan grandes que los académicos lo último que quieren es que se conozcan sus investigaciones.

Esa puede ser una explicación para la persecución estatal contra periodistas que identifican como cercanos a grupos “desestabilizadores”. En marzo de 2013, el propio Arturo Bermúdez acusó al fotógrafo Félix Márquez de publicar fotos falsas de autodefensas en el municipio de Tlalixcoyan. “El único que debería estar detenido es el que les fue a tomar fotos y les paga a los ciudadanos para que pongan cosas”, dijo el jefe policiaco.

En todo caso, la marca del gobierno saliente de Javier Duarte ha sido la descalificación de los reporteros que son agredidos.

En julio de 2011, unas horas después de que fue encontrado el cuerpo de Yolanda Ordaz, reportera policiaca de Notiver en el puerto de Veracruz, el entonces Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar, vinculó el homicidio con el crimen organizado y para sustentarlo, difundió unos videos en los que se escucha a la periodista ponerse de acuerdo con un hombre para difundir las manifestaciones contra militares y apoyar a un preso del Penal de Villa Aldama.

Pero el rasero para validar los dichos de delincuentes no fue igual cuando un líder zeta capturado en Córdoba involucró con esa organización al secretario de Gobierno, Erik Lagos. “El señor es un delincuente que mató, torturó a muchas personas. Es una persona sin ninguna moral”, dijo el gobernador Duarte en ese caso. En cambio, en julio de 2015 advirtió a los periodistas en Poza Rica: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos y quienes están metidos con el hampa (…) vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación”. 

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“Ni siquiera es que te hagan algo, ya ni siquiera sabes si es para hacerte daño, o sólo para mostrarte que lo pueden hacer en cualquier momento. A mí ya no me siguen, Siguen a mi esposa”, cuenta otro periodista en Xalapa, la capital, y donde cualquier historia increíble puede ocurrir.

En mayo de 2012, acompañé a Laura Salas, que entonces era relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Mike OConnor, corresponsal del Comité para la Protección a Periodistas, a documentar agresiones a periodistas en Veracruz. Después de un foro convocado por el movimiento Yosoy132, en el que pudimos platicar con varios colegas, fuimos a cenar. Luego, Laura y yo dejamos a Mike en su hotel, con el acuerdo de salir al día siguiente a las 8 de la mañana para el puerto.

En la mañana hablamos y no contestaba. Fuimos a su hotel y la mujer de la recepción nos recibió con una noticia sorprendente: “El señor bajó a desayunar borracho y lo tuvieron que subir a su cuarto”.  Nunca habíamos visto a Mike tomar alcohol, pero dimos la versión por cierta y nos fuimos al puerto en camión. Entrevistamos a otros reporteros y poco después de las 3 de la tarde recibí una llamada de Mike:

— ¿Daniela? No sé qué pasó. Acabo de abrir los ojos.

— Si Mike, nos dimos cuenta que apenas te dejamos y te fuiste con tus amigos periodistas borrachos —  le dije bromeando.

— No. No fui a ningún lado – respondió él, muy serio —. Tomé una pastilla para el dolor de cabeza y me perdí. Abrí los ojos ahorita, y estaba en penumbras. Sólo que alguien me dejó aquí unos chocolates de regalo.

— ¡Cómo que unos chocolates!… Mike, ¿estás bien? ¿Te robaron algo?

— No estoy seguro. Tengo aquí mi teléfono y mi directorio, parece todo normal, pero no están unas hojas en las que apunté las entrevistas que hicimos ayer.

Mike nunca quiso regresar a Xalapa. Lo siguiente extraordinario que escuché de un periodista ahí fue el testimonio de Rubén Espinosa sobre lo que parecía una persecución fantasiosa.

Ninguno de los dos está ahora. Así que solo queda seguir investigando lo que dejaron inconcluso.

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Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx«.