Esta semana el presidente Enrique Peña Nieto anunció 4 nuevas áreas naturales protegidas, la “máxima superficie que nunca se haya decretado”. Lo que pareció una decisión de responsabilidad ambiental es una historia de despojo en Chiapas, donde comunidades originarias de la selva serán desplazadas. Desde la selva de Chiapas, los pobladores se preparan para dar la batalla: “ Lo que le decimos a los empresarios y al gobierno que se reúnen (en la COP 13) es que nosotros los indígenas somos los que cuidamos nuestro territorio”.

Texto: Ángeles Mariscal, en Chiapas, y Marlen Castro, en Cancún

Fotos: Ángeles Mariscal y Noé Pineda

SELVA LACANDONA, CHIAPAS.- Llegar desde Tuxtla Gutiérrez a la zona de las Cañadas de Ocosingo, en el corazón de la selva Lacandona, lleva 12 horas de viaje en caminos de terracería y brechas. Para los habitantes de esta zona, pasar de una comunidad a otra implica, la mayoría de las veces, atravesar montañas caminado entre cuatro y ocho horas, rodeados de una vegetación espesa, del ruido de cientos de pájaros que llegan a ensordecer, y del agua que corre majestuosa por los ríos Jataté y Usumacinta.

Este territorio alberga dos de cada diez especies de la flora y fauna existentes en el país, que van desde árboles maderables y otras plantas con importancia económica; y animales emblemáticos, algunos en peligro de extinción. La selva almacena la tercera parte del agua dulce que hay en México, y su subsuelo contiene una incalculable riqueza mineral -oro, plata, hierro, entre otros-, además de yacimientos importantes de petróleo y gas.

Los pobladores de aquí son herederos de la cultura maya. Indígenas de las etnias tzeltal, tsotsil, chol y lacandón, empezaron a poblarla desde mediados del siglo pasado; pero entre 1822 y 1920, empresas internacionales talaron millones de árboles de cedro y caoba. El propio gobierno federal creó su propia empresa maderera en la zona en 1972 “Corporación Forestal de la Selva Lacandona” (Cofolasa).

Seis años más tarde el gobierno mexicano decretó la zona dañada por la tala como Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (RIBMA) con 331 mil 200 hectáreas “protegidas”. Las compañías se fueron y los indígenas de la zona fueron llamados enemigos de la selva. Entonces empezó la lucha de miles de indígenas mayas para que les reconozca la propiedad de la tierra como suya, un derecho del que legalmente quedaron excluidos.

Hoy, los indígenas siguen en lucha, mientras el gobierno los culpa de que la riqueza biológica de la región se está perdiendo por su presencia en la selva Lacandona.

Esa es la historia que hubo antes de esta historia:

El 5 de diciembre, luego de inaugurar la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se realiza en Cancún (COP13), el presidente Enrique Peña Nieto visitó de manera inesperada la zona de la Lacandona y anunció la creación de 4 nuevas áreas naturales protegidas, lo que en los medios se reprodujo como la “máxima superficie que nunca se haya decretado” para proteger la región.

De acuerdo a la oficina de la Presidencia, en ese evento instruyó a las dependencias de gobierno a “evitar la regularización de asentamientos irregulares”, como se considera a poblados de indígenas que, pese a tener más de cuatro generaciones en la región, no se les otorgado el derecho a su legal estancia. Es el caso de las comunidades de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, que según la propuesta serán acercados a “diversos modelos de desarrollo y producción”. En ningún lugar dice a dónde serían reubicados y tampoco la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas propone cuáles son los modelos de desarrollo y producción.

En el ejido Amador Hernández, un poblado emblemático por la lucha que desde mediados del siglo pasado emprendieron sus habitantes por el reconocimiento de sus derechos, nadie supo de la visita del presidente. En ese poblado un millar de indígenas se reunieron en lo que llamaron “Primer foro regional sobre la defensa de la tierra, vida y territorio y contra la Gendarmería Ambiental”.

Al lugar llegaron habitantes de los poblados Galilea, Benito Juárez, Pichucalco, Chapultepec, Candelaria, San Gregorio, Betania, Santa Lucia, Nueva Ibarra, San Jacinto, San Francisco, San Salvador, Israel y Barrio Guadalupe.

La reunión inició temprano por la mañana. Cientos de indígenas se colocaron en los cuatro puntos cardinales del lugar, portando banderas religiosas, la de México, y pancartas con sus demandas, en una mezcla de rituales indígenas y de la religión católica; porque aquí, en esta zona indígena de Chiapas, la interpretación de la Biblia se da de cara a la reivindicación y la lucha de los derechos de los pueblos.

Luego, entre el aroma del incienso, representantes de cada una de las comunidades habló largamente sobre estos temas, y sobre su derecho a la tierra.

“Hemos trabajado en el reconocimiento de nuestras tradiciones para que nosotros mismos nos reconozcamos quiénes somos y dónde estamos. Esa es la palabra que se ha valorado y sentido fuerte en nuestras comunidades. El motivo de esta reunión es porque están reunidos los grandes ricos en Cancún”, sostuvo Abelardo Cruz Jiménez, indígena tseltal líder comunitario del ejido Amador Hernández.

