Un grupo de vecinos y organizaciones civiles por el derecho a la vivienda preparan una iniciativa de ley que busca proteger los derechos de quienes rentan una vivienda en la Ciudad de México y combatir la gentrificación

Texto e imágenes: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- Vivir en la zona central de la ciudad es cada vez más difícil. El alza en los precios de la renta y en los servicios han vuelto colonias populares en colonias casi de lujo, sin embargo, un grupo de vecinos quiere detener esta tendencia, dotar de más derechos a los que rentan una casa y detener los desalojos.

Regular las relaciones entre inquilinos y arrendatarios podría ser el primer paso para asegurar que la gente que ha desarrollado toda su vida en los barrios centrales de la ciudad siga viviendo ahí.

“No hay todavía propuestas gubernamentales enfocadas en lograr un balance entre el derecho a una vivienda adecuada y el derecho de propiedad. Más bien está totalmente a favor de quien es propietario de una vivienda”. Por ello, es necesario crear regulaciones en materia de alquileres y desalojos, asegura Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.

“La ciudad está expulsando a la población de bajos recursos, cosa que no es novedosa. Es algo muy antiguo”, explica Emanuelli. “Pero lo que estamos asistiendo en muchas ciudades es que los centros se están convirtiendo en lugares inaccesibles para comprar y para alquilar».

La idea de regular los alquileres y prevenir los desalojos no es sólo de la Coalición Internacional para el Hábitat, en la iniciativa ciudadana también participa el Movimiento Urbano Popular y dos observatorios ciudadanos, el de la colonia Centro y de la Juárez, así como varias personas que han sido despojadas de sus viviendas en la ciudad.

De acuerdo con María Silvia, en la Ciudad de México, como en muchas otras del mundo, el mercado inmobiliario dicta las reglas de su desarrollo, ante la debilidad de muchos gobiernos para controlar a un poder económico tan grande.

Las inmobiliarias están dictando cierto tipo de legislación, o está manipulando el uso de la legislación existente corrompiendo, aliándose con varios sectores para hacer de la ciudad un negocio. En una ciudad convertida en negocio, el precio del suelo se encarece tanto que mucha gente ya no puede permanecer en ella si no tiene cierto poder económico”.

Sólo un primer paso

Si usted quiere rentar una casa en la Ciudad de México, puede que enfrente varios problemas. El primero, el precio. El costo por metro cuadrado de vivienda en la capital es el más alto del país y supera casi por el doble al de la segunda ciudad más cara.

Luego, tiene que ahorrar las rentas de dos o tres meses para pagar un depósito, y conseguir el aval de una persona que viva en la ciudad, que sea dueño de una casa.

En la firma del contrato, el arrendador no tiene la obligación de demostrar la propiedad legal del inmueble. Según cifras de la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, hecha por el Inegi, 50 por ciento de las viviendas de la Ciudad de México no tienen escrituras o certificado de propiedad, y otro seis por ciento está intestada o en litigio.

Por lo tanto, si usted es del 40 por ciento que tiene que rentar para vivir en la ciudad, es muy probable que su edificio no tenga certeza jurídica sobre su propiedad.

Esto desata una serie de problemas que son muy comunes, y que dejan en indefensión a los inquilinos, explica Emanuelli:

“Hay muchas situaciones en las que el arrendador no te da un contrato, entonces, mañana decide que ya quiere que te salgas, y tú no tienes cómo probar que tú ahí has vivido y estabas pagando. Hay otros casos en los que incluso hay un contrato, pero las reglas para incrementar la renta no son respetadas. Entonces, para echarte sin empezar un juicio, lo que pueden hacer es decirte: ‘Fíjate que el año que viene la renta va a subir el 50 por ciento ¿No te gusta? Te me vas’. Es una forma de presión que desgasta al inquilinio”.

Todo esto se podría prevenir con una regulación adecuada.

Desalojos y permanencia barrial

¿Cuál es la línea que une el derecho a una vivienda adecuada de los inquilinos, con la prevención de desalojos y la permanencia en territorio de los citadinos?

