Autoridades judiciales revocaron el permiso ambiental ante la multiplicidad de pruebas científicas y legales que anticipan el daño que provocarán las instalaciones de PAPO, una aparcera de Kekén que busca explotar una factoría de 49 mil cerdos, y perteneciente a Grupo SIPSE, una de las empresas de medios más poderosas de Yucatán