Libre determinación y autonomía son dos pilares clave de la estrategia para alcanzar la autonomía que vienen impulsando las comunidades en la Península. Más de 35 pueblos confluyeron en un encuentro reciente donde compartieron experiencias y la decisión de construir un bloque de resistencia común ante el avance de los mega proyectos

Texto: Patricio Eleisegui

Fotos: Maricarmen Sordo

YUCATÁN. – Dos días que fueron mucho más que un lapso recortado del mapa de resistencias que se multiplican en el territorio. Dos jornadas que albergaron voces tan diversas como cercanas, coincidentes a partir de la reciprocidad y la certeza de que los desafíos que ya se corporizan en el horizonte sólo pueden afrontarse desde lo colectivo. Ocurrió en Ticul, en el estado de Yucatán, aunque la premisa de fondo fue y sigue siendo que, aunado, todo el territorio maya resuene a las distintas vertientes de lucha que hoy riegan la Península. El fruto de este primer encuentro, esculpido por las voces de integrantes de más de 35 comunidades indígenas de la región, redundó en la construcción de un espacio autoconvocado de escucha y reflexión de las problemáticas, los desafíos y las batallas por el buen vivir que afrontan o encarnan las poblaciones del sureste.

No sólo los pueblos de Yucatán dijeron presente en este intercambio inédito al que también asistió Pie de Página. La actividad contó, además, con la presencia de pobladores de Oaxaca y Michoacán, aspecto que debe asumirse como una señal de sintonía y entendimiento entre comunidades que excede a cualquier límite geográfico o administrativo.

Promovido por, justamente, el colectivo Comunidades por la Autonomía, el encuentro –concretado durante el fin de semana del 23 de marzo– sirvió para intercambiar criterios respecto de los modos que, ante la proliferación de prácticas extractivistas como el cultivo de transgénicos ilegales, la instalación de mega granjas de cerdos o pollos, la irrupción de constructoras e inmobiliarias o el avance de los actores del turismo masivo, aplican los pueblos indígenas para contrarrestar el atropello a sus derechos.

A partir de mesas, paneles, y diálogos abiertos las comunidades reunidas expusieron las problemáticas que golpean a sus territorios, compartieron reflexiones sobre los desafíos que representan la puesta en marcha de proyectos como el (mal llamado) Tren Maya, y dieron cuenta de los procesos de resistencia que se multiplican en las distintas latitudes del mapa nacional.

La iniciativa dio pie a un espacio de escucha entre pueblos a partir de las experiencias vividas por las distintas comunidades de la región. Y con foco en la autonomía en tanto muralla clave, irrenunciable, asentada sobre la libre determinación y el auto gobierno, frente al avance de los mega proyectos y el extractivismo exacerbado que se propone desde la política y quienes manejan los hilos del esquema económica predominante en México.

En ese contexto, se destacó el ejemplo de comunidades que, en estados como Guerrero u Oaxaca, ejercen su autonomía y la libre determinación que esto garantiza, y se discutió la importancia de leer entrelíneas, y siempre desde una perspectiva crítica, las normativas y postulados legales que hoy dicen resguardar las libertades de los pueblos indígenas. “La ley es una herramienta y también una trampa”, se expuso desde el mismo colectivo.

Sólo el ritual de la comida, momento ineludible que fue humus para la conversación cercana, la construcción de nuevas confianzas y más amistad, puso algo de pausa a un cronograma de exposiciones y comentarios que se desplegó casi sin respiros a lo largo del fin de semana. La intervención de músicos y pintores, comprometidos también con la lucha indígena, añadió oxígeno artístico al clima de coincidencias que predominó en Ticul.

Derechos de quién y para quiénes

En la búsqueda del respeto cabal de sus derechos, las comunidades hablaron del daño provocado por los partidos políticos nacionales en los procesos sociales que atraviesan a cada territorio, las prácticas cuanto menos polémicas de organizaciones no gubernamentales externas que, también se forma continua, se acercan a los pueblos indígenas bajo la bandera de la asistencia presuntamente desinteresada, y la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de organización y desarrollo de formas de gobierno. Desde la perspectiva de frenar las prácticas de desarticulación que afectan a los procesos comunitarios.

“Lo más importante en nuestras comunidades es organizarnos y hacer nuestras propias leyes. Cuando decimos esto, hablamos de generar leyes a nivel comunitario para ponerles a cada una esto que significa ser pueblo. En cuanto a las leyes que ya hay, no nos tenemos que anclar ahí pero sí es importante conocerlas para luego usarlas con el fin de poder ejercer el derecho a hacer, justamente, nuestras propias leyes”, se afirmó en el encuentro.