Para encontrarla, hay que ir un poco al pasado, y entender algunos antecedentes históricos que permiten entender el problema de desalojos en los últimos años en la ciudad, que han sido vinculados con un “cartel inmobiliario”, y que en los últimos años se han vuelto imparables.

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho promulgó una ley con la que congeló las rentas en la ciudad, para proteger la economía de las familias ante de la inflación que azotaba al país. Sería una ley temporal. Sin embargo, seis años después, la ley obtendría una prórroga indefinida que la extendería hasta el 2001, cuando fue derogada.

Unas décadas después de la promulgación de la Ley de renta congelada, el mantenimiento de los edificios del centro decayó. Si bien la ley aseguró la permanencia de los vecinos en la zona, no así el buen estado de sus hogares. Poco a poco, el centro se fue abandonando.

Esta ley trajo como resultado que la población del centro de la ciudad cayera estrepitosamente. En 1950 ahí habitaban unas 500 mil personas, mientras que en 1970 sólo eran 296 mil, y para 1990, 195 mil.

“Las colonias céntricas de la ciudad sufrieron un notable despoblamiento mientras la ciudad se extendía hacia donde no había servicios ni infraestructura”, explica la abogada María José García Gómez en un capítulo del libro El Mundo del Derecho.

“Los estudiosos del fenómeno de despoblamiento del centro de la Ciudad de México no tienen la menor duda en señalar como causa cierta del deterioro y desocupación del Centro Histórico –y de amplias zonas de otras delegaciones políticas– a la llamada ley de la renta congelada del Siglo XX”, concluye el texto académico.  

Años después, las afectaciones del sismo de 1985, y la eventual expropiación de edificios para su mantenimiento que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad, convocaron a los desaparecidos dueños de los edificios, quienes después de años de ausencia, regresarían a reclamar su propiedad. Lo que en muchas ocasiones complicó más el panorama.

Gente que tiene más de 60 años de vivir en un predio y, un buen día, ya no saben quién es el dueño o la dueña. Dejan de pagar, nadie arregla el edificio, se va deteriorando. La vida en ese lugar es muy complicada pero como no hay opciones alternas de alquiler social que esté por debajo de los precios del mercado, las personas se quedan en este edificio, incluso en pésimas condiciones. O la opción B es salirse de esta ciudad y estar muy lejos de sus redes de confianza y familiares. Cambiar toda su vida, porque tendrían que reubicarse a quizás dos horas del centro”.

“No podemos, con una única regulación, atacar todas las problemáticas que tenemos en los desalojos, o que motivan los desalojos”, explica Silvia Emanuelli. “Pensamos que hay que empezar por proteger a quienes rentan de los abusos del mercado”.

¿Qué tan grande es el problema de los desalojos?

No saber de quién es un edificio (y que se demuestre legalmente) ha causado que muchos inmuebles en la Ciudad sufran desalojos a través de simulación en el uso del derecho o corruptelas por supuestos nuevos dueños, o que incluso intervengan bandas o grupos criminales.

El pasado 1 de marzo Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó que según los datos de la dependencia, actualmente hay 3 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo.

De 2011 a 2016 la misma Procuraduría recibió 18 mil 690 denuncias por el mismo delito, es decir, un promedio de 3 mil 738 por año. De todas estas denuncias es imposible determinar cuáles se investigaron, y mucho menos, cuántos fueron relacionados con asuntos inquilinarios, cuántos ligados a personas que se apropiaron del edificio porque estaba abandonado o cuántos son de origen penal.

Silvia Emanuelli es cortante al respecto: “No hay un diagnóstico claro de esta ciudad sobre qué está sucediendo en. ¿Quiénes se están apropiando de esta Ciudad?”.

Actualmente la Ciudad de México tiene una ley inqulinaria, las regulaciones básicas se derivan del Código Civil que se enfoca en reglamentar los contratos sin contemplar los derechos de quienes alquilan. También existe una Ley de vivienda, pero no trata el tema de los inquilinos.