Pobladores shipibos afirman que, por el agua contaminada, aún sufren enfermedades y sus chacras no producen. El contrato establecía que la empresa Maple Gas debía cumplir con leyes de protección al medioambiente, pero dejó todo en abandono. Mongabay Latam llegó a las dos comunidades nativas, situadas a orillas del río Ucayali, y recogió las denuncias de sus habitantes sobre el grave impacto ambiental

Texto y fotos: Enrique Vera / Mongabay / ManchadosXElPetroleo

PERÚ.- Sobre la rejilla de fierro humeante, seis carachamas están a punto alcanzar su punto de cocción. Hilda Rodríguez mueve la leña y atiza el fuego en cuclillas. A ratos da vuelta a los inguiris —plátano verde de la Amazonía— que también asa al lado de una olla con huevos en hervor. Los seis pescados, de aspecto negruzco y cola delgada, son todo lo que el hermano de Hilda ha podido atrapar durante la mañana en la quebrada Cachiyacu. Este será su almuerzo y el de sus familias. Todos son del pueblo indígena shipibo conibo, y esta calurosa tarde de marzo se han reunido en la comunidad nativa Canaán de Cachiyacu, región Loreto, selva oriental del Perú.

—¿Ha probado la carachama asada?— me preguntan.

—Sí, claro— contesto.

—Antes el olor a petróleo era más fuerte cuando la cocinábamos. Ahora ya no tanto— dice Hilda mientras hace crujir con sus pasos el piso de tablones de la casa de su hermano.

Él le da un primer mordisco a su pescado, frunce el ceño y afirma que el sabor a metal tampoco ha desaparecido del todo. Y siente que aún pasa lo mismo con los sábalos, bocachicos y todo lo que preparan con el agua de la quebrada.

Siete horas de viaje en deslizador por el río Ucayali separan a la ciudad de Pucallpa (Ucayali) del distrito de Contamana (Loreto). Para llegar a Canaán de Cachiyacu hay que partir del puerto de Contamana y recorrer el mismo río otros 25 minutos en bote a motor. Las casas de unas 150 familias de artesanos, pescadores y agricultores shipibo conibo empiezan desde la orilla del Ucayali y se esparcen sobre una enorme loma boscosa. Son construcciones de madera que tienen luz eléctrica las 24 horas pero no servicio de agua potable. Por eso, los comuneros han recurrido siempre a las aguas de la quebrada Cachiyacu, un afluente del río Ucayali que cruza este pueblo shipibo; y que si bien ha sido su fuente de vida, también lo ha ido minando.

A través de la quebrada Cachiyacu, narran los comuneros, llegaba al pueblo el crudo que se desbordaba durante las operaciones de extracción en el lote petrolero 31-B. Los efectos de esta contaminación, aseguran, golpean hasta hoy a más de mil shipibos conibos.

El trayecto del crudo

Hace más de 60 años la empresa nacional Petroperú inició la explotación de crudo en el campo de Maquía, donde está situado el lote 31-B que abarca 62.500 hectáreas. Dentro de ese territorio ancestral indígena, la comunidad nativa Canaán de Cachiyacu obtuvo su título de propiedad para 1.155 hectáreas, en diciembre de 1975. De acuerdo con un análisis realizado por la alianza periodística ManchadosXelPetróleo, toda la extensión de la comunidad se superpone con una parte del lote petrolero. En 1994, la empresa norteamericana Maple Gas Corporation del Perú firmó un contrato de licencia con Perupetro hasta marzo de 2024, y asumió la explotación del lote 31-B. A mediados del 2018, Maple Gas dejó de realizar sus actividades de producción y, debido a una serie de incumplimientos de la compañía, Perupetro resolvió el contrato en febrero de 2019, así lo confirmó a Mongabay Latam la empresa estatal peruana.

La base de operaciones de Maple Gas, en el campo de Maquía, no está dentro del territorio titulado de Canaán de Cachiyacu, lo cual sí ocurre con nueve de los 26 pozos de extracción que manejaba la empresa. Es en esta zona, a una hora de camino selva adentro desde el centro del pueblo, donde la comunidad reportaba los derrames de petróleo. Un tramo del ducto para el transporte del crudo y de la carretera que llega hasta el campo de Pacaya, donde Maple Gas operaba el lote petrolero 31-E, también están sobre territorio de la comunidad.

