Las autoridades pretenden construir un cuarto muelle de gran calado para cruceros en Cozumel. Esto pone en riesgo a la segunda barrera de coral más grande del mundo. Si el coral muere, además de las afectaciones catastróficas a la ecología, ¿a qué vendrían esos cruceros si ya no hay arrecife que disfrutar?

Texto: Heriberto Paredes y Miriam Moreno

Fotos: Heriberto Paredes

COZUMEL.- “Esto no es más que un pago de favores, es un asunto empresarial y político. Las familias que integran este proyecto de una inversión de más de 355 millones de pesos, que son de la federación, no de capital empresarial, fue asignado para la recuperación económica de ciertos lugares, según explicó el presidente de la República, a raíz de la pandemia para ayudar a ciertos lugares.  [Pero] esos proyectos de recuperación económica jamás fueron consultados con la comunidad, con las comunidades, y éstas no tienen idea de lo que les está ocurriendo. Desde ahí se anunció que se desarrollaría un cuarto muelle en la isla de Cozumel”. Así lo explica Noemí Guadalupe Martín, fundadora y presidenta de Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel A.C. (CIMAC) ante la insistencia de construir un cuarto muelle de gran calado, con una longitud de 800 metros y una inversión total de 511 millones de pesos, así como la utilización de 11 hectáreas para servicios complementarios.

La isla de Cozumel es la segunda isla habitada más grande de México. Cuenta con 478 Km2 y ahí viven poco más de 88 mil personas, mayoritariamente en la cabecera municipal, San Miguel Cozumel. Esta isla, además de contar con paisajes que podrían ser la inspiración de muchos pintores, es mundialmente conocida por la abundancia de biodiversidad marina que albergan sus arrecifes de coral presentes en distintos puntos de sus costas y parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el arrecife transfronterizo más grande del mundo.

Iniciando en el norte del estado de Quintana Roo y terminando en las costas hondureñas, este conjunto de arrecifes coralinos está constituido por formaciones centenarias que proveen diversos beneficios para la humanidad, también conocidos como servicios ambientales. Los corales, una particular simbiosis entre animal y microalgas, son excelentes aliados para combatir la crisis climática más importante de nuestra era. 

Entre las bondades que brindan los arrecifes de coral se encuentran la protección de las costas frente a fenómenos naturales como los huracanes, las corrientes, el oleaje y la erosión; el refugio que brindan a especies de alto valor ecosistémico y comercial, la purificación del agua y el aire y la contención de dióxido de carbono. Todos estos “servicios” benefician no sólo a la población caribeña, sino al planeta entero. Asimismo, la muerte de la segunda barrera de coral más grande del mundo implicaría una pérdida y una afectación a escala planetaria.

A los beneficios se suma el atractivo para la creciente industria de la observación a través de actividades como el snorkeling y el buceo, una de las más importantes economías en la isla de Cozumel en particular y en el Caribe mexicano en general.

De manera silenciosa, y a la vez evidente, el coral es el sensible sostén de los atractivos turísticos del Caribe cozumeleño; así como el protagonista de una historia de destrucción que podría no sólo dejar afectaciones irreversibles a la naturaleza, sino que esto conllevaría acabar con la economía local que depende de ecosistemas sumamente frágiles.

En palabras de Maricarmen García, funcionaria de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas:

“Muriéndose el arrecife nos movemos a fuerzas”, refiriéndose a la vulnerabilidad costera de la región. 

Esta historia se cuenta desde tres perspectivas principales: desde adentro de un gran crucero internacional, desde el día a día de las personas que se muestran interesadas en conservar los recursos naturales de la isla y la región y desde quienes han comprado el discurso de que mayor cantidad de visitantes significa una mejor economía; la experiencia de la propia isla da cuenta de que esta última es una narrativa caduca.

Arriba del crucero es difícil asomarse a lo que hay abajo, por eso las empresas que manejan estas enormes moles flotantes se empeñan en reproducir lo que, creen, es el lugar en el que se estacionan brevemente. Al llegar a los muelles especializados (como pretenden que sea el cuarto muelle), de los cuales hay hasta ahora tres en la isla, se reproducen estereotipos usando mariachis, burros de plástico, bailarines con atuendos de “culturas ancestrales”, sombreros gigantes y tequila en una atmósfera de centro comercial reluciente y con un buen puñado de elementos de seguridad privada. Todo es la falsa imagen de un país que no existe; tal y como se le pinta al turismo de masas.

