El predio donde se habrían encontrado 36 fosas clandestinas no está resguardado por las autoridades, como afirmó el fiscal; el hallazgo daría esperanza a 16 familias de desaparecidos en la zona, pero las víctimas consideran el anuncio como una burla más del largo historial de engaños de Jorge Winckler

Texto: Miguel Ángel León Carmona 

Fotografías: Alberto Roa

ÚRSULO GALVÁN, VERACRUZ. – Abandonado. Así luce un paraje oculto en la costa veracruzana que esta semana fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como un lugar dedicado al exterminio de personas, con al menos 36 fosas clandestinas.

El predio arenoso, que representa una esperanza para, al menos, 16 familias de desaparecidos desde 2012 en los municipios de Úrsulo Galván y La Antigua, solo es vigilado por aves de rapiña que merodean un área de 30 metros cuadrados.  

El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, argumentó el cumplimiento de protocolos de búsqueda para no revelar la ubicación exacta del nuevo cementerio clandestino localizado en el estado, pero este compromiso se puede contrastar con una mirada: no hay policías que vigilen la entrada del predio, ni cintas amarillas que impidan el acceso a personas ajenas a estas diligencias. 

Las puertas abiertas del ejido El Porvenir, en el municipio de Úrsulo Galván, permiten que las fosas marcadas con troncos y varillas hundidas en el suelo estén al alcance de la fauna nociva (animales carroñeros) y hasta de sicarios que busquen borrar evidencias de crímenes multitudinarios. No hay policías ministeriales ni antropólogos de la fiscalía.

Este jueves, en compañía de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna, Jorge Winckler aseguró que el sitio ya es custodiado por la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano y que allí trabajaban peritos de la procuraduría a su cargo en el embalaje de indicios. 

“El predio que se ha asegurado hasta este momento dentro de la investigación ministerial está siendo delimitado por nuestros peritos especialistas en trabajos de ingeniería topográfica para efecto de establecer los cuadrantes. El área que se ha trabajado es mínima, está asegurada”, sostuvo el fiscal. 

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmaron que la Fiscalía tampoco ha solicitado el resguardo de este lugar, de una extensión equivalente a 10 campos de futbol. 

El cementerio clandestino se ubica en los límites de La Antigua y Úrsulo Galván, a unos seis kilómetros de las Dunas de Chachalacas, una de las zonas turísticas más concurridas en la entidad.

Esperanza para 16 familias

El nuevo hallazgo de al menos 36 fosas clandestinas en la costa central de Veracruz significa una esperanza para al menos 16 familias cuyos hijos, esposos y padres desaparecieron en este territorio a causa de presuntas “barredoras” o crímenes masivos a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

En 55 días -entre el 26 de noviembre de 2012 y el 19 de enero de 2013- un total de 22 personas fueron desaparecidas o asesinadas en La Antigua y Úrsulo Galván, zona conurbada que se ubica a 40 kilómetros del Puerto de Veracruz. Policías, taxistas, estudiantes, bomberos, brigadistas y un reportero se carearon con la muerte, infiltrada entre uniformes azules.

El 11 de enero de 2013, a las 18 horas, ocho policías municipales de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.

Los ocho oficiales -media planilla de dicha corporación- se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De acuerdo con la declaración de un vendedor de cervezas, todos fueron interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal mientras compraban esquites y posteriormente fueron desarmados. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.

Los ocho hombres habían compartido con sus familiares las intenciones de dejar sus empleos, debido al periodo violento que se vivía en esa región ‘gobernada’ por el Cártel de Los Zetas.

El 30 de noviembre de 2012 ocho jóvenes fueron desaparecidos en la comunidad de José Cardel, en La Antigua. Las víctimas se encontraban en las inmediaciones de una cancha de fútbol en la colonia Modelo. Testigos asentados en la recomendación 03/2018 responsabilizaron a elementos del Grupo de Coordinación Veracruz Seguro, comandado por el entonces delegado de la policía estatal, Marcos Conde Hernández.