Canaán de Cachiyacu es uno de los 24 pueblos shipibos, yines, asháninkas y kukamas que son parte de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu). Además de Canaán de Cachiyacu, Nuevo Sucre y, en menor magnitud, Libertador estuvieron en área de influencia petrolera. Las operaciones de extracción han marcado la vida de sus habitantes.

Desde la canoa que nos interna por la quebrada Cachiyacu, Joel Pezo, exteniente gobernador de Canaán, señala una cocha donde, años atrás, los pescadores del pueblo terminaban faenas con una especie de vaselina oscura untada en sus cuerpos. Por esos días, dice Pezo, nadie en la comunidad tenía claro que aquello era petróleo adherido a la piel y la causa de las comezones y ardores que les quedaban a los shipibos durante varios días. En medio del ramaje que escolta a la quebrada, Pezo también recuerda cuando los comuneros esperaban a que los catalanes se lanzaran en picada hacia la cocha, pues sabían que estas aves cazadoras de peces ya no iban a poder volar y ahí mismo morirían.

“Nosotros sacábamos esos pájaros, los asábamos y así los comíamos. No teníamos conocimiento de nada”, dice con una media sonrisa que más parece de resignación.

Al lado de Joel Pezo, el ex jefe de Canaán de Cachiyacu Humberto Sánchez intenta separar los enormes troncos que impiden el curso de la canoa. Es un sector de la quebrada donde las chacras y bosques de los bordes fueron cediendo en periodos de crecida del caudal. Las tierras de este lugar, explica el exlíder comunal, han quedado improductivas con el agua contaminada que se filtraba desde la quebrada, o que era utilizada por los comuneros shipibos para el riego de sus sembríos. “Por toda esta contaminación algunas personas han muerto, pero antes no sabíamos por qué”, relata. Joel Pezo precisa que los médicos que a veces visitaban Canáan de Cachiyacu nunca les realizaron análisis clínicos, pese a que los comuneros acusaban siempre enfermedades estomacales.

“Ahora mismo desconocemos si estamos mal o qué enfermedad tenemos”, indica a Mongabay Latam.

El motor de la canoa empieza a detenerse cuando el exjefe de Canaán advierte que hemos llegado al punto donde el ducto cruza la quebrada, y luego toda la comunidad. La tubería de acero corroído tiene unos 15 centímetros de diámetro y está sostenida por sogas de metal trenzado. Pero por el peso y la falta de mantenimiento, un extremo ha quedado casi rozando el agua de la quebrada. Visto desde lejos, parece una tranquera de seguridad para los botes con rumbo cercano al campo de Maquía. Los pobladores shipibos de Canaán no están seguros si hubo alguna fisura en este ducto que haya generado algún derrame. Lo que sí llegaron a identificar, y claramente, es que los pozos de Maple Gas desbordaban petróleo hacia una quebradita, conocida como Tubocaño, y de ahí a la quebrada Cachiyacu que desemboca en el río Ucayali.

Humberto Sánchez seca el sudor de su frente y apoya el cuerpo en la tubería para impulsar la canoa detenida. Esta temporada de lluvias en la selva peruana le hace pensar que la contaminación puede haber prendido de nuevo en la quebrada, en los pescados que consumen las familias, en sus organismos. Lo dice mientras observa el agua marrón que de nuevo el bote corta en su recorrido. Cuando llueve, explica, los pozos abandonados se llenan y residuos de petróleo rebalsan hacia la quebrada. Aún sin una empresa operando en la zona, la contaminación en Canaán de Cachiyacu persiste.

Las batallas de Canaán

La primera vez que alguien expuso el problema de Canaán de Cachiyacu a causa del petróleo ocurrió en 2003. Fue el entonces teniente gobernador de la comunidad, Joel Pezo, durante un taller organizado por la Feconbu. Pezo, hoy un artesano y pescador de 63 años, cuenta que llevó a la reunión dos pomos con agua de la quebrada en los que era evidente la presencia de petróleo. “Era la misma contaminación que hasta ahora no podemos solucionar”, lamenta. Aquel episodio derivó en una serie de reclamos a Maple Gas por las enfermedades que los comuneros atribuían a los derrames de crudo en la quebrada. También, por la falta de oportunidades laborales de la empresa para los pobladores shipibos.

“Les hablábamos sobre nuestra falta de agua, pero siempre respondían que esa era tarea del Estado”, señala Humberto Sánchez, quien fue apu de la comunidad al inicio de la lucha indígena.

