Ocho mujeres fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco tras tener un aborto espontáneo o parto fortuito en Yucatán entre el 2005 y el 2021. Cuatro de ellas, las mayores de 18 años, tuvieron que enfrentar un proceso penal por un delito que se castiga hasta con 40 años de cárcel