La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a desplegar el máximo de sus esfuerzos para determinar judicialmente la posible participación de agentes de las fuerzas militares y policiales en los hechos de Iguala y a fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales en la investigación

Texto: Kau Sirenio

Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) sobre la supervisión a la medida cautelar otorgada a favor de 43 estudiantes de la escuela normal rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa y critica a las irregularidades cometidas en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia.

Además de que le preocupa la independencia de la investigación a raíz de la intervención de la Fiscalía General de la República a la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA)

Para la CIDH los obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, en especial las instituciones de seguridad y militares. Señala que el Estado no ha logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos. 

Las comisionadas de la CIDH manifestaron que la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el trabajo de la UEILCA, en la judicialización de un exprocurador Murillo Karam, y la cancelación de 21 órdenes de captura en contra elementos de las fuerzas armadas del Estado mexicano, así como a funcionarios estatales que tenían cargos públicos en Guerrero en el momento de los hechos de Iguala, Guerrero, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia. 

Cuestionaron que la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente habría derivado en la dimisión del titular de la UEILCA y de varias personas agentes ministeriales lo que implica un retroceso respecto del conocimiento adquirido sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso.

“Urge la adopción de medidas para reencauzar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos”.

La presidenta de la CIDH dijo ante los padres de las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que en cuanto a la búsqueda: “La Comisión valora que el Estado haya desplegando un esfuerzos sin precedentes para mantener una operación activa y continua de la búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero, y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias”. 

El documento concentra el monitoreo a las acciones realizadas por México a partir de diciembre de 2018 en relación a la investigación de los hechos; la búsqueda y esclarecimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos; las medidas adoptadas para la atención a las víctimas y sus familiares, así como las medidas estructurales de no repetición.

“Se destaca que las acusaciones involucran delitos por graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas”.

El informe fue elaborado a través del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva instalado en México hasta febrero de 2022. De acuerdo con los planes de trabajo del Mecanismo Especial, la CIDH explicó que realizó jornadas de revisión de expedientes de investigación y judiciales de las causas penales relacionadas con la desaparición forzada de los normalistas.

“Se recibió y analizó piezas procesales judiciales remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal sobre procesos penales vinculados al caso, y participó en audiencias judiciales y diligencias de búsqueda forense”.

De acuerdo con las comisionadas que estuvieron en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidros Burgos de Ayotzinapa, la información se obtuvo en las distintas sesiones de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), así como en las reuniones con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). 

Las reuniones de seguimiento con diversas autoridades estatales, y en espacios de coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de desaparición de personas. Asimismo, el informe da cuenta de información obtenida en el marco de sus visitas oficiales y de trabajo, reuniones de trabajo en los períodos de sesiones de la CIDH, y solicitudes de información al Estado, entre otras fuentes de información.

“A partir de 2019, la CIDH observó avances en la atención del caso Ayotzinapa como resultado de la creación de institucionalidad especializada y la incorporación de la participación de las víctimas y sus representantes legales en las medidas estatales relacionadas con el presente asunto. La instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha tenido un impacto positivo para el restablecimiento de canales de interlocución y coordinación entre las familias y las autoridades involucradas en el caso. En estos términos, resulta importante que el Estado mantenga y fortalezca este modelo desde un enfoque de centralidad en las víctimas en el que la comunicación con las familias y sus representantes sea consistente y constante en todos los procesos que se desarrollan en el tiempo”, se lee en el documento.

Destaca que el establecimiento de la UEILCA permitió la concentración de las investigaciones en un órgano fiscal y el conocimiento especializado en las indagaciones y procesos penales vinculados a los hechos del caso de Iguala. Así como la vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Sobre la localización de fragmentos óseos y posterior identificación genética positiva de los estudiantes Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz la CIDH señala que representa un avance y debe profundizarse para el esclarecimiento de los hechos y del posible destino final de los estudiantes.

“No obstante, a ocho años de los graves sucesos, México aún mantiene su obligación de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.

Sobre la atención a las víctimas, el informe plantea que el Estado concentre sus esfuerzos para otorgar medidas y el establecimiento de una ruta de trabajo para la atención médica y de salud a las personas que han sido reconocidas como víctimas en el caso Ayotzinapa.

“La ausencia de un plan integral de atención a las víctimas ha generado desfases o atrasos en los esquemas de atención médica y de salud, así como dificultades para evaluar los avances en la materia”.

La CIDH reconoció los esfuerzos para la creación de institucionalidad especializada, instrumentos normativos y herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero, dijo, aún existen desafíos para la implementación de la Ley General de Desaparición. Así como la demora en la puesta en marcha de determinadas herramientas tecnológicas en materia de identificación forense a cargo de la FGR lo que representa un reto para adelantar investigaciones con debida diligencia e impulsar búsquedas efectivas.

Las conclusiones, en relación a la investigación de la desaparición forzada, el establecimiento del paradero de los 43 normalistas desaparecidos, el fortalecimiento de la atención a las víctimas, así como la superación de los contextos estructurales en el país que dieron lugar a la desaparición de los estudiantes en un primer momento. 

Los importantes esfuerzos del Estado dirigidos hacia el esclarecimiento del caso Ayotzinapa deben verse reflejados en procesos judiciales, substanciados bajo las reglas del debido proceso, que permitan la sanción de responsables a través de sentencias firmes.

“En ese sentido, es urgente que el Estado despliegue el máximo de sus esfuerzos para determinar judicialmente la posible participación de agentes de las fuerzas militares y policiales en connivencia con grupos criminales en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió dichos sucesos y su ocultamiento”. 

La CIDH recomienda determinar responsabilidades de los agentes estatales que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia.

“En particular, México debe redoblar sus esfuerzos a fin de establecer a la brevedad el paradero o destino final de los 43 estudiantes desaparecidos a fin de brindar una respuesta satisfactoria a sus familias sobre lo sucedido».

El organismo destacó que el Mecanismo Especial ha dado seguimiento a la medida cautelar MC/409/14 y a las recomendaciones del GIEI emitidas en sus informes de 2015 y 2016, como resultado la Comisión publicó un informe de balance y un informe final sobre los avances y desafíos sobre el caso lo que llevó a formular nuevas recomendaciones. 

“A ocho años de los hechos, la CIDH reafirma su compromiso y solidaridad con las víctimas y sus familiares en su lucha por verdad y justicia, a quienes seguirá acompañando. Asimismo, continuará desplegando todos sus esfuerzos institucionales, en el marco de su mandato, para dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones y al cumplimiento de la medida cautelar 409/14, hasta que se determine el paradero de los 43 estudiantes y se conozca la verdad de los hechos”.