El Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos llegó con promesas de integración y competitividad. Pero para comunidades como Carrizalillo (Guerrero), El Bajío (Sonora) o las del Río Atenco (Zacatecas), el discurso oficial choca contra una realidad de una década: empresas que incumplen la ley, autoridades que no ejecutan sentencias y territorios que resisten ser la zona de sacrificio de la transición energética