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Estos mayas son dueños de su tierra y están autoempleados. Hace algunos años, descubrieron una ruta eficaz para salir de la pobreza a la que los había condenado el fin de la producción henequenera: conservar su hábitat y promover el turismo ecológico. A pesar de su éxito, el mega desarrollo que impulsa el gobierno federal en el resto del país los alcanzó. La primera amenaza llegó de la mano del “capitalismo verde”, en forma de parques eólicos y solares. La segunda fue menos limpia: granjas de cerdos. Ahora, luchan para no perder sus posesiones, su tranquilidad y un trabajo que les representa dignidad

I. La amenaza de la energía limpia

 

 

SAN CRISANTO, YUCATÁN.- Las paredes de la oficina ejidal son una galería de reconocimientos a la conservación ambiental: el Equator Prize, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2010; el de la Ruta Solidaria del Chocolate (una regatta de veleros trasatlántica), por el esfuerzo de turismo solidario, en 2009; el Arbor Day Award, en 2006; el más reciente, el Energy Globe National Award, en 2015. También está el Premio al Mérito Ecológico que da la Secretaria de Medio Ambiente mexicana (Semarnat) a grupos y organizaciones que realicen acciones, proyectos o programas “con gran impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable de México”.

Aunque no es temporada vacacional, las actividades en la oficina comienzan antes de que amanezca, con un café. Las autoridades nos explican los diferentes proyectos que han llenado de premios sus paredes durante dos décadas: los recorridos por el manglar recuperado por el ejido (construyeron 11 mil metros lineales de canal), las cabañas ecológicas junto al mar, la producción de sal y la plantación de 3 mil árboles de coco a la semana.

El amanecer en esta orilla del caribe es alucinante: hacia un lado la noche con luna brilla sobre el mar; hacia el otro, el sol rojo tiñe las olas de un rosa intenso. Las cabañas están a un par de kilómetros de cualquier civilización.

Hacia adentro del ejido, el recorrido por el manglar dura unos 90 minutos. Los mosquitos aquí son capaces de traspasar la mezclilla para chupar la sangre, pero cualquier ataque parece insignificante ante la plenitud que dejan los espejos del agua traslúcida. Es un paraíso en el norte del estado de Yucatán, a dos horas de camino de la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos, el hábitat natural del flamingo mexicano.

Pero ni la quietud paradisiaca, ni los premios, ni lo bien organizados que están en esta comunidad, ni el éxito de su proyecto productivo son suficientes para impedir la llegada del monstruo que todo lo engulle: el “desarrollo”, que ha llegado a esta región en forma de parques eólicos.

El antropólogo Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, nos muestra en un mapa la ubicación de los 9 parques eólicos y 6 solares que se han autorizado en Yucatán en los últimos años.

Nadie está en contra de la energía renovable, dice el investigador. Lo que no parece tener sentido es que “acabes con miles de hectáreas de selva para instalar un parque solar”, o que “pongas unos aerogeneradores gigantes donde vuelan los flamingos”.

Lo que no parece tener sentido, coincide Xavier Moya, coordinador del programa Reducción de Riesgos de Desastres del PNUD–México, es que sobre un proyecto exitoso de desarrollo comunitario se impongan megaproyectos de desarrollo que no van a dejar ningún beneficio en la comunidad.

Nicolás Puc Gamboa, ex presidente del comisariado ejidal de Santo Crisanto.

Severino Gutiérrez Celis, presidente del comisariado ejidal de Sinanché.

Doroteo Puc Gamboa, responsable de la plantacion de cocos.

José, guía de turistas en el manglar recuperado.

Yucatán ha sido un paraíso ajeno a la guerra que vive el resto del país, en buena medida porque no tiene minas, ni petróleo, ni nada que pudiera ser de interés para la industria extractiva. Su violencia se reduce a la pobreza que dejó en varias regiones del estado el declive de la industria henequenera y la falta de interés de la élite política en los pueblos mayas.

Pero esa tranquilidad se acabó cuando llegaron las nuevas formas del “capitalismo verde” que, en palabras de Silvia Ribeiro, directora para latinoamérica del Grupo ETC, usa la devastación ambiental y la necesidad de generar energías renovables como una “excusa de moda” para invadir territorios indígenas y campesinos, apropiarse de sus bosques para vender bonos de carbono, instalar grandes parques eólicos y solares, y desarrollar lo que llaman “intensificación agropecuaria sustentable”.