Lo que sí hay en estos lugares son, por un lado, personas trabajadoras que luchan día con día para sobrevivir en medio de una economía ralentizada por la pandemia; por el otro, la desigualdad social y la destrucción de la naturaleza. Cada muelle construido en las costas de Cozumel implica afectaciones irreparables que van mucho más allá del sitio en el que se construyen; e impactan de manera particular los arrecifes de coral. Y, sin embargo, todo esto se gestó en nombre del –aparente– derecho que tiene el mundo de venir a tomarse unas fotos con un fondo falso lleno de dibujos de… coral. 

Afectaciones directas a los arrecifes de coral

“Lo que desconcierta es que sea el Estado mexicano el mayor promovente de proyectos insostenibles”, comenta el investigador Lorenzo Álvarez Filip, Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM, quien lleva más de dieciséis años documentando la complejidad de los arrecifes de coral en el Caribe mexicano.

Entre los daños que se le ocasionarían a la vida marina están la pérdida y fragmentación del hábitat, las afectaciones a la ya deficiente calidad del agua, el cambio de corrientes y la proliferación de sedimentos que terminan por asfixiar a los corales, mismos que actualmente se encuentran en estado crítico tras la llegada en 2018 del Síndrome Blanco o Pérdida del Tejido Coralino (en inglés Stony Coral Tissue Loss Disease), una enfermedad proveniente de Florida que durante los últimos tres años ha matado a la mitad de los corales constructores de arrecife. Varias investigaciones académicas coinciden con que uno de los principales sospechosos en la dispersión de esta fatal enfermedad son, precisamente, los megacruceros. 

Detrás del proyecto del muelle también está la disputa entre, al menos, dos modelos de turismo: aquel de masas, que opta por la construcción de infraestructura que facilite la atracción de millones de turistas en serie a la vez que elimina las incomodidades propias del entorno caribeño a toda costa; en contraparte, tanto miembros de la academia como de la sociedad civil coinciden en la necesidad de impulsar un turismo sustentable, a menor escala, que no signifique la contaminación y destrucción de la naturaleza. Ponen sobre la mesa una profunda crítica a la economía de la dependencia y las problemáticas derivadas de este modelo extractivo.

Entramado político

Miembros de la familia Joaquín (una de las familias más influyentes de Quintana Roo), específicamente Carlos Joaquín González y Pedro Joaquín Delbouis; son señalados como dos de los responsables de impulsar la presunta política de recuperación del gobierno federal y con ello pagar ciertos favores políticos que adeudaban desde sus campañas para ocupar la gubernatura y la alcaldía de Cozumel, respectivamente, según fuentes que prefieren mantener su identidad anónima por temor a represalias.

Sin consulta previa y sin un análisis adecuado de lo que se puede perder al construir una obra de grandes proporciones para recibir cruceros y embarcaciones de este calado, la alianza económica y política no es nueva en la región del caribe continental y va más allá de las alianzas que se pueden establecer a nivel estatal. Basta revisar las rutas de una de las empresas de cruceros, Princess Cruises: Bahamas, México, Belice y Honduras.

Exceptuando Bahamas, en el resto de los países del caribe continental (que incluyen las rutas de los arrecifes de coral y las mejores aguas para bucear), existen escándalos que involucran la protección de intereses, en ocasiones privados y en otras pertenecientes a la clase política que utiliza fondos públicos. En años recientes, por ejemplo, en las costas de las islas hondureñas de Roatán y Utila, otro paraíso para bucear y apreciar los arrecifes y especies de fauna que ahí viven, estuvo en el ojo de la opinión pública a raíz de la implementación de lo que se conoce como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), una suerte de ciudades con la posibilidad de implementar cualquier proyecto en beneficio de la clase política que sea asignada sin que haya consulta sobre los efectos nocivos para la naturaleza o para los habitantes.

Algo similar, al menos en intenciones, ocurre en la llamada Riviera Maya. 

Fue el anterior presidente municipal, Pedro Joaquín, quien llevó el proyecto de cuarto muelle al ámbito local, anunciando las intenciones de desarrollar el proyecto en la zona de Villablanca, uno de los pocos accesos públicos que quedan para el disfrute de la comunidad cozumeleña y que se encuentra justo frente a un condominio de nombre Palmar, un edificio de lujo para renta y venta de departamentos que anuncia sus precios en dólares.

