El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar al “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta