El asesinato de la médica anestesióloga Masiel Mexia Medina, en la comunidad de San Juanito de la sierra Tarahumara, contradice las garantías de seguridad señaladas por el gobierno mexicano

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: IMSS Chihuahua

El asesinato la mañana de lunes de la anestesióloga del Hospital Rural de Bienestar en San Juanito, Masiel Mexia Medina, ha significado un duro golpe para una comunidad largamente castigada por el crimen y la violencia, y contradice las garantías de seguridad esgrimidas por el gobierno federal que emprendió este año una campaña masiva con el propósito de reducir 44 mil vacantes médicas que existen en el país, sobre todo en regiones incomunicadas y con fuerte presencia de grupos delictivos. 

La profesionista de 38 años fue atacada mientras se hallaba en su vivienda, en una de las colonias dentro del poblado, por un sujeto que previamente se había introducido a otra vivienda, armado y en aparente estado de intoxicación, según relataron testigos a las autoridades. La sede regional de la fiscalía del estado certificó el atentado a las 05:45 horas y ha reducido sus informes posteriores al anuncio de operaciones de búsqueda del presunto homicida.

San Juanito es el poblado con mayor población de la sierra Tarahumara y como tal opera el centro hospitalario que atiende no solo a los habitantes del municipio de Bocoyna, sino a otras comunidades del vecino Urique, en donde el 20 de junio fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un joven que fungió de ampayer en un juego de béisbol que, de acuerdo con autoridades de Chihuahua, habría desatado la ira del supuesto autor de los ataques, José Noriel Portillo, el Chueco, aun prófugo.

La muerte de la anestesióloga ocurre en un momento en el que fuerzas estatales, militares y Guardia Nacional tomaron posesión de ese corredor en busca del Chueco y con ello no se ha logrado sino la sensación de desamparo. 

“Es algo terrible lo que sucede. Lo único que puedo decir es que en el pueblo tenemos mucho miedo de hablar. Es mucha la inseguridad que vivimos no solo en San Juanito, sino en toda la región. Aquí, por ejemplo, no contamos con la policía municipal ni con tránsito porque hace como cuatro años que los están matando. Y de la policía estatal tampoco podemos decir que son una ayuda, porque nunca están”.

«Bertha», una de las residentes del poblado que aceptó hablar bajo anonimato.

Los delincuentes, añade, se encuentran dentro y fuera de San Juanito, en asedio constante. Ella, por ejemplo, hace unos cuatro años fue despojada de su automóvil por cuatro sujetos armados, tres de ellos con el rostro cubierto, provisto con fusiles y trajes de campaña. El que parecía comandar el asalto, era un tipo vestido con ropas vaqueras y el rostro descubierto. “Lo mismo ha pasado a muchas y muchos de los habitantes de aquí y de los alrededores. Lo hemos denunciado muchas veces y la respuesta ha sido siempre la misma: un vacío”.

San Juanito ha vivido oprimido por criminales desde hace años. El nivel de violencia y de operaciones armadas de ejércitos ilegales aumentaron en años recientes a partir de la tala. A mayor presencia delictiva, mayor también el consumo de drogas sintéticas, la pandemia que arrasa en la Tarahumara desde hace más de una década. “Es muy triste ver los bosques devastados, la tala ilegal que nadie frena… nadie, porque todos están coludidos”, dice la residente.

Ese nivel de violencia impune ha provocado el abandono permanente de personal médico a partir, sobre todo, de 2008, luego que Felipe Calderón militarizó el supuesto ataque en contra de los grupos dedicados al tráfico de drogas y narcóticos. Si bien los municipios de la sierra han sido los más castigados por la ausencia de médicos especialistas, el fenómeno se extiende hasta la principal ciudad del estado, Ciudad Juárez. 

En 2009, ese punto fronterizo vio un éxodo de médicos que no tenía precedente en el país. Los profesionistas fueron víctimas de extorsión secuestro y asesinato mientras la seguridad pública estaba a cargo de la desaparecida Policía Federal. Los médicos responsabilizaron justo a los elementos de la corporación de estar implicados en los ataques. Nadie fue investigado ni procesado, a pesar también de que una revuelta interna terminó en señalamientos públicos entre policías y oficiales de alto rango.

“El asesinato de esta doctora es una tragedia que enlutece nuevamente al gremio médico y pone de manifiesto la grave presencia de violencia en nuestro estado”, dice la doctora Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, un frente que surgió justo en el contexto de los secuestros y asesinatos de los profesionales de la salud en plena “guerra” contra el narco. “La sierra de Chihuahua es una tierra sin ley, que cobra vidas en total impunidad como hemos visto en días recientes, con el asesinato de los sacerdotes y ahora con el de la doctora”.

Chavarría recordó la muerte, el 15 de julio de 2010, del médico José Guillermo Ortiz Collazo, durante el atentado con un coche bomba que mató también a un par de oficiales de policía, en aquella frontera. 

“La violencia continúa y seguimos en medio de un círculo de muerte e impunidad en donde la injusticia permanece y parece que llegó para quedarse. En estas condiciones es imposible ejercer la profesión en zonas así, sin ley, porque se carece de cuerpos policiales que la hagan valer. El dolor, la indignación y el coraje son sentimientos que hoy envuelven a todo el sector salud”.

Doctora Leticia Chavarría

Las condiciones descritas por la doctora Chavarría son, efectivamente, añejas. En 1994 una doctora quien pidió reservar su identidad debió realizar su trabajo social en un centro médico de la comunidad de Cieneguita de Trejo, en Urique. 

“Un individuo entró a mi centro de salud por la noche”, cuenta. “Yo logré salir por una ventana trasera y una enfermera que vivía en la comunidad me dio refugio. Reporté lo sucedido ante las autoridades y solo me cambiaron de comunidad. Mis superiores a su vez me dijeron que eso mismo les había sucedido a ellos, pero que no había problema. La inseguridad existe en la zona desde hace mucho tiempo y a pesar de ello no se actúa y se sigue enviando a médicos sin ninguna protección”.

La doctora es jefa de unidad en un hospital de especialidades en la Ciudad de Chihuahua, sostuvo un encuentro el lunes con otros colegas del área. El asesinato les conmovió, además de indignarles. “Las autoridades no prestan atención al riesgo tan elevado de realizar un servicio social en zonas incomunicadas, lejanas y sobre todo violentas”, dice. 

La Fiscalía del Estado emitió este mismo martes un comunicado de prensa en el que informó de la aparición de un sujeto atado a un poste, dentro del mismo municipio. Estaba severamente golpeado y con un fusil Ak-47 al lado de una cartulina con un mensaje escrito: “Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una muchacha”.

La autoridad se reservó la identidad del individuo y solo dijo que se encuentra hospitalizado. No aclara si coincide con las características aportadas por testigos del crimen.