¿Qué significa esto? Que los mismos que han provocado el problema ahora venden las soluciones. Y los gobiernos se las compran a precios muy altos.

El patron es más o menos el mismo: las empresas llegan a una comunidad y convencen a ejidatarios individuales de vender o rentar su tierra; primero les ofrecen beneficios sociales: que van a tener escuelas, un buen trabajo en la empresa, que van a dejar de pagar por la energía. Aprovechan las necesidades de la gente y usan palabras que son extrañas a los pueblos, como eólicas o fotovoltáicas. Luego, les ofrecen dinero, y como ultimo recurso vienen las presiones y amenazas; los ejidatarios que se niegan son cercados por las áreas que se van cediendo a las empresas.

Es lo que le ha pasado a Severiano Gutiérrez Celis, comisario ejidal de Sinanché, que ha sido hostigado y perseguido por oponerse a las eólicas. Gutiérrez Celis nos cuenta que él no sabía nada del tema hasta que fue a un taller con el Equipo Indignación.Su ejido, a diferencia de San Crisanto, no tiene un proyecto productivo, por lo que la comunidad está dividida, pues hay quienes ven en la oferta de la empresa una oportunidad de salir de la pobreza.

En buena medida, la suerte de San Crisanto está ligada a la de Sinanché.

Y no son los únicos. A unos 160 kilómetros al sur de San Crisanto, por ejemplo, la empresa Sun Power promueve la construcción de dos parques solares en los municipios de Muna, Ticul y Sacalum. Es uno de los proyectos que surgieron de la subasta de energía eléctrica a largo plazo de 2016 (derivada de la reforma energética de 2013) e incluye la instalación —en una superficie de 767 hectáreas de tierras privadas y ejidales— de un millón 227 mil 200 paneles fotovoltaicos, una subestación eléctrica elevadora, una línea eléctrica de transmisión, una red de caminos, un de conducción de energía y un edificio de operaciones.

El problema es que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, solo para el proyecto más grande (Ticul A), se desmontarán 455 hectáreas de “vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia”.

“El tema de las energías renovables es un tema que nadie se imagina que va a afectar al pueblo, sobre todo estando en las zonas henequeneras muertas, que nadie trabaja”, dice Cristina Muñoz, del equipo Indignación.

“Yo no me puedo oponer nunca a la energía eólica, a lo que me opongo es al modelo económico que eso representa. Es decir, el pueblo debería de tener su generador, su aerogenerador sus páneles solares y que todo el pueblo tenga la luz gratis, pero nada de eso ocurre”.

 

 

 

 

Hasta el momento, en Yucatán están detenidos 6 de los 9 proyectos aprobados por la Secretaria de Energía. Hay otros 9 particulares que siguen funcionando. Foto: Ximena Natera

 

El 13 de enero de este año, más de 20 comunidades mayas de Yucatán formaron la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíimbal para defeder sus territorios de los megaproyectos de energías renovables planeados en el estado.

En la reunion acordaron una estrategia triple: primero, ampliar toda la información possible sobre los proyectos que hay en territorio yucateco; además, la construcción de una página de internet para difundir masivamente la información (http://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal). Y tres: hacer alianzas con otras organizaciones, grupos de académicos y activistas “que están en este mismo caminar”.

Parte de esa estrategia llevó a que en junio, los pueblos mayas ganaran un proceso judicial contra el “Acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán” (ASPY), firmado en 2016 entre los gobernadores de los tres estados de la península (Campeche, Quintana Roo, Yucatán). El acuerdo fue declarado “insubsistente” por un Tribunal de Quintana Roo, que determinó que antes se debe consultar a todos los pueblos de la península.

Pero la amenaza sigue. Y como en otros casos, las empresas alargan los juicios mientras siguen trabajando, con el aval de los gobiernos estatal y federal.

El comunicado de los pueblos sobre la sentencia lo deja claro: “Vemos que quieren venir a imponernos un modelo, según ellos sustentable, pero que no atiende los intereses del pueblo maya (…) Cuando ellos dicen que intensificarán la agricultura de manera sustentable, vemos que significa más sembradíos de monocultivos, con esa soya que promueven, que no se compara con la sustentabilidad de nuestro modelo de milpa maya que nos quieren arrebatar. Cuando dicen que intensificarán la ganadería sustentable, vemos que lo que quieren imponer son mega granjas porcícolas que dañan nuestro modo tradicional de vivir y convivir en armonía con la naturaleza.”