Un estudio elaborado por la ONG Earthrights International arrojó que Maple Gas era responsable por la contaminación del agua y ambiente en Canaán de Cachiyacu. El informe consignó además que la empresa había construido ahí una carretera de seis metros de ancho sin realizar un proceso de consulta previa a la población. Las protestas, al amparo del análisis hecho por Earthrights International, obligaron a que Maple Gas se comprometa a ayudar al pueblo shipibo, pero esto no llegó a concretarse. La crisis estalló el 8 de julio de 2005 cuando decenas de comuneros tomaron y paralizaron por 24 horas los nueve pozos de la empresa enclavados en el territorio de Canaán de Cachiyacu. Diez días después, todavía sin soluciones a sus reclamos, la medida de fuerza fue reanudada, y esta vez se alargó por una semana. El 25 de julio de 2005 Maple Gas y la dirigencia comunal firmaron un acuerdo.

Vladimir Pinto, coordinador en Perú de la organización internacional Amazon Watch, fue el asesor legal de la comunidad nativa durante el conflicto con la empresa. Como parte de la ONG Racimos de Ungurahui, Pinto explicó a Maple Gas que Canaán de Cachiyacu tenía derechos territoriales preexistentes a su titulación. Y que por ello no se pretendía anular la presencia del lote petrolero, pero sí establecer un reclamo de compensación por el uso de la tierra. Además por el impacto ambiental causado aunque, según detalla el abogado, la petrolera se cuidó mucho de no hablar de “daños ambientales” dentro de las negociaciones.

En el acta suscrita, la comunidad propuso que la compensación incluya los 10 años que, para aquella fecha (julio del 2005), Maple Gas venía operando, y que la indemnización sea pagada hasta cuando termine el contrato de explotación. Los representantes de la compañía —de acuerdo con el convenio firmado— dijeron que eran respetuosos de la legalidad y que estaban dispuestos a cumplir todas sus obligaciones. Perupetro informó que en enero de 2007 Maple Gas empezó abonando una indemnización anual de US$9.436 a Canaán de Cachiyacu. El monto fue variando con el paso del tiempo.

“Se trató de un caso emblemático. Como conflicto social fue el primero donde se puso en agenda el tema de la compensación por el uso del territorio”, declara Vladimir Pinto para este reportaje.

Javier Macedo, un profesor de matemáticas que cumple su segundo periodo como presidente de la Feconbu, narra que fueron casi tres años de lucha para alcanzar los acuerdos y hacer prevalecer los derechos de la comunidad. Un día de agosto del 2018, cuando manejaba su moto cerca del aeropuerto de Contamana, vio escritorios y congeladoras de la empresa que estaban siendo apilados en la calle. En ese momento, Macedo se enteró que Maple Gas había dejado en silencio las operaciones en el lote 31-B. Joel Pezo acusa que la compañía no ejecutó un plan de abandono que incluyera la remediación de daños en el pueblo shipibo. Esto pese a que el contrato de licencia contemplaba el cumplimiento estricto de las leyes de protección al medioambiente. Para la fecha en que se retiró de Canaán de Cachiyacu, indica el ex teniente gobernador, la petrolera debía dos años de compensaciones por el uso del territorio: 2017 y 2018. Conforme con Perupetro, el último pago de la empresa a la comunidad fue por S/52.601, en 2016. 

Según un reporte de procesos sancionadores a Maple Gas que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitió a la alianza periodística ManchadosXelPetróleo, de julio del 2011 a julio del 2021, hubo al menos 37 eventos por los cuales se iniciaron supervisiones en los lotes 31-B y 31-E. De estos 37 casos, entre los que figuran incumplimientos del compromiso ambiental de la empresa o falta de previsión para evitar derrames de crudo, en 20 el OEFA halló responsabilidad administrativa e impuso medidas correctivas. Para 12 estableció multas que suman un total de 400.49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El valor actual de una UIT es de S/4600, por lo que el monto total asciende aproximadamente a S/ 1 840 000 (alrededor de US$ 511 mil).

En cuanto al lote petrolero 31-B, el OEFA aplicó dos multas dentro del referido periodo. La más alta, de 90.7 UIT, fue debido a los daños en flora y fauna que Maple Gas generó al no haber adoptado medidas preventivas para sus trabajos de explotación. Además, por no presentar el plan de abandono de sus instalaciones e infraestructura; y por haber almacenado residuos químicos en contenedores no apropiados, en lugares sin techo y sin sistema de drenaje.

