Ante la reforma de pensiones que vulnera los derechos de la clase trabajadora en Francia, este martes se espera una sexta jornada de huelga general y manifestaciones para frenarla. La última palabra sobre este caso lo tendrá el Senado de ese país.
Texto: Iván Cadin @ivankdin
Fotos: Confederación General del Trabajo
PARIS, FRANCIA.- “La movilización pasa a velocidad superior”.
FRANCIA. – Estas son palabras de Philippe Martinez, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización sindical más grande de Francia. Las pronuncia de cara a la sexta jornada de huelga general y manifestaciones a la que se ha convocado para este martes 7 de marzo. Estas protestas abren una nueva etapa de movilizaciones ante la intención del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron de hacer pasar su reforma de pensiones. La reforma busca prolongar a 64 años la edad de retiro (hoy en 62), y prolongar el tiempo de cotización de 42 a 43 años, argumentando que de esta manera se salva a futuro el sistema de pensiones de este país.
Tras pasar por la cámara de diputados (Asamblea Nacional) sin voto definitorio, la iniciativa de pensiones se ha turnado ahora al Senado. Ahí se ha comenzado a discutir, y el gobierno busca agilizar su aprobación.
Durante dos semanas la iniciativa de pensiones estuvo en los corredores de la Asamblea Nacional. El 17 de febrero fue su último día, agotando su tiempo reglamentario sin votación en primera lectura.
En la cámara de diputados los dos bloques en pugna estuvieron muy definidos: por un lado y a favor de la iniciativa, los representantes de Renacimiento, el partido del presidente, que en este segundo quinquenio de Macron no poseen la mayoría (como sí pasó en el primero), y la bancada de Los Republicanos, quienes, a pesar de ciertas rebeldías al interior de sus filas, apoyan en su mayoría la iniciativa. Del otro lado y posicionados en contra, la totalidad de la bancada de izquierdas (organizada en la coalición NUPES, que agrupa a insumisos, verdes, comunistas y socialistas) y la extrema derecha del partido Agrupación Nacional.
Durante el tiempo que la ley estuvo en este recinto, la NUPES optó por meter enmiendas. Cerca de 20 mil reservas fueron presentadas. 18 mil de éstas por parte de la NUPES. Este método de lucha levantó diferencias entre la propia coalición de izquierdas. También lo hizo en ciertos sectores del sindicalismo, notablemente en el diferendo público que hubo entre Martinez, el secretario general del CGT, y Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de La Francia Insumisa.
Para Martinez, la estrategia debió haber sido dejar las reservas a un lado para enfocarse en el artículo siete de la reforma. En ese artículo descansa la intención de prolongar la edad de retiro. Las reservas presentadas prohibieron que la ley avanzara en esa discusión. Por el contrario, los defensores de las reservas argumentaron que eran necesarias; pues de no presentarlas se legitimaba la discusión fast-track de una ley cuya importancia y relevancia necesitaba más tiempo y forma en su debate. La iniciativa finalmente sólo se discutió en dos de los 20 puntos que contiene.
Vale recordar que el gobierno pasó esta ley al legislativo bajo un esquema que le permite utilizar un artículo de la Constitución, el 47.1. Este artículo limita demasiado el tiempo para estudiar la iniciativa que se presenta: pues establece solo 20 días de debate en Diputados y 15 días para el Senado.
El Senado, compuesto por 348 asientos, ha realizado ya algunas modificaciones a la ley, pero sin cambiar su esencia, que son los puntos que contemplan la nueva edad de retiro y el tiempo de cotización. Se han eliminado los regímenes especiales para los futuros trabajadores que serían afiliados en caso de aprobarse la ley (1 de septiembre de 2023), afectando sectores como las industrias de electricidad y gas, el metro, los trabajadores de la banca, funcionarios públicos y ministeriales, entre otros. Para el ala de izquierda en el Senado, estas modificaciones son “una propuesta ideológica y demagógica” que no generará ganancias económicas.
A diferencia del recinto de diputados, en el senado francés la izquierda no está coordinada bajo el esquema de la NUPES. Tampoco está representada La Francia Insumisa, la primera fuerza de izquierda del país. Hay socialistas, verdes y comunistas, donde la voz cantante recae en los primeros. No obstante, estos tres bloques van unidos contra la reforma de pensiones y su estrategia es hacer que los debates se prolonguen lo suficiente para no llegar al final del examen del texto. Lo intentarán utilizando diversas mociones, como querer llevar la reforma a referendo ante los franceses, estrategia muy difícil de que resulte en su fin, pero su puesta en marcha ayudará a ralentizar el debate.
A diferencia de las 20 mil reservas que se presentaron en Asamblea, en el Senado se promovieron más de 4 mil 700, mil 451 de ellas sólo sobre el referido artículo siete. Buscan retrasar la discusión de este artículo, al menos antes de la jornada de movilización del próximo 7 de marzo. Pero a diferencia de la Asamblea, donde la NUPES es el principal bloque opositor, en el Senado la izquierda no goza de fuerza similar. Los Republicanos son la primera agrupación, con 145 asientos, y junto a los adherentes a Renacimiento y a otras fuerzas de centro derecha, inclinan fácilmente la balanza hacia los intereses del gobierno.