II. Agua sí, cerdos no

HOMÚN, YUCATÁN.- A los 8 mil habitantes de este municipio nadie les avisó del proyecto de “desarrollo” que se traían entre manos un grupo de empresarios y el gobierno estatal. Fue hasta que el periódico de nota roja De Peso publicó la noticia de la instalación de la granja que exportaría carne de cerdo a Asia, que comenzó la alerta.

Homún es un municipio ubicado en el centro del estado, que desde hace algunos años se ha dedicado al ecoturismo, aprovechando los cenotes que forman parte de una reserva natural de la región. En temporadas altas, los habitantes reciben a casi 1000 turistas al día que llegan a bañarse en las cavidades subterráneas que se formaron hace millones de años, cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios.

El desarrollo de cabañas, áreas de campismo y el mantenimiento de los caminos están a cargo de los pobladores. Ellos mismos cuentan que la decisión de invertir en proyectos de ecoturismo sacó a las comunidades de la pobreza en la que les había dejado el fin de las fincas henequeneras.

Así que la noticia de la instalación de una granja porcícola, que había corrido por todo el pueblo, alcanzó al presidente municipal priísta Enríque Echeverría Chang, quien primero se mostró sorprendido, pero con el tiempo y la presión de los habitantes terminó por confesar que el proyecto de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) —una de las nuevas empresas de los dueños de Grupo Sipse, que tiene varios medios de comunicación en el estado— contó con su beneplácito.

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El turismo ecológico en torno a los cenotes ha reactivado la economía del municipio de Homún.
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Desde alguna oficina del gobierno estatal parecía un buen negocio: La idea es hacer un rancho con capacidad para 45 mil puercos. Estas tierras ricas en agua serían el perfecto bebedero de los corrales. Los empleados serían los mayas de la región.

El único problema del proyecto es que los indígenas no quieren cambiar sus trabajos de autoempleo para convertirse en empleados de la empresa porcícola. Tampoco quieren que los cochineros contaminen la tierra en la que viven.

Peor aún, desde 2013, Homún es parte de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, según el decreto del gobierno del estado, que califica la zona como sitio de recarga y que abastece de agua limpia al 60 por ciento de la población de Yucatán

La granja de cerdos que se quiere construir para abastecer de carne a la empresa Kekén está a un kilómeto y medio de los cenotes.

Tras la confesión del alcalde, los pobladores consiguieron otros detalles sobre el proyecto aprobado y descubrieron que el ocultamiento de la granja y los permisos de la empresa PAPO están plagados de irregularidades. Por ejemplo, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente fue hecha por una cirujana dentista.

“¿Usted dejaría que yo le saque una muela?, pues entonces ¿cómo deja que una dentista haga ese estudio?”, pregunta con elocuencia José Clemente May, propietario del centro turístico Santa Cruz, que tiene cenote para niños y cabañas.

Otras irregularidades que encontraron son que el proyecto se inició antes de que se conformara la empresa legalmente y que la presidencia municipal lo aprobó sin consultar al cabildo, ni a los pobladores.

Pero lo que más molestó a los habitantes es que en la MIA se asegura que en Homún no hay indígenas.

 

Este es el terreno donde se proyecta construir la granja porcícola. / Foto: Ximena Natera
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— ¿Qué piensa de que las autoridades digan que en Homún no hay indígenas?

— Nos sentimos molestos, por qué quieren hacer esas palabras, el gobierno, las dependencias. Cómo no vamos a ser (Indígenas) si aquí nació mi papá, mi mamá—, dice el hombre mientas vigila a los bañistas que nadan en el cenote de su propiedad.

Doroteo Hau Cuc, “Don Doro”, es un hombre de 59 años, larguirucho y panzón, moreno, lampiño, de ojos rasgados y nariz marcadamente maya. Usa shorts y sandalias. Dice que el cenote es como un hijo para él, y asegura que si uno guarda silencio cuando está adentro se escuchan conversaciones de los alushes. “Son los espíritus de los antiguos mayas”, dice muy en serio.

Don Doro fue el primer ejidatario en habilitar un cenote para el turismo, en 2006. Aunque cuenta que la primera vez que bajó tenía 13 años, bajó por las raíces de un álamo a petición de su madre, que le pidió que llenara una cubeta con agua. Y bajó, dice, con mucho miedo.