Aunque se trató de un breve periodo, Joel Pezo fue jefe de Canaán de Cachiyacu en 2018. Él asegura que durante su gestión promovió reuniones en la Defensoría del Pueblo de Pucallpa con Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, despacho que debía velar por el cumplimiento de los acuerdos, para saber quién se iba a hacer cargo de indemnizar a la comunidad tras el retiro de la petrolera. Nada ha llegado a esclarecerse.

—¿Cree que nos merecemos esto?, me consulta, y agita una copia maltrecha de los acuerdos que no terminaron de cumplirse.

—No. Y se fueron como si nunca hubiera pasado nada, se responde él mismo.

Otras manchas del petróleo

En el local principal de Nuevo Sucre, unos 50 comuneros shipibos deciden sus actividades de aniversario: un desfile escolar, una celebración con baile, un torneo de fútbol en la cancha del pueblo que es algo así como su plaza central. Es sábado 5 de marzo y en 17 días más esta comunidad nativa habrá cumplido 48 años desde que obtuvo su titulación para 2123 hectáreas. En casi medio siglo, Nuevo Sucre solo ha conseguido tener luz eléctrica a través de un grupo electrógeno que donó el Estado, y agua por un tanque que construyó la misma población. Ambas fuentes de abastecimiento, explica la comunidad, funcionan con petróleo que los comuneros han tenido que comprar siempre, aun cuando por casi 22 años la petrolera Maple Gas operó cerca y dentro de su territorio.

“El bombeo de agua a toda la comunidad da para tres días, luego debemos comprar más petróleo”, indica Jackson Carbajal, el joven jefe de Nuevo Sucre que ha hecho un alto a la reunión. La tarea de colectar dinero es muy complicada, detalla bajo un techo de palos que lo protege del sol, pues no todos los comuneros tienen la posibilidad de aportar dos veces por semana. Y en casos de alto consumo, tres.

Nuevo Sucre queda a 15 minutos en bote a motor de Canaán de Cachiyacu, pero estos dos pueblos tienen una historia muy similar. Petroperú tenía a cargo la explotación de petróleo en el campo de Pacaya, zona donde el lote 31-E ocupa más de 141 000 hectáreas. El territorio indígena titulado para Nuevo Sucre, en 1974, está dentro de la extensión del lote petrolero. El análisis hecho por la alianza periodística confirmó que la superposición entre ambas áreas es total. Desde marzo de 2001, Maple Gas tomó las operaciones en el lote 31-E luego de firmar un contrato de licencia con Perupetro.

Del local comunal de Nuevo Sucre hay que caminar al menos cinco horas por una trocha que traza el monte para llegar a la base de Maple Gas correspondiente al campo de Pacaya. Hasta hace cinco años, el vicepresidente de la comunidad, Gilbert Tuesta, recorría estos 23 kilómetros de distancia cada lunes y jueves cuando trabajaba en la petrolera como inspector de tubería. Tuesta era el encargado de supervisar y reportar si el ducto para el transporte del crudo tenía algún desperfecto que ocasionaba derrames. Debía verificar además el buen funcionamiento de la carretera que viene desde el campo de Maquía. La base y los pozos de Maple Gas, hoy abandonados en el campo de Pacaya, no están dentro del área de Nuevo Sucre, pero sí el ducto y la vía de seis metros de ancho.

A diferencia de Canaán de Cachiyacu, todos los derrames que han afectado a Nuevo Sucre se originaron por roturas en la tubería. Jackson Carbajal explica esto mientras apunta a lo lejos para describir cómo la contaminación llegaba por las tres quebradas que envuelven a su pueblo: Mashiria, Yarinillo y Yarina. Los comuneros shipibos de Nuevo Sucre estiman que en un día de pesca recorriendo las tres quebradas podían llevarse a casa entre 20 y 30 kilos de sábalos, bagres y doncellas. Pero desde que Maple Gas empezó a operar, y aún ahora que la empresa ya se retiró, suelen terminar sus jornadas sin atrapar un solo pez. “Las quebradas eran nuestro mercado. Había de todo. Hoy ya nada es como antes”, anota el jefe de la comunidad.