Los pueblos reunidos pusieron en entredicho, por ejemplo, el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entre otros aspectos establece el requerimiento de la consulta previa, libre e informada a las comunidades, o los aspectos que conforman el artículo 2 de la constitución mexicana y su referencia a la autonomía de las poblaciones indígenas.

“El artículo 2° incluye una lista de ocho derechos. ¿Dónde está la trampa? En que se reconoce a las comunidades como entidades de interés público. Esto significa que no podemos tomar decisiones propias porque alguien luego tiene que venir a avalar esas mismas decisiones. Te condicionan. Que nuestros pueblos hagan sus leyes está condicionado a que luego te las tengan que reconocer”, expuso el integrante de una de las asambleas mayas consolidadas en Yucatán.

“La ampliamente mencionada reforma constitucional en materia de derechos indígenas impulsada por el presidente López Obrador es solo un instrumento de promoción electoral, la cual, además de ser nuevamente una trampa para los pueblos indígenas, de llevarse a cabo no tendrá mayor relevancia en términos reales”, agregó.

Para enseguida resaltar la “gravedad del intento del INPI por llevar a cabo un registro de pueblos indígenas, por su carácter racista, excluyente y tendencioso. Además de que continúa con la política asimilacionista del estado mexicano”.

Otra voz dio cuenta de aspectos controversiales extra en lo inherente a las normas aplicadas a las comunidades indígenas en México. “Dicen que tienes derecho a la consulta. Pero luego agregan que, si un empresario privado quiere implementar un proyecto en tu pueblo, bueno, puede hacer la consulta siempre que él la costee. Eso implica que el proyecto ya tiene un reconocimiento legal y que sólo se nos está permitiendo definir cómo queremos que se lleve a cabo. Sólo nos dejan elegir con qué salsa queremos ser comido”, graficó.

A tu turno, un integrante de Comunidades por la Autonomía remarcó que, a un lado de estos procesos irregulares que auspician buena parte de las leyes vigentes a nivel federal y los tratados internacionales que también inciden en México, el ejercicio de la autonomía es una realidad “en comunidades de Guerrero, Oaxaca, donde se vive de esa forma incluso sin estar al tanto del artículo 2° o el convenio 169. Son pueblos que viven a partir de normas propias y ni están enterados o no les importan saber de leyes o reformas”.

“Cada región es particular, distinta, diversa. Hay comunidades como aquí, en la Península, que somos muy adeptas a observar la ley. En este contexto, es importante saber que se puede garantizar el ejercicio de la libre determinación mediante la construcción de la autonomía. La autonomía se trata de organizarnos en nuestras comunidades, de construir y ejercer nuestras propias normas. Pero eso tiene que convertirse en una herramienta jurídica, vinculante, que luego nos servirá para cuando, por ejemplo, lleguen las inmobiliarias u ocurra la mortandad de abejas y tengamos que hacer un juicio. La autonomía debe estar presente en el marco de los derechos indígenas”, amplió.

El peligro de los mega proyectos y la resistencia comunitaria

Desde municipios de Quintana Roo se repasaron las afectaciones derivadas de la expansión del Tren Maya, un trazado que viene afectando desde reservas de agua hasta áreas forestales determinantes para la salud ambiental de la Península, además de promover la ruptura de los vínculos sociales a partir de la turistificación acelerada, el desembarco de grupos del crimen organizado y el estímulo comercial que el mismo ferrocarril propone para actividades depredatorias como el negocio de las porcícolas.

“No es solamente un tren. Y no es maya. Provoca afectaciones sociales y ambientales, es un megaproyecto que ha afectado el acuífero sobre todo en el tramo desde Cancún a Playa del Carmen y Tulum. El acuífero en la Península es uno solo, por lo que eso que afecta a Cancún nos afecta a nosotros. El tren genera polos de desarrollos como las mega granjas porcícolas que están por venir. Uno puede pensar que el tren traerá beneficios al pasar por nuestra comunidad. Pero lo cierto es que lo que llega es una afectación a nivel comunitario. Lo estamos viendo en zonas como Felipe Carrillo Puerto, donde el nivel de delincuencia aumentó a partir de la gente que baja de fuera y la circulación de grupos delincuenciales. Esas son las secuelas que ya ocurren a partir de este proyecto que recién está iniciando”, comentó un portavoz de ese estado.