“Lo que le decimos a los empresarios y al gobierno que se reúnen (en la COP 13) es que nosotros los indígenas somos los que cuidamos nuestro territorio, aquí han muerto nuestros ancestros y esta nuestra herencia maya. Nosotros aquí nacimos y aquí vamos a morir”, dijo el líder comunitario.

“No necesitamos extraños que nos vengan a cuidar”

 Un día después de su visita, el presidente emitió el decretó donde establece a la Lacandona como “zonas de salvaguarda” de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, pero no excluye a la industria minera ni señala nada respecto a la vigencia de los proyectos para la construcción de represas e hidroeléctricas.

En el ejido Amador Hernández, los indígenas tseltales debatieron durante todo un día los proyectos gubernamentales para imponer en la zona a los cuerpos de la Gendarmería Ambiental, entrenados por el Ejército Mexicano para en áreas naturales protegidas como la selva Lacandona.

“El motivo de este foro es para manifestar nuestro rechazo a la Gendarmería Ambiental que se intenta establecer en nuestro territorio, supuestamente para el cuidado de nuestra tierra. Nosotros como indígenas no estamos de acuerdo con esta decisión porque nosotros no necesitamos que otros extraños nos vengan a cuidar”, dijo Álvaro Ruíz Jiménez, también habitante de Amador Hernández

“Rechazamos la Gendarmería Ambiental porque nosotros somos los que cuidamos nuestra tierra, aquí no necesitamos nada, todo lo tenemos. Nosotros aquí nacimos, nuestros abuelos aquí nacieron. Nuestros hijos y sus familias también aquí van a vivir, y aquí vamos a morir”, dijo Rosa Gómez Jiménez, originaria del ejido Pichucalco

“Mi padre trabaja la tierra, de ahí comemos, de ahí vivimos. Estamos en el Foro defendiendo la tierra que Dios nos ha dado, porque está tierra no es que el gobierno nos la dio”, añadió Juana Gómez Sánchez.

Los habitantes de estas tierras hicieron un pronunciamiento final, en el que subrayaron que el calentamiento global y la contaminación surge de las ciudades y sus industrias, “que producen de manera irracional”.

Contrario a ello –señalaron- las actividades productivas que se realizan en la Lacandona, “obedecen a una mera necesidad de subsistencia”. Por ello, crearon un frente “por la defensa de la tierra, la vida y el territorio”, contra la industria extractiva, y para impedir que la Gendarmería Ambiental entre a sus poblados.

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Premios Garfio a empresas y gobiernos infames

A 700 kilómetos del ejido Amador Hernández, en el turístico puerto de Cancún, Quintana Roo, un gigantón con capa roja y garfio recorrió este viernes las plenarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, donde representantes de 196 países definen el futuro de las formas de vida en la tierra.

El pirata con parche en el ojo anunció los satíricos premios “Capitán Garfio” para peores prácticas en el cuidado de la naturaleza. Los ganadores fueron calificados por un grupo de ambientalistas que organiza la burlesca premiación. Todo paralelo al evento oficial de la COP13.

El premio a la empresa bio-pirata más codiciosa fue compartido por Coca Cola y la compañía de cosméticos Clarins.

La refresquera, por usar stevia para endulzar uno de sus productos y prácticamente apropiarse de la planta que los indígenas guaraníes de la cuenca del amazonas han usado ancestralmente. A pesar de que un grupo de guaraníes se organizó y reclamaron los beneficios, la compañía se negó a hacer cualquier negociación.

En Francia, la compañía de cosméticos por patentar el uso de la harungana, un árbol de los pueblos de África, para hacer una crema de rejuvenecimiento de la piel que ha sido uno de los productos más exitosos en la industria cosmética. Clarins recolectores les paga 2 dólares por un kilo de hojas secas, pero vende el ingrediente activo en 7 mil dólares el kilo.

El capitán Garfio, representado por Jim Thomas, de ETC Group, otorgó el premio a la piratería digital a la empresa Divseek, por dar libre acceso para todo consorcio que pueda pagarlo las secuencias genéticas de varias especies, sin que los pueblos que las han cultivado sepan de ello.

El premio del peor comportamiento de un gobierno fue para Canadá. Garfio dijo que Canadá se lo ganó con creces, por su empeño en que no se dijera nada de las secuencias digitales en los documentos de decisión de la COP 13, y porque en esta convención anunció que invertirá 30 millones de dólares para digitalizar sus colecciones biológicas.

El premio dos caras fue para la delegación de Brasil.

Pero los ambientalistas también reconocieron los esfuerzos de las resistencias con los premios COG, como como se hacían llamar unos pequeños buques que en alta mar hacían frente a los barcos piratas.

Y este año, los premios COG fueron para el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, organización que defendió contra todo su territorio contra la soya transgénica. Y para el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, por su sentencia en favor de la prohibición total del maíz transgénico.

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