A pesar de albergar un buen número de especies de fauna protegidas, este espacio está “libre” de protección federal, ya que se encuentra justo en la zona de transición entre el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y la Zona de Protección de Flora y Fauna. Aunado a esto, el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cozumel fue reestructurado en 2021 y reúne otros reglamentos para centralizar los permisos necesarios para todo tipo de obras: «El PDU es un documento que junta tres instrumentos locales: el Reglamento de Ecología, el Reglamento de Salud Urbana y el POEL [Programa de Reordenamiento Ecológico Local], esos tres reglamentos los unió en un sólo documento, dándole así el 100% de la decisión de un hombre [Pedro Joaquín, el anterior presidente municipal] para decidir qué se hace y qué no se hace […] Todo se puede hacer aquí, esto fue aprobado en 2021», comenta Guadalupe.

Para Álvarez Filip, no estamos hablando de un gran arrecife conectado y evidente como otros que hay en Cozumel, sino que se trata de un sitio donde los organismos coralinos –muchos de ellos sujetos a protección especial por la Norma Oficial Mexicana–, se encuentran esparcidos en un radio amplio y cumplen funciones ecosistémicas de suma importancia.

“A la hora de estar construyendo –insiste el académico– pueden generarse materiales y sedimentos que generan impactos a mediana escala, no sólo en donde se llevan a cabo sino varios metros más allá, grandes cantidades de sedimento, el dragado es muy peligroso, vamos a ver modificaciones a escala local de flujo de corrientes y cuando empiecen a llegar los cruceros habrá más problemas. Es degradar los recursos naturales de la isla”.

Reacción ciudadana y organizada ante el muelle

El proyecto se anunció informalmente en 2018, pero fue hasta los últimos meses de gobierno de Joaquín Delbuois que se publicó el proyecto en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en mayo del 2021, tiempo después de la aprobación del nuevo PDU. Ante esta publicación oficial, organizaciones medioambientales, investigadores y activistas alzaron la voz, y fue gracias a la activación social que se logró someter la iniciativa de proyecto a consulta pública. 

Haciendo uso del derecho a la información a través de la consulta pública, se tuvo tuvo acceso a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Muelles del Caribe S.A de C.V., empresa promovente del proyecto y cuyo representante legal es José Enrique Molina Cáceres, perteneciente a una de las familias más poderosas de la península de Yucatán. 

Al corroborar que la MIA estaba plagada de irregularidades (omite incluir especies protegidas ubicadas en el sitio, incluye fauna que no habita la isla, no proporcionan las coordenadas del sitio, no contemplan un protocolo de contingencia ambiental y otras faltas graves a distintas leyes), desde abril del 2021 miembros de la comunidad cozumeleña emprendieron varias acciones de resistencia: desde manifestaciones en el espacio público y la organización de una bitácora fotográfica comunitaria, que ayudara a evidenciar las especies que realmente habitan la zona donde se pretende construir el cuarto muelle, y hasta la publicación de comentarios técnicos realizados directamente en la consulta pública. 

A pesar de los cientos de comentarios negativos, tanto de la ciudadanía en general, como de instituciones académicas y federales como la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Semarnat anunció la aprobación del proyecto el 12 de diciembre del 2021. Además de las protestas iniciales, ciudadanas y ciudadanos cozumeleños recurrieron a una demanda de amparo, interpuesta con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización que «defiende el medio ambiente basado en los derechos humanos», tal y como menciona Aron Siller, técnico de la misma.

El pasado 25 de enero de 2022, el amparo presentado fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito, ubicado en la ciudad de Cancún. El recurso jurídico señala que el proyecto de muelle incumple disposiciones al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, así como a los artículos 1, 4, 6 y 8 de la Constitución mexicana

Actualmente, las y los ciudadanos organizados, recibieron la notificación de la no suspensión provisional que obligue a la Semarnat a prohibir cualquier tipo de actividad en el área donde se proyecta la construcción del cuarto muelle, así como a explicar las omisiones que tuvieron varias de sus direcciones durante el proceso de consulta y aprobación del proyecto promovido por Muelles del Caribe S.A. de C.V. 

A la par de las acciones legales, organizaciones medioambientales, miembros de la comunidad empresarial y ciudadanía en general se han involucrado en diversas formas de protesta, entre las cuales figuran acciones subacuáticas, rodadas informativas, recabación de firmas para someter el proyecto a consulta popular, intervenciones artísticas en el espacio público y otras manifestaciones pacíficas promovidas por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil. Herederos de anteriores movilizaciones en defensa de la naturaleza, estas acciones nutren la rica historia de esta región caribeña, de la cual habrá que conocer sus detalles.