La Ronda Comunitaria resistió y logró proteger a la comunidad mediante barricadas. Se reportan un asesinado y un herido. Responsabilizan al Estado por omisión y complicidad

Texto: Laura Buconi

Foto: Arturo Contreras / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. — “Este ataque no es un hecho aislado —reporta la comunidad en un comunicado urgente del 2 de julio, publicado pocas horas después del ataque—, forma parte de una escalada de violencia que se ha recrudecido aquí en Michoacán, un estado donde el crimen organizado se disputa los territorios en total impunidad».

La comunidad denuncia una intensificación de las agresiones durante las últimas semanas en diversas regiones, incluyendo la Meseta Purhépecha, donde los habitantes de los poblados han sido víctimas de “amenazas, incursiones armadas y despojo territorial”.

El ataque

El comunicado detalla que en las primeras horas del 2 de julio, sujetos desconocidos armados intentaron ingresar por los parajes de Rancho del Pino y Cerrito del Aire. La Ronda Comunitaria —su organismo de seguridad autónomo— resistió la agresión y levantó barricadas para proteger a la población. En la confrontación, uno de sus integrantes fue asesinado y otro resultó herido, “hecho que nos llena de indignación, tristeza y rabia”.

Se trata del primer ataque directo desde el establecimiento del autogobierno en 2011. Sin embargo, las comunidades han reportado diversos intentos de agresión, tanto por parte del crimen organizado como de talamontes y agentes estatales. “Este ataque busca ser un golpe directo al corazón de nuestra autonomía y de todos los pueblos que luchamos por defender la vida”, denuncian.

Las comunidades responsabilizan al Estado mexicano, en particular a los gobiernos federal y estatal, “por su omisión, complicidad y silencio ante esta nueva agresión”. Sostienen que el gobierno federal, pese a haber impulsado un Plan de Justicia para los pueblos indígenas —“que no se construyó con nosotros ni responde a nuestras necesidades”—, ha fallado en implementar mecanismos de protección para los pueblos, cuyos territorios siguen sometidos a la violencia.

“¿De qué justicia hablamos si nuestras propias formas de organización y defensa no son garantizadas ni respetadas?”, cuestionan.

La comunidad exige:

1. Garantías inmediatas de seguridad por parte del Estado, en Cherán y en todas las comunidades indígenas.

2. Que los cuatro niveles de gobierno coordinen acciones urgentes para asegurar la paz, la justicia y la integridad de los pueblos.

3. El cese de la negligencia y la omisión “ante una crisis que no admite más espera”.