Hoy, las posibilidades de que alguna de estas víctimas, sumadas a muchas otras en la región costera de Veracruz, sean identificadas y entregadas con sus familiares se pone en riesgo ante la evidencia del abandono del terreno, que fue asegurado por la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Las simulaciones de Jorge Winckler

La FGE acumula casos de simulación en trabajos de búsqueda de fosas clandestinas. Los más recientes se documentaron en los predios de La Gallera, en el municipio de Tihuatlán y en El Arbolillo, en Alvarado. 

El 30 de enero de 2017 integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera presenciaron una diligencia de la Fiscalía de Veracruz en el rancho La Gallera, cuyas coordenadas fueron obtenidas por las víctimas indirectas mediante anónimos.

Las autoridades locales encontraron en el patio de una casa de dos niveles -presuntamente propiedad de la delincuencia organizada- seis cadáveres desmembrados, cinco hombres y una mujer, así como prendas de vestir de unas 20 personas y partes de una camioneta desvalijada con placas del Estado de México. Pese a esos indicios, la autoridad decidió cerrar la diligencia.

Inconformes por la decisión, los familiares solicitaron una nueva autorización a un juez de control y regresaron al rancho el 1 de marzo de 2017, esta vez reforzados con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La diligencia civil fue reveladora, pues en un perímetro ya indagado por la autoridad local, descubrieron un cráneo con las características de un menor de edad y 249 fragmentos óseos, distribuidos en 22 puntos “positivos”.

Ante la presión del colectivo, el 13 de noviembre de 2017 inició una tercera búsqueda en Tihuatlán. En siete días de trabajo, personal de la PGR encontró pedazos de fémur, pelvis, un maxilar, un cráneo y cientos de restos óseos -algunos carbonizados- en un perímetro que ya había sido indagado por la Fiscalía y que cubría un tercio de la propiedad.

El 6 de septiembre de 2018, el fiscal anunció el descubrimiento 32 fosas con –hasta entonces- 166 cráneos, que calificó como “un logro” de la institución que encabeza, apoyado de tecnología de punta que facilitó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. El funcionario no dio la ubicación de ese cementerio clandestino, ni explicó por qué las familias fueron excluidas de la búsqueda.

La fundadora del colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, advirtió que ese predio ya había sido investigado por la Fiscalía veracruzana en marzo de 2017, tras la desaparición de tres elementos de la Secretaría de Marina, en el puerto de Veracruz, el 1 de febrero de ese año.

La declaración de la activista enfureció al gobernador Yunes, quien la calificó de mentirosa. “Es una mentira total de la señora que el hallazgo sea en Arbolillo, forma parte de todo este discurso de mentiras que constantemente trae y da a conocer para sentirse importante, ella opina una cosa y dice hasta los nombres de quienes están ahí prácticamente”, dijo Yunes Linares.

Los días 17 y 18 de septiembre, colectivos de familiares de desaparecidos acudieron a la comunidad de Arbolillo, e ingresaron a supervisar los trabajos de la FGE. Allí confirmaron que se trataba del mismo predio que ya había sido descubierto en marzo de 2017, y que ellas habían solicitado a la autoridad volver a investigarlo, debido a la posibilidad de encontrar más restos humanos.

“Es el mismo lugar de hace un año. Aquí no hay logro de la Fiscalía. Nomás rascaron donde les dijimos. A 150 metros nosotros marcamos con estacas ocho puntos, donde la tierra estaba removida y había envases que no eran propios del lugar. Era obvio que aquí había más de 49 cuerpos”, declaró uno de los familiares.

Aunque Yunes Linares insistió el 23 de septiembre que el hallazgo se registró en la comunidad de Arbolillo, pero no así en la misma fosa, los trabajos de marzo de 2017 concluyeron en la ubicación de ocho fosas y 47 cráneos. Ese decir, ocho fosas y no una, en la misma zona que advirtieron los familiares de desaparecidos.

Estos actos fueron calificados como revictimizantes por Karla Quintana Osuna, cuando laboraba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hoy, desde su cargo como comisionada nacional de Búsqueda, la funcionaria federal participó en las diligencias de Úrsulo Galván, calificadas como una “burla” por madres del colectivo Solecito Veracruz.

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