El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil en contra de 11 empresas norteamericanas por el comercio ilícito de armas en territorio nacional y actos de negligencia en las estrategias de comercialización, publicidad y diseño. Actualmente se estima que este tipo de armas han sido utilizadas en múltiples actividades delictivas en contra de activistas, fuerzas públicas y población civil