Para el gobierno, sin embargo, las cosas se han ido moviendo según lo planeado, o al menos han ido caminando por una vía legislativa que tomaron siempre en cuenta: que la iniciativa no saldría de la Asamblea con voto decisivo, lo que la obligaba a pasar, de esta manera, al Senado, donde, a diferencia de la asamblea de diputados, una mayoría más nutrida de derechas le ayudaría en su tránsito legislativo. Desde el 28 de febrero comenzó en esta cámara la discusión de una ley que fue presentada por Macron pero que contiene mucho de la visión laboral y patronal que históricamente ha propuesto la derecha francesa. De ahí el buen entendimiento con Los Republicanos.
Según el artículo 47.1, en el senado deberá debatirse la iniciativa, primero en comisión y luego en general desde el 2 de marzo hasta el 12 del mismo mes. Si no hay decisión sobre la reforma a esta fecha, una comisión mixta paritaria (cuya conformación política sería proclive a la reforma) deberá instalarse el lunes 13 de marzo para acordar una versión final de la iniciativa. Esta deberá presentarse a más tardar el 26 de este mismo mes. El documento final deberá pasar por la Asamblea Nacional y tener el visto bueno del Consejo Constitucional.
Para muchos sectores de la vida francesa, la vía legislativa para parar la ley está muy acotada, por lo que para ellos la presión de la gente y las huelgas serán el verdadero factor que detendría la reforma. Así, mientras un camino se traza en la vía parlamentaria, la alianza intersindical de las ocho organizaciones laborales más importantes de Francia (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) ha llamado a una jornada para “poner a Francia en paro” este martes 7 de marzo. Esta es la sexta movilización tras las grandes convocatorias realizadas en menos de un mes (19 y 31 de enero, 7, 11 y 16 de febrero), protestas que movilizaron a millones de franceses en todo el país, siendo la del 31 la que más gente atrajo, dos millones 800 mil a decir de los sindicatos, un millón 270 mil a decir de las cifras del gobierno.
Petroquímica, centrales nucleares, refinerías, gaseros, camioneros, metro, trenes, fábricas, instituciones educativas, metalurgia, siderurgia, recolección de basura, aeropuertos, puertos… Para esta sexta jornada se pretende abarcar más espacios, más puestos de trabajo, más sectores laborales, más gente que responda al llamado de la huelga general.
“Es necesario que haya más gente”, dijo Martinez el fin de semana. “Vamos a romperla”, añadió por su parte Dominique Corona, secretario general adjunto de otra organización de la intersindical, la UNSA.
Pasada la jornada del 7 de marzo, los sectores en lucha buscan enlazar la protesta con las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuya realización en Francia tendrá este año el sello distintivo de la reforma de Macron y su relación con las trabajadoras de este país: hay que “resaltar la gran injusticia social de esta reforma contra las mujeres», dijo la intersindical en un comunicado. No se sabe, empero, si este día las huelgas del día anterior continuarán o se tratará únicamente de manifestaciones.
Para el día siguiente, 9 de marzo, están contempladas movilizaciones de organizaciones juveniles y de estudiantes que enarbolan el rechazo a la reforma de retiros, pero también temas de contexto en la actual agenda juvenil.
La intersindical anunció que tras la sexta jornada de protesta se reunirá por la noche para discutir los siguientes pasos a seguir. Discutirán la posibilidad de otro paro general para el 11 y 14 de marzo, así como la pertinencia de una huelga prorrogable. El único sector que está ya está en huelga más allá de una jornada es el sector de la energía, quienes han comenzado una baja en la producción en ciertas centrales nucleares desde el viernes 3 de marzo.
Las fuerzas opositoras a la reforma de Macron buscan que estas manifestaciones sean de mayor participación, tanto ciudadana como de trabajadores. La amplitud de estos movimientos será un factor decisivo, dada la falta de margen de maniobra que el rechazo a la ley tiene en el parlamento.
“Si Emmanuel Macron no quiere una Francia paralizada y una semana negra en energía, más le valdría retirar su reforma”, advirtió Sébastien Ménesplier, secretario general de CGT Energía. «Seremos capaces de cualquier cosa», advirtió Fabrice Coudour, su secretario federal.
Del lado del gobierno tampoco parecen ceder en su intención de querer pasar la ley rápidamente, a la vez que han criticado a quienes promueven las jornadas de huelga.
De gira por África, Emmanuel Macron dijo el sábado pasado que no tenía «nada nuevo que decir» sobre su iniciativa de reforma. En diversos sitios donde ha estado ha defendido la edad de retiro en 64 años diciendo que “la gente sabe que hay que trabajar un poco más”.
Gabriel Attal, el ministro de Cuentas Públicas del gobierno francés, pidió responsabilidad a los sindicatos, pues son a «los franceses a los que bloquearán» y a «los trabajadores a los que pondrán de rodillas».
Por su parte, Olivier Véran, portavoz del gobierno, señaló que “paralizar el país es correr el riesgo de un desastre ecológico, agrícola, sanitario o incluso humano en unos meses», una opinión que levantó mucho revuelo al ser considerada tremendista y desproporcionada al relacionar la legal y legítima lucha laboral (la huelga) con un desastre.
Según una encuesta encargada por Public Sénat, el canal televisivo del Senado francés, 66% de los franceses siguen opuestos a la reforma, 61% apoyan la huelga general del próximo 7 de marzo y un 54% se dice favorable a que las huelgas puedan prolongarse más allá de una jornada.
En una encuesta de mediados de febrero, Macron cuenta con un apoyo del 32%, según la consultora IFOP. La misma firma dice que la primera ministra, Élisabeth Borne, está en un 29%, su puntaje más bajo desde que asumió el cargo.
Como podemos ver, los próximos días serán decisivos, tanto en la vía parlamentaria como en la calle.
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