Don Doro explica que la gente grande de la comunidad no está acostumbrada a bajar, porque el mundo subterráneo de los cenotes está lleno de supersticiones.


 







Después de que Don Doro habilitó su cenote para el turismo, Yaxbacaltun, otros 16 ejidatarios con cenotes en sus propiedades siguieron su ejemplo. Con el tiempo se instalaron palapas, tirolesas, restaurantes y cabañas. La economía comenzó a crecer, tanto que los sacó de pobres.

Los jóvenes dejaron de irse a trabajar a una maquiladora, donde las jornadas de trabajo son de 12 horas al día (“es inhumano” dice José May dueño del cenote Santa Cruz) y comenzaron su propio negocio, llevando en bicitaxis a los turistas por la ruta de los cenotes.

“Empezaron 16 y hoy en día son unos 300 dedicados a guiar turistas nacionales y extranjeros, ahora trabajan 6 horas al día y ganan más”, dice José May.

El negocio es próspero. En temporadas de vacaciones entran cada día unas 600 personas, y cada turista, en promedio deja 200 pesos en la comunidad.

José May lo resume sencillo: “los mayas ya no quieren ser asalariados”.

 

Los bicitaxis han permitido a los propietarios de cenotes dar trabajo a los jóvenes de la comunidad. / Foto: Ximena Natera.
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Igual que en San Crisanto, la pregunta nos da vueltas en la cabeza: ¿Por qué, si la comunidad ya tiene un proyecto productivo exitoso, les quieren traer otro que no les va a beneficiar? ¿Quiénes ganan con eso? ¿Qué gana el gobierno?

“Por eso los invitamos a que vengan (a las autoridades), pero no vienen. Los empresarios malean al gobierno, como tienen el dinero corrompen al gobierno”, asegura José May.

Por eso, cuando en junio de 2017 se enteraron de la granja porcícola, comenzaron a organizarse. “Primero nos reunimos los dueños de los cenotes, después los muchachos de las motos. En total somos como 300 familias que vivimos del turismo de los cenotes”, cuenta.

En 15 días detuvieron la obra, “y ahí empezó el problema porque el empresario se amparó, y eso implicaba ya contratar un abogado, pero realmente nadie de nosotros sabía luchar contra el gobierno, nos cerraron las puertas en todos lados hasta que alguien nos dijo: ‘vayan con el equipo Indignación’. Y si, ellos nos atendieron y nos dijeron: “ustedes van a decir qué hacer, nosotros los vamos a orientar y acompañar, pero ustedes tienen que organizarse”.

Así fue como iniciaron su propia consulta, que se programó para el 8 de octubre. Grabaron un audio en una USB y los muchachos en sus bicitaxis recorriendo el pueblo voceando la información sobre la consulta. Prepararon las papeletas con una sola pregunta: “¿Está de acuerdo con que se construya la granja?”

Invitaron a las autoridades, pero solo llegó el alcalde. Llevaron un notario. Al final, la gente salió a votar “Sin tacos ni tortas”.

El resultado fue contundente: 732 votaron por NO, 52 votaron SI y hubo 5 votos nulos. Con ese documento bajo el brazo, realizaron una marcha al palacio de gobierno, en Mérida, y tres meses después, presentaron un amparo que está aún en tribunales.

 

 

 

 

 

La consulta de Homún, organizada por los propios pobladores el 8 de octubre de 2017, puede sentar un procedente jurídico en otras batallas. / Fotos: Robin Canul

 

“Para nosotros el derecho a la consulta es un derecho a la libre determinación”, dice Cristina Muñoz.

Pero la resolución de esta batalla no es sólo un tema de Homún o de Yucatán.

“Yucatán es la reserva hídrica del planeta, no poca cosa. Tenemos algo que se llama un collar de agua dulce, que es como el ojo de agua del planeta, que revienta por el aerolito y hay un reservorio en todo el cinturón Uzamal (...) Y bueno, se logró hacer un convenio y cuando ya es intocable esa zona, lo primero que pasa es que lo mueven (el convenio) y ponen una cochinera que va a llenar de excremento de 40 mil cerdos los cenotes”.

Lo peor, dice, es que no es algo que se necesite. Solo es algo que quieren hacer para acumular más dinero. “Sencillamente es un avasallamiento económico sobre lo que queda. En Yucatán sólo hay sol, así que ya andan tras del sol”.