Quebradas oscuras

A unos 50 metros del centro del pueblo hay un declive de tierra que da acceso a la quebrada Yarinillo. Ronald Bartra, un agricultor shipibo que trabajó hasta el 2014 en Maple Gas, señala que esta y las otras dos quebradas están en un periodo de rebalse característico del invierno selvático. “Por eso se aprecia mejor cómo la contaminación ha dejado el agua turbia”, relata. Cerca de la quebrada Yarinillo están los cultivos de plátano y arroz de Bartra y los del vicepresidente Gilbert Tuesta. Como ellos, todos los agricultores de Nuevo Sucre deben coger en baldes el agua de las quebradas para regar sus sembríos. El pueblo no tiene instalado ningún sistema para ello. Ambos reconocen que el trabajo de riego con el agua contaminada de las quebradas ha ido afectando de a pocos las tierras de cultivo.

“Sigue el daño. Los suelos han quedado mal y ya casi no producen”, agrega Javier Macedo, el presidente de la Feconbu, frente a la escuela primaria de Nuevo Sucre, la única en este pueblo.

El 13 de enero del 2009, la quebrada Mashiría registró el primero de los tres graves derrames de crudo que sufrió la comunidad nativa aquel año. Fue a partir de una fractura en el ducto. Ronald Bartra indica que el agua se oscureció de pronto y ocasionó la muerte de peces y diversos animales que salían del bosque para beber en la quebrada. Apenas once días después de aquel derrame, en medio del impacto que aún perturbaba a la comunidad, una nueva rotura en la tubería provocó que otra cantidad de petróleo discurriera por la quebrada Yarinillo.

De las quebradas Mashiría y Yarinillo la población acostumbraba a proveerse de agua para sus alimentos. Pero debido a la contaminación generada en enero del 2009, detalla Bartra, todos en el pueblo pasaron cuatro meses sin acercarse a ambos sectores. El 8 de abril del mismo año ocurrió en la quebrada Yarina otro derrame. Todos los derrames quedaron descritos en una carta que la comunidad de Nuevo Sucre envió a la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional, que tenía a Maple entre sus empresas financiadas.

Los perjuicios atribuidos a la petrolera en el campo y quebradas de Nuevo Sucre empujaron a que sus habitantes emprendan una serie de reclamos. Con ello, en abril de 2008, la petrolera acordó realizar en adelante el pago de compensaciones por el uso del territorio comunal. Los abonos empezaron siendo de S/18 526 (US$6505). Gilbert Tuesta sostiene que para el 2018 el pago ascendía a S/21 mil (US$6505), de acuerdo con el cambio del dólar para aquel año. No obstante, asegura el vicepresidente comunal, el impacto ambiental que la empresa ya había generado en el pueblo shipibo era de proporciones incalculables.

El informe de procedimientos sancionadores enviado por el OEFA a la alianza periodística registra 10 multas contra Maple Gas asociadas con sus actividades de explotación en el lote 31-E. Entre otras causas, las sanciones son por incumplimiento de sus compromisos ambientales o no presentar monitoreos sobre la calidad de aire y agua potable. La multa más alta, de 82.8 UIT, le fue impuesta a la petrolera por no prevenir la erosión del ducto que ocasionó otro derrame, hacia abril de 2015, en la quebrada Yarina.

Así como en Canaán de Cachiyacu, los comuneros de Nuevo Sucre afirman que Maple Gas tampoco ejecutó un plan de remediación de daños cuando dejó sus operaciones en el lote 31-E, en junio de 2018. Perupetro precisó para este reportaje que Maple Gas pagó las compensaciones por el uso del territorio comunal solo hasta el 2017. En marzo de 2019 fue resuelto el contrato de licencia que debía extenderse hasta marzo de 2031.

La empresa estatal a cargo de suscribir contratos para la explotación de hidrocarburos comunicó a Mongabay Latam que Maple Gas se declaró en quiebra y que, por ello, es responsable del estado en que dejó los lotes, una situación de abandono que Perupetro inspeccionó antes de resolver los vínculos contractuales con la firma norteamericana.

“Nos dejaron mal en todo”, lamenta Jackson Carbajal, el joven líder de apariencia frágil pero postura firme. Echa un resoplido, dice que confía en que Nuevo Sucre va a mejorar y se despide. Debe volver a los preparativos del aniversario.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Maple Gas pero la empresa figura ya en liquidación. En febrero de 2019 se publicó la situación de procedimiento concursal ordinario que inició ante Indecopi. Perupetro puntualizó que en la fecha que se instaló la Junta General de Acreedores, Maple Gas mantenía deudas por más de S/220 millones con diferentes acreedores.