La defensa de Eduardo A.M., jefe de recursos materiales de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, logró modificar la medida de prisión preventiva, por lo que el acusado dejó la cárcel el sábado 13 de abril a cambio del pago de una fianza de 1.5 millones de pesos que debe realizar en un mes

Texto: Blanca Carmona / La Verdad

Foto: Rey R. Jauregui / Archivo

CIUDAD JUÁREZ. – A un año de su detención, Eduardo A.M., uno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) acusado por la muerte de 40 migrantes ocurrida en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, salió de la cárcel al lograr modificar su medida cautelar de prisión preventiva que le permitirá seguir el proceso judicial en libertad con el pago de una fianza.

El juez federal Juan José Chávez Montes, revocó la medida cautelar de prisión preventiva a Eduardo y en su lugar le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 1.5 millones de pesos.

El juez también otorgó un mes para el depósito de la fianza, informó José Ubaldo Solís, uno de los abogados de Eduardo, quien se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del INM cuando ocurrió la tragedia.

Además del pago de la fianza, el acusado deberá acudir a firmar al juzgado, no debe salir de la ciudad y no deberá acercarse a un punto fronterizo, entre otras medidas cautelares.

“(El cambio de medida cautelar) Representa ya la aplicación de la ley, el hecho de que tenga un debido proceso, una justicia, aunque no sea pronta fue expedita. Duró prácticamente un año en la cárcel”, dijo Solís, defensor de Eduardo.

De acuerdo con registros del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3,  Eduardo A.M., salió de prisión el pasado sábado 13 de abril. Él tendrá un mes para reunir los 1.5 millones de pesos de la garantía económica.

Eduardo es el primero de los acusados en prisión por esta tragedia que recupera su libertad condicional.

También es el tercero de los ocho funcionarios del INM acusados del incendio en la estancia migratoria que enfrentará en libertad el proceso judicial por el incendio donde murieron 40 extranjeros. Los otros dos son el comisionado Francisco Garduño Yáñez –quien desempeña el cargo de más alto rango en el Instituto– y Antonio Molina Díaz, quien presuntamente está evadido desde mayo del 2023, aunque ambos fueron vinculados sin pisar la prisión.

Por ese hecho, actualmente solo permanecen en prisión cinco funcionarios del INM, así como dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada.

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo del 2023. En ese hecho 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático al incidente mientras estaban bajo el resguardo de las autoridades.

Leer más

“A ellos no les vamos a abrir…”. ¿Qué pasó la noche del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez? 

Con amparo, tumban prisión de funcionario del INM

En el caso de Eduardo inicialmente el juez Chávez Montes había fijado una garantía económica por 30 millones de pesos, pero esa cifra era inalcanzable para el acusado y su familiar, por lo que los abogados que lo representan, José Ubaldo Solís Luis y Alejandro Villalobos Frescas, interpusieron un juicio de amparo.

Un Tribunal Colegiado ordenó al juez Chávez Montes que abriera otra audiencia para que las partes debatieron, y que impusiera una cautelar acorde a las posibilidades del acusado,

“El tribunal de apelaciones le solicitó al juez de Control que fuera congruente con la medida cautelar, le había interpuesto una garantía por 30 millones de pesos. Le pidió que se cambiara a una medida cautelar que este acorde a los ingresos y solvencia económica de nuestro representado, él se quedó sin trabajo, generó deudas y va a ser complicado que vuelva a tener trabajar”, dijo el abogado quien explicó que para llegar a ganar 30 millones de pesos Eduardo, debería trabajar 90 años.

Eduardo fue detenido el 13 de abril del 2023 y quedó vinculado a proceso penal el 19 de abril en una audiencia conjunta con Juan Carlos M.C., quien era el coordinador del Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y responsable de la Unidad Interna de Protección Civil. A ambos se les inició la causa penal número 235/2023 y se les acusó por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público en relación al incendio registrado la noche del 27 de marzo de ese año en la estancia migratoria.

Juan Carlo M.C., fue el primero en solicitar la revisión de la medida cautelar. En noviembre del año pasado el mismo juez, Chávez Montes, le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 20 millones de pesos al considerar que existe un riesgo muy elevado de fuga por parte de él.

Posteriormente los abogados que lo representan interpusieron un recurso legal y lograron que el monto bajara a dos millones de pesos.

Sin embargo, a la fecha Juan Carlos M.C., continúa en prisión pues no se ha depositado ese monto.

Eduardo se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y tenía la responsabilidad de suministrar recursos humanos y materiales para el funcionamiento de la estación migratoria, donde la noche del incendio se mantenían encerrados bajo llave 68 migrantes extranjeros de sexo masculino.

El día de la vinculación el juez expuso que a partir de que se quemó otra estación migratoria en Tabasco, en marzo del 2020, se giraron oficios a todas las representaciones del INM de todos los estados del país prohibiendo el uso de cigarros, cerillos y encendedores en las estaciones migratorias y se ordenó la aplicación de protocolos.

Eduardo era el responsable de tener los espacios libres de humo y de que no se usarán cigarros, dijo en esa ocasión el juzgador.

Once personas se encuentran sujetas a proceso penal por el incendio ocurrido en la estación del INM, a nueve de ellos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pero con la libertad bajo fianza otorgada a Eduardo actualmente solo ocho quedan en prisión.

Los otros acusados que se mantienen en prisión son:

Los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones.

También a Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Así como el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R., y el jefe de Beta, Juan Carlos M.C.

Esta nota fue publicada originalmente en LA VERDAD que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.