Organizaciones civiles alertan sobre los riesgos de la nueva Ley General contra el Feminicidio y el Programa Integral 2026-2030. A través del análisis «¿Prevenir o sancionar?», México Unido Contra la Delincuencia, Balance A. C. y Equis Justicia para las Mujeres advierten que ambas políticas apuestan por un enfoque punitivo y carecen de presupuesto. Señalan que esto podría invisibilizar identidades, revictimizar a las sobrevivientes y criminalizar la legítima defensa ante la falta de perspectiva de género en las fiscalías