Integrantes de organizaciones del municipio de José María Morelos, también en Quintana Roo, destacaron la urgencia de actuar de manera coordinada con otros colectivos indígenas para frenar “el terrible despojo de la tierra y la contaminación del agua que estamos viendo. Sólo compartiendo, juntos, vamos a poder salvar nuestra tierra y nuestra identidad”. De esa máxima también se hicieron eco pobladores del municipio de Hopelchén, en la Región de los Chenes, quienes profundizaron en el desastre ambiental que padece esa área de Campeche por efecto de la siembra ilegal de transgénicos de soja y la aplicación irrestricta de agrotóxicos.

“Desde que empezaron a sembrar esa soja en 2011 bajó la población de abejas. Empezamos a verificar ese problema aunque los empresarios decían y dicen que esa soja no afecta, que hasta alimenta a las abejas. Pero en cuanto ponen esos químicos y entran los mecanizados, las abejas mueren. Hacen 6, 7 fumigaciones fuertes entre que siembran y cosechan la soja. Sabemos que eso contamina, además de que la soja es para las granjas de cerdos y pollos”, precisó un vecino de ese municipio.

“Vinimos aquí, a participar de esta reunión, porque sabemos que la autonomía es la mejor manera de vivir para los indígenas. Así podríamos trabajar contentos, sin afectaciones. Vivir haciendo alimento sano, orgánico. Hoy casi no hay miel ni para nuestro consumo. Las abejas mueren y los productores de soja sólo dicen que hay libertad de sembrar lo que ellos quieran”, añadió, dando cuenta de la indefensión que, frente al poder de los terratenientes de los cultivos intensivos, sufren las comunidades mayas de los Chenes por efecto de la voracidad agroindustrial y el acompañamiento que ese modelo recibe de parte de las autoridades políticas campechanas, los organismos de control estatales y federales, y el aparato judicial vigente.

El año electoral que también contamina

En el magma de voces que conformaron el evento no faltaron los testimonios de representantes de poblaciones costeras de municipios como Calkiní, en Campeche, y Tizimín, en Yucatán, quienes ahondaron en cómo la turistificación apunta a resquebrajar el control que los pueblos pueden ejercer sobre sus territorios y la multiplicación que evidencian las amenazas derivadas del negocio inmobiliario.

“Siempre vivimos de la pesca, estamos además en un ecosistema de manglares, flamencos, delfines. Empezamos a tener problemas a partir de que una estación del Tren Maya se construyó cerca de nuestra comunidad. Estamos viendo cómo nos blindamos porque ya el municipio empezó a vender tierras y una zona de salineras. Es una lucha que estamos dando como comunidad porque el municipio ya se puso en contra nuestra”, expresó un vecino de Calkiní.

Por el lado de Tizimín, en tanto, se detallaron acciones que, impulsadas por sus habitantes, prometen tallar fuerte en la planificación a futuro de las comunidades con salida al mar.

“Se estuvo trabajando en un programa de ampliación territorial ecológica en pueblos como El Cuyo. Con el fin de que la comunidad establezca sus propias normas. Se definió como se quieren los hoteles, que las playas ya no se puedan concesionar, cómo se llevará a cabo la ampliación del pueblo. Pero por asuntos políticos eso se trancó y ahora tal vez tengamos que esperar hasta el próximo año para que finalmente se publique en el diario oficial de la federación. Nuestro problema es el abuso que ejercen los partidos políticos y los administradores municipales”, especificaron integrantes de colectivos de ese municipio de Yucatán.

El peso del año electoral, con todo lo que esto implica en términos de desembarco de los candidatos políticos y sus respectivas baterías de promesas y artificios en cada pueblo indígena, combinado con la multiplicación de tentáculos de la que hacen gala los mega proyectos extractivistas y la ampliación del mapa de operaciones que muestra el crimen organizado, son algunos de los tópicos que predominaron en el intercambio de experiencias, saberes y desafíos encarnado por las comunidades que coincidieron en Ticul.

A diferencia de otras propuestas, esta vez los pueblos lograron construir diálogos sin la injerencia de agentes externos. A partir del intercambio enriquecido por la intervención de múltiples voces, también dieron cuenta de un derrotero a seguir con vistas a construir la autonomía en la Península de Yucatán y tomando como muestra las experiencias ya encaminadas en estados como Michoacán. Para ello, en el transcurso de la actividad las comunidades fueron tomando acuerdos en pos de consolidar un nivel de organización capaz de imponerse a las múltiples amenazas que hoy acechan la región.