Por: La Verdad

Con 18 personas asesinadas por defender sus tierras o los derechos de sus comunidades, Chihuahua aparece en el Top Ten de las entidades más peligrosas para defensores; sólo es superado por Guerrero y Oaxaca, reporta la Red TDT. Nueve de esos homicidios se registraron en los últimos cuatro años del sexenio de César Duarte; los otros nueve, en los dos años trascurridos del gobierno de Javier Corral.

CIUDAD JUÁREZ.- Defendieron su territorio y los derechos de sus comunidades hasta que los mataron. Dieciocho personas defensoras fueron asesinadas en los último seis años en el estado de Chihuahua.

Ante este panorama, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), en su informe “Desde la memoria… la esperanza”, colocó a Chihuahua como el tercer estado más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos en México, sólo por debajo de Guerrero y Oaxaca.

La agrupación, integrada por 87 organizaciones –seis de ellas con sede en la entidad– documentó en el estado 17 homicidios desde el 1 de diciembre del 2012 al 31 de octubre del 2018, periodo que coincide con los últimos cuatro años del sexenio del priísta César Duarte y del primeros dos del panista de Javier Corral.

En esa lista de la Red TDT aparece Jaime Zubía Cevallo, Socorro Ayala Ramos, Irireo Meza, Alberto Almeida, Crescencio Molina, Víctor Carrillo, Valentín Carrillo Palma, Elpidio Torres Molina, Guadalupe Carrillo Polanco. Todos asesinados durante el gobierno de Duarte.

Las víctimas ocurridas en lo que va del sexenio de Corral documentadas por esta agrupación son: Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Miroslava Breach Velducea, Alberto Quiñonez Carrillo, Ramón Hernández Nevárez, Anselmo Hernández Andujo, Francisco Chaparro Carrillo y Juan Carrillo Martínez.

A los 17 casos contemplados en el informe de la Red TDT se suma el de Joaquín Díaz Morales, jefe de la brigada de incendios y defensor de los bosques en Tule y Portugal, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuyo homicidio trascendió a finales de octubre pasado, pero que fue confirmado por la Fiscalía General del Estado.

En total suman 18 los defensores asesinados entre los que se encuentran activistas, periodistas o personas con acciones en defensa del territorio o los bienes de sus comunidades.

La agrupación menciona que gran parte de los asesinatos de

personas defensoras que documenta en el estado han sido en la Sierra Tarahumara, o bien, a causa de la defensa del territorio y los bienes comunes del pueblo indígena rarámuri, que la ha habitado ancestralmente.

Por ello, agrega, es particularmente preocupante que, de los defensores asesinados, 13 eran rarámuri, todos hombres y algunos de los cuales se encontraban ejerciendo como autoridades comunitarias, espacio a partir del cual defendían su tierra y territorio.

Exterminan a familia defensora de la Sierra

Entre los casos de Chihuahua, la Red TDT destaca el de Julián Carrillo Martínez, un líder rarámuri, defensor de la tierra y el territorio de la comunidad Coloradas de la Virgen, del municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. A él lo mataron el pasado 24 de octubre, luego de sufrir el asesinato de cuatro integrantes de su familia en el 2016 y 2017.

De acuerdo con el reporte, Julián había abandonada su comunidad tras el asesinato de su yerno, Francisco Chaparro, en julio de 2018.

De esa situación se alertó tanto a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua como al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, de cuyas medidas de protección era beneficiario, menciona.

Otros familiares de Julián que también fueron asesinados por su activismo y labor de denuncia son su hijo Víctor Carrillo (febrero de 2016), así como sus sobrinos Guadalupe Carrillo (julio de 2016) y Alberto Quiñones (septiembre de 2017).

A tres meses de que salió de su comunidad, Julián regresó por la muerte de su hija, debido a complicaciones de post-parto. En su última llamada, decía que había sicarios persiguiéndolo. Hallaron su cuerpo poco tiempo después.

En 4 estados, el 67% de asesinatos de defensores

A nivel nacional, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” documentó los casos de 159 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas “ejecutados extrajudicialmente” o asesinados como consecuencia de su labor de defensa, en el periodo de diciembre de 2012 a octubre de 2018.

En su informe, dado a conocer en el marco del fin del sexenio de Enrique Peña Nieto y el inició del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, explica que se tomaron en cuenta dos condiciones fundamentales para incorporar personas en esta documentación: que su trabajo efectivamente esté enfocado en la defensa de cualquier derecho humano y que existan evidencias para considerar que fueron asesinadas a causa de esta labor.

Precisa que por considerar que la labor periodística constituye la defensa de otros derechos humanos, incorporaron también a algunas personas periodistas y/o comunicadores.

En su documento menciona que los estados más peligrosos para quienes defienden derechos humanos son encabezados por Guerrero con 44 (28%) personas asesinadas, Oaxaca con 32 (20%), Chihuahua con 17 (11%) y Chiapas con 12 (8%). Tan sólo estas cuatro entidades concentran el 67% de los asesinatos.

El organismo alerta que ve con preocupación que durante los últimos seis años aumentó la criminalización de la protesta y del derecho a defender derechos humanos, mediante diversos mecanismos, como la judicialización de personas defensoras y periodistas, la reiterada y cada vez mayor y más agresiva represión en manifestaciones y protestas públicas, el uso de medios de comunicación y difusión para desprestigiar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y manifestantes, así como el uso de las nuevas tecnologías (software espía) para vigilar y espiar a personas defensoras y periodistas y la restricción de la protesta social por la vía legislativa.

Aún ante este panorama, destaca que, ante el agudizamiento de la violencia y la desigualdad, y un avasallamiento de proyectos de despojo de todo tipo, han emergido actores sociales con una fuerza renovada y alentadora. Se encuentran en las ciudades, comunidades indígenas, en zonas rurales y fronterizas, donde, a través de manifestaciones diversas, están librando una batalla continua, exigiendo el reconocimiento, vigencia y respeto de sus derechos humanos y los de terceros.

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